Todo parece indicar que la  agenda de la Cumbre de las Américas a celebrarse  en la ciudad de Panamá, estará focalizada en temas como el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre EEUU y CUBA y la necesidad de avanzar en el plan de trabajo conjunto de las misiones de ambos países,  la posible declaración del presidente Obama acerca que Venezuela no representa una amenaza para la seguridad del país del norte,  y población, narcotráfico, costos y compensaciones del comercio e intercambio desigual,  la migración  y el cambio climático.

Se espera que el presidente Obama y su homólogo de Venezuela se funden en un abrazo para demostrar que la “metida de pata” de Washington fue una estrategia orientada a sondear el apoyo de los países de la región al gobierno de Nicolás Maduro, que fue evidente al final en el caso de UNASUR y la CELAC, pero que recibió el apoyo de la mayor parte de organizaciones gremiales, campesinas y partidos políticos progresistas de la región e incluso de países denominados democráticos como Colombia. Una posición “gallo gallina” es el caso de Uruguay, al parecer el nuevo miembro de la Alianza del Pacífico.

Los presidentes de la región centroamericana (una de las menos desarrolladas del mundo, donde EEUU ha ensayado de todo para mantener su hegemonía geoestratégica y el control de las economías y recursos naturales por empresas transnacionales denunciadas por la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Alicia Bárcenas de no pagar impuestos y retornar muy poco de lo que la región les ha entregado) han comunicado que asistirán a la Cumbre, incluyendo a Daniel Ortega de Nicaragua. Sin embargo, no comparten un discurso ni una agenda común para ser presentada como bloque regional. La excepción pudiera ser el Plan para la Prosperidad de la Alianza del Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y el Salvador), que requiere de entrada 1,000 millones de dólares para su ejecución pero que los congresistas en Washington no están dispuestos a soltar si los gobiernos no garantizan acciones efectivas para combatir la impunidad, corrupción y violaciones sistemáticas de los derechos humanos.

Un tema no muy visible es la creciente militarización de la región, donde a Honduras de nuevo le toca jugar el papel de portaviones USA. Recientemente,  la Embajada de Estados Unidos ha manifestado el interés de su gobierno por instalar en Honduras una fuerza especial de marines equipada en la base aérea Enrique Soto Cano conocida como Palmerola, con tareas de combate al narcotráfico y  brigadas de apoyo a las comunidades en la construcción de casas,  escuelas, atención en salud y atención  a desastres naturales. Aunque la solicitud ya se hizo al gobierno para que los 250 marines se instalen a partir del mes de junio hasta noviembre de 2015, el Congreso de la República todavía no ha discutido el tema.

Para analistas independientes como Jorge Illescas, debe clarificarse cuáles son las pretensiones del gobierno de EEUU, ya que si piensan construir una nueva base militar paralela a Palmerola, tendrá consecuencias nefastas para el país ya que dicha base se convertirá-por mandato constitucional- en aeropuerto internacional de clase mundial, aunque el presidente Hernández ha reiterado que esta es una base militar de Honduras y los norteamericanos son huéspedes del país. Curiosamente, esto ocurre cuando Rusia ha manifestado su interés por apoyar a Nicaragua en la construcción del Canal Interoceánico y equipar su fuerza aérea con nuevos aviones.

Otro tema no visible es el vencimiento de los periodos de gracia otorgados por el CAFTA-RD a los productores de granos básicos y demás productos sensibles, para que puedan reorganizar y modernizar sus unidades productivas para competir libremente con las importaciones de EEUU donde la mayoría de los productores gozan de un subsidio por parte del Estado. Estos productos sensibles gozan de una protección arancelaria para que la agroindustria local no abuse de las importaciones con arancel cero, ya que primero deben comprar la producción nacional en manos de pequeños productores, unidades agrícolas familiares y grupos y cooperativas de reforma agraria. Hay evidencia que la dependencia alimentaria se ha acentuado en la región después del CAFTA-RD; según cifras de la CEPAL (2014), la dependencia alimentaria de las importaciones creció en la región después de la firma del tratado comercial.

En Honduras, por ejemplo, para el “periodo comparativo de 1990-2000 y 2001-20013, la dependencia en arroz pasó de 48.2% a 88.1%, en frijol de 2.8% a 9.9% y en maíz de 12.1% a 42.6%. Esta es una de las buenaventuras del CAFTA-RD en tanto cada vez más el país se vuelve más dependiente de las importaciones de granos básicos, poniendo en riesgo la producción, seguridad y soberanía alimentaria nacional, afectando la disponibilidad de divisas al destinar mayor recursos para cubrir las importaciones” (Suazo: 2014). Asimismo, la protección de 45% de arancel que se brinda a los productos sensibles no respetan los gobiernos, por lo que la revisión del CAFTA-RD es un clamor de las organizaciones de productores, pero no consideran que sea un tema de agenda prioritario regional.

Finalmente, la cumbre debe abrir un espacio para fortalecer la integración regional horizontal, o sea entre pueblos, organizaciones sociales, países y gobiernos, tal como es   punto de agenda de la CELAC. En Centroamérica los órganos e instrumentos de la integración económica son “cascaron” vacío, pero se espera que Obama se reúna con los presidentes como parte de una agenda solicitada por la dirección ejecutiva del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) para potenciar el comercio, la inversión extranjera, reducción de la pobreza y luchar contra la sequía, desertificación y el hambre.

Los gobiernos de países como Guatemala, Honduras y Panamá miran hacia el norte, pero otros miran hacia el Sur, tal es el caso de Nicaragua, el Salvador y Costa Rica. Hay que aprovechar todos los espacios posibles para combatir los grandes problemas nacionales como la pobreza, desigualdad, la impunidad, corrupción, violaciones de los derechos humanos, la sequía y el hambre, pero también las asimetrías comerciales, la dependencia e inseguridad alimentaria y la creciente pérdida de la soberanía nacional sobre los recursos naturales, biodiversidad y los bienes culturales.

Tegucigalpa, DC, 9 de Abril de 2015