Que dirigentes de los obreros agrícolas del valle de San Quintín, Baja California, tengan que trasladarse al Distrito Federal para destrabar el litigio en que se encuentran con sus patrones, muestra el centralismo acendrado que padece este país, pese a que el discurso oficial postula aquí y más en el extranjero el ejercicio espléndido de una democracia política, lo que aún no conocen los gobernados. Y así persiste la tesis que intenta explicar la creciente conflictividad social sólo como la “industria del reclamo” –que por supuesto existe– y el negocio que implica para algunos.

Centralismo que muestra todo su esplendor cuando para ejercer el elemental derecho de audiencia, en el tercer lustro del siglo XXI, se requiere de los buenos oficios del líder de los diputados del Revolucionario Institucional y hombre fuerte de San Lázaro, para que medie para lograr una cita con el secretario de Gobernación y otra con el titular del Ejecutivo federal.

Sí, leyó usted bien. Para que los obreros en paro que básicamente exigen pasar de un salario diario de 110-130 pesos a 200 pesos por jornada laborada, sean recibidos por Miguel Ángel Osorio, necesitaron de las gestiones de Manlio Fabio Beltrones, lo cual habla bien del sonorense y mal del hidalguense que recibió en mangas de camisa a miles de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y a los que pidió 10 minutos para resolver su pliego petitorio. Minutos que para su fortuna no le dieron, pues un semestre después autoridades y alumnos procesan las soluciones.

Digo que mal no porque me enrede en los juegos sucesorios y pretenda beneficiar al secretario de Hacienda u otro. A ninguno como desde 1970, sino porque a pesar de que Miguel Ángel Mancera recibió a los representantes del movimiento y les ofreció “ser interlocutor ante Gobernación”, el titular de Bucareli los remitió con David Garay, titular de la Unidad de Gobierno.

Y luego se sorprende la elite del funcionariado porque los conflictos sociales se complejizan y sus actores, pero sobre todo los líderes adquieren altos grados de beligerancia, de rijosidad. Como sucede en forma tan comprensible como acaso injustificable en Guerrero con el movimiento que resguardado en la presentación con vida de Los 42, impulsa el boicot a las elecciones del 7 de junio y la renuncia de Enrique Peña Nieto.

Así que para intentar una solución a las legítimas demandas económicas de los 80 mil jornaleros frente al Consejo Agrícola de Baja California, organización que aglutina a los dueños de los ranchos, aparece como indispensable la intervención del señor de Gobernación e incluso del inquilino principal de Los Pinos. Hermoso federalismo éste y bella democracia en la que un conflicto obrero-patronal no puede ser resuelto sin que el tlatoani intervenga.

La existencia “cuando menos de 2 millones de obreros agrícolas”, que viven y trabajan en condiciones infrahumanas, como afirma José Narro Céspedes, es lo que puede explicar la actitud de Beltrones y el abierto apoyo  de Mancera a las demandas obreras, en un medio ayuno de organización sindical desde siempre, y donde el charrismo sindical clásico (CTM, CROM, CROC o CNC) y la abierta venta de contratos de protección por aquellas u otras organizaciones, pueden auspiciar un conflicto social de mayores alcances y riesgos.

De allí que resulte muy oportuno el llamado de dirigentes sociales experimentados a los del Valle de San Quintín en movimiento por sus más elementales derechos, a que “conformen sus propias organizaciones sindicales independientes, alejadas del corporativismo oficialista”. Y de cualquier otro, es necesario subrayar.

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