En las últimas horas de hoy los resultados de los comicios departamentales uruguayos irán confirmando algunas certezas, desmintiendo otras, corroborando o no ciertas hipótesis y posiblemente deparando alguna que otra sorpresa. No me referiré aquí a las perspectivas puntuales de cada caso, ni tampoco abundaré en la trascendencia que para el futuro del país tendría un avance del Frente Amplio (FA) que, además de desearlo, considero indispensable. Sólo daré por ciertas las tendencias generales convergentes publicadas por las cuatro encuestadoras principales, “Factum”, “Cifra”, “Interconsult” y “Equipos”, dejando obviamente de lado a la hilarante “MPC”, caricatura grotesca de la encuestología. Luego del fiasco en los pronósticos de todas estas empresas en las pasadas elecciones nacionales de fin de año, la prudencia y cierta incertidumbre se ha apoderado de ellas subrayando no sólo varios escenarios abiertos, sino inclusive limitaciones en sus fuentes y en sus trabajos de campo. Al punto que el director de “Factum”, el politólogo Oscar Bottinelli, se vio obligado a aclarar en la página de la consultora que “No estamos presentado encuestas, no estamos haciendo pronósticos basados en encuestas, estamos haciendo un análisis de probabilidades de ocurrencia de resultados”.

Prefiero concentrarme en esta columna a reflexionar acerca de lo que está en juego en esta oportunidad, tanto cualitativa como cuantitativamente. Desde el punto de vista cualitativo, el mayor interés e importancia está correctamente concentrado en las elecciones nacionales de las que derivó la conformación actual tanto del poder ejecutivo como del legislativo. Las políticas fundamentales que determinan la suerte del país las conciben e implementan estos poderes. Son además las que convalidaron los principales liderazgos políticos y establecieron las grandes correlaciones de fuerzas intra e interpartidarias. Pero ello no quita el peso de las elecciones departamentales, no sólo las actuales sino en perspectiva, particularmente para el FA. Porque es en los departamentos y fundamentalmente en los municipios en los que se puede establecer una comunicación menos mediatizada o más directa entre los representantes y la ciudadanía. Cuanto más descentralizada se encuentre la gestión, mayores posibilidades habrá de tender ese puente vital para toda izquierda. Es donde las fuerzas progresistas -o al menos las fracciones de ellas que se cuestionan la matriz político-institucional representativa y las posibles manipulaciones que esta matriz permite- pueden acortar las distancias entre dirigentes y dirigidos, empoderando tanto a los ciudadanos como a sí mismas. Las intendencias, las juntas departamentales, las alcaldías y los concejos municipales son también una posible cuna de liderazgos y de transmisión de las demandas y situaciones concretas de las diversas fracciones y estamentos sociales, útiles para conformar programas de gobierno y satisfacerlas. Sin embargo, si la encuesta para Montevideo de “Cifra” sobre el nivel de comprensión de la ciudadanía de esta tercera capa de gobierno guarda correlato con la realidad, el panorama es decepcionante. La misma concluye que, lejos de haber mejorado, empeoró el conocimiento del mecanismo para elegir alcaldes y qué funciones éstos desempeñan. Ante esto, no sólo es preocupante la incapacidad del gobierno para informar a los ciudadanos de algo tan elemental, sino del propio FA que es la única fuerza a la que le resulta fundamental el nivel de politización popular y cuenta además con la adhesión de movimientos sociales con enorme inserción como para educar al respecto.  

Desde una óptica cuantitativa, tampoco es menor la magnitud de cargos en juego. En cada uno de los 19 departamentos se elegirá al intendente y 31 ediles que integrarán la junta departamental. Y desde el 2010, en cada uno de los 112 municipios que componen el país, a un alcalde (que a diferencia del intendente no surge de una postulación directa sino que asume tal cargo el concejal más votado) y 4 concejales mediante dos boletas separadas (departamental y municipal) aunque sin posibilidad de cruce interpartidario. Si mi cuenta no está errada se trata de 1.168 cargos, de los cuales 131 son ejecutivos (y rentados) y 1.037 legislativos o consultivos (y honorarios). Agregándole los suplentes en cada caso, los secretarios, asesores y demás cargos de confianza de las instancias ejecutivas, es razonable decuplicar esa cifra de dirigentes y militantes directamente beneficiados por los resultados. Unos (los más) en términos meramente políticos, y otros tanto políticos como económicos (la minoría que ejerce funciones ejecutivas).

No creo abusar de la herencia hegeliana al afirmar que estas diferencias cuantitativas expresan limitaciones cualitativas. Mientras los legisladores nacionales perciben salarios exorbitantes (del orden de los $125.000 gravados con IRPF más otro tanto por gastos de representación y otros no gravados: unos U$S10.000), los departamentales y municipales en el mejor de los casos recibirán algún viático de tanto en tanto. Son los parias de la política. Surge de aquí que debe descentralizarse también la percepción y empleo de los fondos, y sobre todo, tener como meta procedimientos democráticos y de transparencia que devuelvan a la gente la capacidad de decidir y realizar, para lo cual son fundamentales los segundos y terceros niveles de gobierno.

No son menores tampoco los emolumentos de alcaldes e intendentes (unos $95.000 y  $130.000 respectivamente). Estos “profesionalizados” multiplican entre 9 y 25 veces el salario mínimo nacional según los casos. La recomendación de Mujica de alejarse de la política a aquellos amantes del dinero, ¿no queda impotentizada cuando la política retribuye con cifras a las que sólo puede acceder una ínfima proporción de trabajadores hipercalificados o directamente empresarios? El solo ejemplo de unos pocos dirigentes desprendidos a la par de honestos como los que hubo y hay en el FA –Mujica, De los Santos y otros- ¿lograría repeler a los filodinerarios? Las candidaturas a intendente de acaudalados empresarios como Novick o Antía, ¿expresan sólo su vocación de servicio? He intentado proponer en este espacio alternativas que a la vez no desalienten la incorporación de los mejores cuadros técnicos y profesionales (“Austeridad a la carta o institucionalidad antiburocrática”, 2012 o “Austeridad institucionalizable, 2014) pero implican desactivar estructuralmente el recurso de la política como privilegiada salida laboral.

En estas elecciones se juega la opción entre el FA y una concertación derechista, sea formal o tácita, aunque la pervivencia de la ley de lemas oculte un poco esta disyuntiva de hierro. Su reaparición en este nivel electoral (aunque restringida a 3 candidatos a intendente por partido) permite no sólo que el ganador pueda no ser el candidato más votado, sino sólo el más votado dentro del partido más votado, ayudando a la derecha -que carece de programa común y compromiso de cumplimiento- a disolverse ideológicamente. También le otorga apariencia de autonomía a cada parte constitutiva de la unificación formal o virtual. La potencia política del FA ha producido en la capital el milagro de unir en formal matrimonio –bajo el lema “Partido de la Concertación”- a los dos partidos tradicionales que, además de matarse en el Siglo XIX, se disputaron alternativamente el gobierno durante todo el XX. Ya se habían dado apoyo en los dos últimos ballotages, y en el interior comenzaron hace años a experimentar la asociación informal hasta la promiscuidad actual. Casi mecánicamente, donde las encuestadoras expresan incertidumbre, la convergencia concertadora es un hecho.

El paradigmático caso del departamento de Maldonado lo atestigua. Allí el Partido Colorado y sus candidatos prácticamente se han retirado de la escena, abriéndole paso al Blanco en general y al candidato Antía en particular. Si al partido de la exclusión social ya poco le importaban los enunciados sino mitigar el síndrome de abstinencia de poder político, en estas circunstancias, ni siquiera le importa el enunciador, si con ello recolecta aunque sea algún mendrugo de la repartija. De todos los departamentos sindicados como en disputa por las empresas de opinión, resulta el más significativo no sólo por la importancia  demográfica y económica, sino porque allí se medirá hasta qué punto es posible para una parte de la ciudadanía, la indiferencia por la venalidad del candidato. Espero que el FA pueda contener esta incipiente descomposición ética del electorado, o más bien que la misma no resulte suficientemente mayoritaria. Si a la vez lo logra con Pablo –Yuyo- Pérez como intendente y Carlos Etcheverry como alcalde, lo considero mejor aún, pero hoy es con todo el FA y con todos sus exponentes y candidatos -quienquiera venza- que podrá defenderse Maldonado. Por el contrario, un triunfo de esta sinceridad política concertada resultará sincericida.

Y no habrá otra víctima que la ciudadanía fernandina.

- Emilio Cafassi es Profesor titular e investigador de la Universidad de Buenos Aires, escritor, ex decano.