Lo que sucede con el proyecto minero Tía María en el valle del río Tambo en Arequipa es una radiografía de lo que ha significado el modelo neoliberal en el Perú. La disputa no viene de ahora sino de, por lo menos, 7 años atrás. La persistencia del conflicto no proviene de la presencia de agitadores profesionales, como quieren hacer aparecer los medios concentrados defensores del modelo, sino del continuismo neoliberal (Fujimori-Toledo-García) abrazado por Ollanta Humala en la primera etapa de su gobierno.

Un modelo primario exportador de minerales que produce altas ganancias en un plazo relativamente corto de tiempo, sin cuidado del medio ambiente y con escasos efectos en la creación de empleo, apenas el 3% de la PEA, es lógico que cause el rechazo de la población. En el valle del Tambo la situación es especialmente preocupante porque la población mira lo que ha sucedido al sur, a pocos kilómetros de su comarca, en Moquegua y Tacna, donde la misma empresa que pretende explotar Tía María, la Southern, ha devastado la agricultura en esos lugares.

La pregunta es ¿se puede hacer minería a costa de la agricultura? En principio no. Sin embargo, para definir el dilema hay necesidad de un nuevo ordenamiento territorial en el país. No puede ser que haya provincias enteras que han sido concesionadas a empresas privadas, lo cual prácticamente condena a la población del lugar a la pobreza o a la migración. Esto no significa tener una posición antiminera, el Perú hace siglos que es un país minero, pero esta actividad tiene que realizarse en condiciones de cuidado del medio ambiente, equilibrio con las otras actividades productivas y repartiendo sus ganancias con los gobiernos locales y regionales de los lugares donde realizan sus actividades. Todo esto es perfectamente posible por las altísimas ganancias del negocio minero, a pesar de las crisis y las bajas de precios, que deben también servir para resarcir al país de la explotación de un recurso no renovable.

En Tía María se ha actuado engañando a la población, impidiéndole participar en las audiencias en las que se ha, supuestamente, debatido el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), y por último, no mostrando ningún documento en el que se diga explícitamente de qué forma se han levantado las observaciones del organismo de las Naciones Unidas (UNOPS) que evaluó el primer EIA. Frente a este conjunto de arbitrariedades, cometidas por el Estado en complicidad con la empresa Southern, es que la población protesta y cuando lo hace es brutalmente reprimida. En los últimos años ya cuesta seis vidas de peruanos (cinco pobladores y un policía) la terquedad neoliberal en llevar adelante este proyecto. 

¿Es viable hoy el proyecto Tía María? De ninguna manera, Tía María está muerto y querer llevarlo adelante significaría una masacre. Esperamos algún tino en este gobierno que ya parece no tenerlo, para evitar mayores pérdidas de vidas humanas. La militarización actual (en realidad un Estado de Emergencia no declarado) llevando a las Fuerzas Armadas a asumir tareas que no le competen, no es otra cosa que el fracaso de la política y una aceptación de parte del gobierno de los errores cometidos. A lo sumo pretenden “quedar bien” con la inversión extranjera, especialmente minera, mostrándose enérgicos frente a las protestas. La propia Southern difícilmente va a querer continuar en un clima tan polarizado y enrarecido como el actual.

Pero Tía María no solo señala los límites de un modelo económico, sino también los límites de esta democracia precaria. La propia democracia liberal señala que una de las funciones del régimen político es canalizar los conflictos. Pero es indudable para cualquiera que esta democracia no canaliza los conflictos sino que reprime a los que protestan. 60 muertos, solo en lo que va de los casi cuatro años del gobierno de Humala son una muestra elocuente de ello. Una democracia que no canaliza sino reprime, en función de un modelo económico agotado, se acerca peligrosamente a una tentación autoritaria.

Tía María entonces nos pone frente a la necesidad de redefinir la democracia, tanto su referente económico como su capacidad institucional para que los ciudadanos participen en el mismo. El que casi uno de cada cinco peruanos se debata en la economía informal y por lo tanto en la sobrevivencia, difícilmente forma ciudadanos interesados en el bien común. Hoy, luego de Conga y Tía María, necesitamos otro patrón de crecimiento económico y otra democracia que nos haga viable como país. El próximo año en las elecciones generales del 2016 tenemos la oportunidad de producir un viraje en este sentido.

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