Los resultados de las pasadas elecciones autonómicas y municipales en España marcan un resquebrajamiento de los rígidos y estables dominios de las fuerzas políticas conservadoras, cuya tendencia inició Syriza en Grecia el año pasado. El hecho de que ambos países se disputen los mayores índices de decadencia social, económica y política europea no debiera inducir a pensar que las crisis producen por sí mismas alternativas políticas superadoras o programas emancipatorios. Este placebo intelectual, cuya caricatura es la sentencia “cuanto peor, mejor”, no fue ajeno a parte del pensamiento de izquierdas. Desecharlo no sólo estimula la creatividad para construir opciones de cambio y renovar la política, sino que permite estudiar cada experiencia histórica como por ejemplo las mencionadas con su propia especificidad, sus modelos, ideales y tradiciones, a pesar de que una tiene apenas 10 años y la otra algo más de uno. Pero no surgen de la nada, sino que son producto de la autocrítica y consecuente renovación de usanzas revolucionarias pasadas. La construcción política contrahegemónica no es una tarea exclusiva para momentos de declinación ni se pueden exculpar sus posibles fracasos por el crecimiento de la acumulación de capital. Tampoco puede reducirse a un aparato exclusivamente electoral sino de participación y empoderamiento ciudadano y sobre todo de lucha cotidiana por medios diversos para la obtención de conquistas sociales. Tanto Podemos como Syriza, parecen haberlo comprendido y experimentan en esta dirección, aún con algunas limitaciones propias de su adolescencia organizativa.

Enfatizo la erosión de la política hegemónica precisamente porque los guarismos españoles eximen de toda duda interpretativa. El inveterado bipartidismo anuncia su incipiente derrumbe y si bien ambos polos del mismo retrocedieron para dar lugar a terceras (y cuartas) opciones, la víctima principal es el oficialismo. En las elecciones del 2011, el Partido Popular (PP) liderado por Mariano Rajoy obtuvo mayoría absoluta en 9 comunidades (Madrid, Comunidad Valenciana, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Aragón, Murcia, Castilla-La Mancha y La Rioja). En las recientes, en ninguna. En el mejor de los casos, si logra pactar con el partido Cuidadanos (Cs) conservaría Castilla y León, Murcia y La Rioja donde se acercó a tal mayoría y en Madrid, donde quedó lejos de ella, pero Cs hizo una muy buena elección. De los 3.771 Ayuntamientos (sobre 8.119 totales, el 45,7%) obtenidos en 2011, queda por saberse qué logrará retener habiendo perdido casi 13 puntos o si obtendrá alguna de las grandes ciudades. El PP ha perdido 2,5 millones de votos y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) algo más de 700.000. Pero no sólo Cs es su objeto de seducción.

Como la elección del presidente (de cada una de las 17 regiones y nacionalidades que componen el estado español llamadas comunidades autónomas) es indirecta, la asamblea legislativa lo inviste una vez que obtenga en ella mayoría absoluta. Lo mismo sucede con los alcaldes de las ciudades y pueblos, con la diferencia de que si nadie lograra la mayoría absoluta, será alcalde el concejal que ocupe el primer lugar de la lista del partido más votado. Como en todo régimen parlamentarista, los acuerdos, pactos y compromisos se activan una vez celebrados los comicios y contados los porotos. Entonces se suceden las componendas, los cortejos y las repartijas. Y con ellas se diluyen los programas y se dificulta aún más el control de su cumplimiento. El reglamento es una construcción política diseñada para clausurar aún más cualquier posible lazo entre elector y representante, o dicho en otros términos, para instaurar la irresponsabilidad jurídica del representante. A lo sumo, si la estafa al ciudadano fuera tan grosera como para conmover a sus dirigentes, puede aplicarse una suerte de revocación indirecta si la mayoría absoluta del pleno municipal destituye al alcalde mediante una moción de censura designando en el acto a su sustituto. Impugnar con prácticas alternativas tal reglamentación es una tarea política decisiva. El acuerdo entre el PP y Cs, que a simple vista pareciera tan factible por sus afinidades ideológicas, no resultará nada sencillo si el último sostiene el pliego de condiciones que públicamente le ha puesto al PP, en el que se incluye la firma de un compromiso de cumplimiento de los acuerdos.

Es que Cs, que ha cosechado un importante 7% del total de votos, se presenta como una derecha honesta y recta que cuestiona fuertemente la corrupción y le impone condiciones difíciles de cumplir para un partido bañado en ella. Como no existe en el mundo ningún “partido de la corrupción” porque aún los más corruptos la encubren -o a lo sumo la circunscriben a actos individuales de algunos de sus miembros- habrá que ver hasta qué punto el PP está dispuesto a avanzar institucionalmente con medidas que la desnuden o dificulten tanto como si Cs será consecuente con sus demandas de decencia. Por lo pronto Cs insinúa exigir la separación de sus cargos a los imputados y a quienes falseen el currículum, el rechazo a la aceptación de donaciones de empresas, o a la condonación de la deuda por parte de los bancos, la disminución de los cargos de confianza o limitaciones a la reelección indefinida. Ante estas posibles dificultades, el PP comenzó a mirar un horizonte más lejano, que le permita a la vez lograr complicidad e indulgencia ante la corrupción. Con tal de impedir que Podemos acceda a cualquier cargo electivo, incluso está dispuesto a entregarse a su eterno rival, el PSOE. Su táctica comenzó cuando Esperanza Aguirre ofreció darle nada menos que la alcaldía de Madrid al candidato del PSOE Antonio Carmona, que obtuvo sólo un 15% de los votos (y 9 de 57 ediles), sólo para impedir que Manuela Carmena (candidata de “Ahora Madrid”, la cara local de Podemos, con el 32% y 20 ediles) sea la próxima alcaldesa de la capital española. La táctica capitalina está en vías de nacionalización y en caso de concretarse arrastraría varias comunidades y ciudades importantes, sólo que produciendo un nuevo bipartidismo más sincero y delimitativo, del estilo del que produjo la derecha uruguaya con la reforma constitucional primero y luego con el partido de la concertación en la capital.

Para un partido esclerosado y circunscripto a una maquinaria electoral y de captación de cargos como el PSOE, resulta apetecible el convite. Pero su futuro se vislumbra hipotecado como lo insinúa la captación de electores socialistas de Carmena en Madrid y la propia interna partidaria, ya que algunos de sus sectores, como la Izquierda socialista, plantean una alianza global y extendida con Podemos y otras corrientes de izquierda. Si el PSOE aceptara morder el anzuelo, se quedaría con muchos más cargos ejecutivos que los que su caudal electoral le conferiría, aunque probablemente vaya perdiendo a sus sectores más progresistas y militantes, además de profundizar su declinación. No son muchas sus alternativas y ninguna le asegura supervivencia a largo plazo: o gira a la derecha o lo hace a la izquierda.

Si bien Podemos se propone el objetivo inverso, es decir, impedir que el PP asuma en comunidades y ayuntamientos, el estímulo a los entuertos dependerá del grado de intransigencia con que Podemos plantee sus dos grandes condiciones de acuerdo: la tolerancia cero con la corrupción y la lucha contra los desahucios (desalojos de las viviendas por deudas hipotecarias). Como Podemos no se presentó con su nombre sino que ha abierto candidaturas y realizado diversas alianzas, es la única fuerza cuyo resultado electoral resulta difícil de cuantificar, aunque su influencia será decisiva no sólo en la coyuntura inmediata sino en perspectiva. Por de pronto produjo un revolución en Barcelona con el triunfo de la probada e incansable militante Ada Colau y obtuvo muy buenos resultados en las grandes ciudades cuya capitalización no depende sólo de sí sino del comportamiento del resto de las fuerzas políticas relevantes, todas ellas conservadoras aunque con matices importantes entre sí. Sin duda han sido pilares del desempeño las luchas contra los ajustes y recortes o la denuncia e intolerancia para con la corrupción (que le permiten distanciarse a la vez del PSOE y del emergente Cs), pero fundamentalmente la apuesta al protagonismo ciudadano, la organización por abajo y la movilización que insinúan nuevas relaciones intercomunicativas entre las bases sociales y sus representantes, entre partido, estado y sociedad.

No han sido pocos los llamamientos de Podemos a orientar la mirada hacia América Latina. No le falta razón ante el quietismo político europeo y su tránsito hacia vías de subdesarrollo. Sudamérica, con sus diferencias y desigualdades, viene desarrollando un complejo y sinuoso camino de superación de su atraso. Pero a la vez, la consolidación en el poder de los progresismos latinoamericanos exhibe problemas de distanciamiento, autonomización e incomunicación de sus representantes y direcciones respecto a sus bases, que merecen advertencia y cuidado.

Se impone ahora una mirada mutua.

Emilio Cafassi

Profesor titular e investigador de la Universidad de Buenos Aires, escritor, ex decano. cafassi@sociales.uba.ar

Publicado en la República, 31 de mayo de 2015