Transcurridos 3.7 años, el Estado al fin cumplimentó las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, correspondientes al Informe de Fondo 139/11, que fue del conocimiento del gobierno mexicano en octubre de 2011, por la petición de dos integrantes del Ejército que fueron dados de baja de manera atrabiliaria por ser VIH positivos.

El titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, fue el encargado de pedir una disculpa pública a los soldados con las iniciales de JSCH y MGS, quienes en 1998 y en 2001 fueron despedidos por la Secretaría de la Defensa Nacional por ser portadores del VIH, detectado en análisis realizados en forma ilegal y sin mediar respeto a los derechos laborales y constitucionales, tal como acostumbraban en la última década del siglo XX y a comienzos del XXI, e incluso en la actualidad, aunque en el discurso divisionarios y almirantes rinden culto al derecho humanitario, pero no lo practican en forma suficiente y oportuna, sino hasta que organizaciones de la sociedad civil, de aquí y de la aldea global, logran evidenciarlos.

Resulta alentador que el pedimento de disculpas a víctimas de violaciones a los derechos humanos forme parte del quehacer gubernamental, sería todavía más trascendente que se avanzara a mejor ritmo en la creación del entramado jurídico y cultural que lo haga innecesario.

México respeta las decisiones de la CIDH, y por esa razón, afirmó Osorio el viernes 24, ha cumplido con lo establecido en el Informe de Fondo, entre ello, la realización de este acto público denominado, así como la restitución de los implicados a las fuerzas armadas, el reconocimiento de su pensión en el retiro, la restitución de los salarios caídos durante el tiempo que fueron dados de baja, el acceso a servicios médicos. También reconoció el valor de los militares JSCH y de MGS.

Como bien recordó su abogado Pedro Morales Aché, el acto significa el fin de una etapa de lucha de más de 18 años, en la que muchos integrantes de las fuerzas armadas, sin comprender el por qué una institución a la que le habían dado lealtad, les privaba de continuar sirviéndole, y debían entablar una lucha judicial en su contra en la búsqueda de acceder a la salud  y el alimento. Y su principal mérito fue que dieron la lucha en defensa de los derechos humanos de los integrantes de las fuerzas armadas y lograron su pleno reconocimiento como personas, tras ser “discriminados, estigmatizados, marginados y excluidos”, así como muchos otros soldados y marinos despedidos que decidieron no demandar y menos tuvieron la fortuna de ver estos frutos.

Sin embargo, el reto consiste en saber si este compromiso asumido por el Estado mexicano será respetado por los altos mandos del Ejército, quienes, resaltó Graciela Rodríguez, estuvieron ausentes en el presídium del acto, a pesar de que los hechos discriminatorios fueron cometidos por su personal a sus propios integrantes.

Es oportuno rescatar que fue el reportero Gustavo González López el que destapó el tema en el número 108 de la revista Forum, de febrero de 2002, con el reportaje de portada “Despedidos, los soldados con sida”. Y en las páginas pp.16-19: “Especialistas revelan graves hechos.- Al soldado y marino que se le detecta sida se le da de baja automáticamente. La Sedena y Marina no se andan con contemplaciones; ocultan información. No existen, en la materia, derechos humanos en las Fuerzas Armadas de México”. Usted lo puede consultar por medio de la siguiente liga:

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