El arresto del líder de comunitario y comandante de las fuerzas rurales Cemeí Verdía Zepeda en el poblado de Ostula, municipio de Aquila, en Michoacán, fue producto de una treta de las autoridades federales, incluidas las del Ejército mexicano.

Verdía Zepeda acudió a la plaza a invitación de los militares, quienes habrían de hacer una revisión a las armas de fuego que el gobierno federal le entregó meses atrás cuando decidió incorporarse a las fuerzas rurales, grupo que impulsó el entonces comisionado Alfredo Castillo Cervantes. Fue un engaño.

Al arribar al lugar, aquella mañana del domingo 19 de julio, fue detenido por policías federales, soldados del Ejército mexicano, y policías municipales y estatales, quienes lo acusaron de portar armas de fuego sin autorización para ello. La misma forma en que fue arrestado el doctor José Manuel Mireles el 24 de junio de 2014.

Los pobladores, compañeros de armas quienes han combatido y desterrado a grupos delictivos de aquella región --como los Caballeros Templarios--, se unieron para solicitar la libertad de Verdía, pero lograron lo contrario.

Al poblado ingresaron efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) quienes amedrentaron a los integrantes de las fuerzas comunitarias de los grupos rurales, legalmente constituidos por la federación.

A su paso, los soldados del Ejército mexicano activaron su armas de fuego “al aire” con el claro mensaje de demostrar mayor fuerza de los grupos castrenses. Algunos de los disparos llegaron al interior de un modesto restaurante y de los varios impactos se alojaron en un grupo de niños que ahí se encontraban.

Edilberto Reyes García, de 12 años, perdió la vida casi de manera inmediata tras el balazo que se alojó en su rostro; mientras que otros dos menores, a una semana de distancia de estos hechos, continúan en atención médica.

La actuación del Ejército mexicano queda de nueva cuenta en duda, luego ya que la orden de su comandante supremo, Enrique Peña Nieto, los ha obligado a cumplir tareas de seguridad pública; Pese a las recomendaciones de la Organización de las Nacionales Unidas que advierten que los soldados están preparados para liquidar a sus enemigos; y lo están haciendo.

Lo hicieron en Tlatlaya, estado de México, al aniquilar a 22 civiles, presuntamente delincuentes, pero vencidos según muestran las evidencias de los peritos en el lugar. Lo hicieron en Iguala tras corretear y amedrentar a alumnos de la escuela rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa en vez de protegerlos del ataque de policías municipales que eran objeto.

Lo hizo hace unas semanas al ser testigo de la fuga de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo” mediante el cuartel militar que está ubicado a menos de un kilómetro de la prisión de “alta” seguridad del Altiplano, y a menos de otro kilómetro de la casa donde se presume escapó.

Punto Cero

El gobierno federal y la administración de Eruviel Ávila Villegas en el estado de México han violado la Constitución, tras expropiar --a través de un decreto presidencial-- 38 hectáreas del pueblo otomí de San Francisco Xochicuautla a favor de Grupo Higa.

La legisladora federal Eufrosina Cruz Mendoza expresó que ambos políticos violentan el artículo segundo de la Constitución política, “no han consultado a los dueños originales de la tierra y el agua que son propiedad de los indígenas. El gobierno pretende despojarlos de estas tierras con el pretexto de construir una carretera”.

Por si fuera poco, recordó que en el municipio de Coyotepec tres defensores de los derechos humanos fueron privados de su libertad por orden del gobernador Eruviel Ávila Villegas, se trata de los defensores del agua: Sergio Velázquez Morales, Gerardo Trejo Galván y Vicente Moreno Domínguez.

Exigió a ambos gobiernos liberar de manera inmediata a los activistas y detener las amenazas al Centro de los Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”, entre ellos, su presidente, José Antonio Lara Duque.

José Víctor Rodríguez Nájera

Periodista mexicano

@JoseVictor_Rdz