“Cuando llegó la noche, nadie logró gritar, ni siquiera se escuchó un bramido o algún signo de sufrimiento”, así describe el escritor belga André Adamek “La gran noche”, una novela apocalíptica del imaginario-realista. En su ficción “la noche” es la representación de la podredumbre humana ante una catástrofe atómica. Tiempo después, el sociólogo camerunés Achille Mbembe escribió un ensayo de filosofía política titulado “Salir de la gran noche”, un texto que constituye una denuncia al postcolonialismo en África. En su disertación “la noche” es la penumbra histórica de un continente sometido por intereses europeos y norteamericanos mediante políticas económicas y sociales aberrantes y deshumanizadas. La trilogía nunca fue escrita para Colombia, pero lo sabemos bien, “la noche” habita ya en México. Superando a la ficción y al ensayo, vivimos un nuevo género: el  híper-realismo-surrealista en donde el derecho se antepone a la justicia y a una violencia ilegítima e impune.

La ilegitimidad que utilizan se basa en la disuasión generalizada de nuestra capacidad crítica. Basta con ver las noticias, nada alentadoras, de este fin de semana, y analizar cuál fue la construcción mediática de “la realidad”. Vemos cómo los medios de comunicación en masas siguen enriqueciéndose embebidos por la “gran fuga del Chapo”. Es sin duda una gran veta para explotar las ventas ¿puede existir algo más atractivo para una población a la que la televisión le ha suplantado la capacidad generadora de conciencia, el hecho de que un capo escape de la cárcel por un túnel en una motocicleta?, ¿no es acaso un desenlace liberador que en este país oprimido y maniatado por su ignorancia, un narcotraficante se convierta en el antihéroe admirado que nos reivindica?

El derecho en la antípoda de la justicia

La disuasión mediática que utiliza la clase política pretende ocultar la atención pública de todos los ajustes y recomendaciones estructurales dictados al gobierno mexicano y que éste obedientemente ha cumplido. Las reformas proponen un orden jurídico que atenta contra la justicia social, pero quienes las han impuesto, lejos del desprecio han sido recibidos junto a su séquito como parte de la monarquía.

Tanto en Inglaterra como en Francia, la alcahuetería manifiesta, agradece una oligarquía tan presta a rematar la soberanía nacional incluidos los territorios, bienes y servicios (seguridad, comunicaciones, transporte, suministro de agua potable, pensiones, gestión de desechos, etcétera) en pro de los intereses privados globales.

La información que hasta ahora se conoce sobre la ronda uno para la privatización del petróleo muestra cómo la corrupción y el amiguismo siguen vigentes en la práctica.

La reforma al sistema de salud tema fundamental para los trabajadores, muestra el lado más perverso de la austeridad social que impulsan. Según se informa, se propone suspender la atención dentro del sector público de enfermedades crónico-degenerativas como el cáncer y la diabetes. Esto resulta patético y paradójico dado que el mismo gobierno federal –a través de la Sagarpa y la Semarnat– ha hecho todo lo posible por imponer un modelo de alimentación transnacional y de conservas provenientes de la producción industrial, agro-tóxica y transgénica, que como lo ha denunciado la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad es altamente cancerígeno y dañino para la salud humana y para los ecosistemas.

Aunado a esto, se impulsa una Cruzada contra el Hambre emprendida por la Sedesol, que contiene una bomba diabética para las comunidades beneficiarias, en su mayoría indígenas, y que es promovida por las mismas instancias de gobierno en contubernio con las trasnacionales alimentarias.

En concreto este gobierno pone al derecho positivo en las antípodas de la justicia social, y deja a los ciudadanos como rehenes sin voz ni derechos sociales anhelando cambios a partir de una democracia electoral basada en la pura simulación y sometiendo al grueso de la población a la marginación de los olvidados quienes solo ven posibilidades de supervivencia adhiriéndose a las estructuras de la violencia: ya sean las “formales” dentro del ejército o la policía, o las “informales” dentro del narco y las otras formas de delincuencia. Así las cosas, oprimidos por una clase política que se mimetiza con el crimen organizado, vemos como no cesan de destruir la justicia social o cualquier proyecto de bienestar: primero traicionando a la ciudadanía, luego a la burocracia, posteriormente a sus aliados partidarios (aquellos con los que impusieron sus mayorías legislativas), a los sindicatos, ahora a los propios empresarios e inversionistas, y muy pronto comenzarán las traiciones en su propio seno de poder, tal como sucedió al final del primer sexenio salinista.

Violencia ilegítima e impunidad

¿Queda alguna duda que habitamos una larga noche?, la respuesta la podemos ver en la posición defensiva que toma el Ejecutivo federal frente a las acciones de la Sedena. El ejército ha preferido apostar por su propia “ética”, coludirse con el narco y “abatir a todo aquello que desde su perspectiva sea delincuencia”, subjetividad peligrosa para todos, ya que son ellos quienes deciden qué es lo potencialmente perseguible.

En este contexto, el gobierno actual lanzó –sin dar mayor explicación sobre su contenido– la “Operación Dragón”. Podemos inferir –dadas las evidencias en los casos de Ayotzinapa-Iguala, Tlatlaya, Apatzingan, Encuandureo-Tanhuato– su método: La desaparición forzada, la tortura, las ejecuciones, los escuadrones de la muerte, el paramilitarismo, pero sobre todo y ante todo, la impunidad. La vieja fórmula sigue funcionando: decidir, hostigar, comprar o matar, y posteriormente declarar una verdad histórica que exculpe a quienes “atacan a los malos y por nuestro bien”. El Estado y sus secuaces han usado a la noche como su escudo, no solo por la alevosía ilícita que les da desde un plano estratégico sino como una expresión de su propia oscuridad y del rostro obtuso de un gobierno y sistema político carente de cualquier luminosidad.

Su actividad represiva no paró con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa sino que se ha clonado al estilo de represión de Atenco, ya sea con la desproporcionada violencia contra el magisterio en el famoso “Acapulcazo”; o con el despojo ilegalmente-legalizado del bosque de San Fco. Xochicuatla patrimonio de las comunidades otomíes del Estado de México; o mediante el solapamiento de la violencia paramilitarizada a través de megaproyectos en los territorios yaquis; o en la imposición de una autopista sobre la laguna del Suyul en Banavil; o con el hostigamiento en el ejido Tila y el intento de apropiación de la cascada de Agua Azul en San Sebastián Bachajón; o contra el Consejo Parroquial y el Padre Marcelo Pérez en Simojovel; o con el acoso paramilitar en las Margaritas, y todavía en Acteal en Chiapas; o con la violencia directa de escuadrones del ejército que gritan “vivas a los templarios” en Michoacán, y que matan a un menor de edad  y hieren a otros tres  en Ostula, para capturar a Semeí Verdía y sumarlo a la lista de presos políticos entre los que se encuentra Nestora Salgado, José Manuel Mireles entre tantos otros.

Actúan ya sin dar explicaciones ante la violencia como su medio y fin, dirigida contra estudiantes y periodistas en Veracruz, contra artistas que defienden el Cerro del Fortín como Francisco Toledo en Oaxaca, contra jornaleros agrícolas oprimidos por las empresas en Baja California, por nombrar algunas. Todo ello sin pasar por alto las ejecuciones de jóvenes en Zacatecas, o el hostigamiento y represión contra cientos de comunidades campesinas de Morelos, Puebla y Tlaxcala que entorpecen el paso de los ductos del Plan Integral Morelos. Solamente este fin de semana del 18 y 19 de julio, mientras el PVEM refrendaba su operación de mega-mapachería en Chiapas se alcanzó la cifra de media centena de normalistas detenidos, sin contar otros cincuenta en Michoacán, ni el hostigamiento militar cotidiano en Tlapa, Tixtla y en general en la sierra de Guerrero.

La gradual centroamericanización

¿Dudará alguien a estas alturas que gobierno y crimen organizado sean cosas diferentes? Desde la planeada operación política para la elección del ejecutivo federal en 2006 y en 2012, el Estado perdió gradualmente la oportunidad de consolidarse como garante de una democracia moderna, intercultural y representativa basada en el cumplimiento de los derechos consagrados con luchas históricas.

Pasó de largo el postergado sueño de construir un México a partir de una política social coherente, justa, equitativa y sustentable. En lugar de ello, los gobernantes en turno han preferido consolidar un estado fallido y mínimo que sea lo suficientemente vulnerable para consolidar el extractivismo, depender de las importaciones y defender las inversiones extranjeras. Frágil en su sustancia democrática pero sólido en su capacidad represiva.

Presto a asegurar el despojo de los territorios han apostado por la nocturnidad. Buscan con ella mantenernos en una oscuridad perpetua para que sea nuestro hábitat. Ya los zapatistas nos lo han advertido “viene una gran tormenta”, y viene además nos dicen, disfrazada de progreso, por lo que su fórmula resulta cada día más vigente: organizarnos en resistencia rebelde. Mientras escuchamos el eco de sus voces, sigue adentrándose nuestra noche, sigue expandiéndose la violencia ilegítima con su impunidad. Se oyen los llantos que velan a un niño asesinado en Ostula, se siente el vacío de 43 literas en una normal, se oye el silencio que antecede al grito.

México entero se parece en su nocturnidad a San Salvador, a Ciudad de Guatemala, a Tegucigalpa. Nos han llevado con el señuelo “norteamericanista” a una militarización gradual y amenazante. La noche oscura mexicana apenas comienza y amenaza con ser muy larga… ¿lograremos resignificarnos y construir una conciencia colectiva que nos lleve al alba?