¿El voto es un derecho? Sí, pero el derecho debiera plantearse como el derecho a decidir, acto que se ejecuta votando.

En las elecciones planificadas para septiembre de este año, la institucionalidad estatal, los partidos políticos y las cámaras empresariales y las ONG para-empresariales, están empeñados en que los guatemaltecos y guatemaltecas votemos.

Sin embargo, como ha sido del consenso en el análisis de muchas instituciones (universidades, institutos, organizaciones sociales, religiosas, sindicales, etc.), estas elecciones son fraudulentas, ilegales e ilegítimas. Los fundamentos de esta afirmación se encuentran en hechos como los siguientes:

1) Quien define lo programas de gobierno –cuando los hay– y decide sobre las candidaturas, son pequeñas elites (generalmente grandes empresarios, militares y políticos serviles) poco o nada representativas de las grandes mayorías de ciudadanos.

2) Siendo que los partidos políticos son vulgares empresas electorales, propiedad de algún empresario, en el menos peor de los casos, de algún militar, mafioso o narcotraficante, las propuestas de estos se orienta al interés de pequeños grupos sectoriales y no al interés común.

3) Los candidatos que se nos impone en el momento de elecciones son aquellos que pueden pagar su compaña. Este es criterio fundamental para definir las candidaturas principales, tanto en el ámbito nacional, como departamental y municipal. Esto consolida el hecho que la política electoral es un negocio y no una práctica ética dirigida a la solución de los graves problemas nacionales.

4) La mayoría de campañas están financiadas por narcos, grandes empresarios, empresas locales y transnacionales, medios de comunicación masiva, en complicidad con los políticos rentistas. Esto no puede sino calificarse como un intercambio fraudulento y corrupto, que compromete de antemano los bienes y recursos del Estado (que son públicos, de todos), siendo que los funcionarios electos, una vez en su cargo, dirigirán las instituciones y presupuestos para devolver los favores a sus financistas y para enriquecerse en lo personal, creando o reproduciendo mafias, tal y como ha sido revelado en casos como “La Línea” y con el informe de la CICIG en el cual se documenta el financiamiento fraudulento de los partidos políticos.

5) Las elecciones son ilegales y fraudulentas, además, porque están plagadas de: a) campañas anticipadas y, por consiguiente, ilegales; b) financiamiento por grupos mafiosos, oligárquicos y corruptos; c) campañas que han rebasado por mucho los techos de campaña; d) candidatos oficialistas en lo nacional y local que están haciendo uso de los recursos públicos (de todos los guatemaltecos) paras sufragar campañas; e) candidatos inscritos señalados de delitos y corrupción, además de otro conjunto de candidatos y candidatas con fuertes indicios de falta de idoneidad, honradez y probidad; f) campañas que incluyen la intimidación, amenaza y hasta el asesinato de otros políticos, como mecanismos para ganar; g) decisiones del Tribunal Supremo Electoral, como el fin de campañas electorales que han rebasado su techo de campaña, que han sido irrespetadas.

6) Las elecciones son ilegítimas, porque se realizarán con una Ley Electoral y de Partidos Políticos que garantiza que todo lo anterior se repita, es decir, que se elijan autoridades gubernamentales, diputados y alcaldes corruptos, tal y como la mayoría de autoridades, diputados y alcaldes actuales. En este sentido, no se atendió la demanda popular y la propuesta ciudadana para reformar ésta y otro conjunto de leyes. Contrariamente, el Congreso se burló de la ciudadanía al imponer otra propuesta que no se relaciona con la demanda social contenida en la iniciativa de ley presentada por el Tribunal Supremo Electoral.

Todos estos fundamentos legitiman el planteamiento que se expresa con la consigna: ¡En estas condiciones no queremos elecciones!

La democracia es inexistente. Nos proponen una elección para elegir corruptos y políticos al servicio de intereses oscuros y exclusivamente del empresariado que históricamente ha manejado el país y que es responsable principal de la miseria, explotación y expolio que actualmente vivimos como pueblos y como clase trabajadora.

El voto, así, en estas condiciones, es una farsa, porque no se relaciona con ejercer el derecho a elegir o con un procedimiento que garantice un resultado democrático.

Las elecciones fraudulentas, ilegales e ilegítimas, constituyen un procedimiento que, al ir a votar, se legitima. Por eso, como ciudadano que quiero y puedo ejercer soberana, responsable y de forma activa mi derecho a elegir, he decidido abstenerme de votar, para no legitimar esta farsa electoral.

Esta decisión también está relacionada con mi acuerdo con quienes plantean un histórico y profundo cambio en el Estado guatemalteco. En específico, que luchan porque se instale una Asamblea Nacional Constituyente que redacte una nueva Constitución Política, para construir un Estado popular, democrático y plurinacional.

En ese camino, seguro también estarán interesados y convencidos, segmentos de ciudadanos que están optando por el voto nulo e, inclusive, por el voto válido creyendo en algún partido pequeño o candidato. A ellos y ellas manifiesto mi respeto. Aun cuando asumimos formas distintas de demostrar nuestro rechazo a este sistema corrupto, mi deseo es porque nos encontremos en el camino para avanzar en este lucha por transformar de una vez por todas este país que nos ha sido arrebatado históricamente por la oligarquía, por el intervencionismo imperial, por empresas locales y transnacionales, y por los corruptos.

Mi esperanza y lucha, en todo caso, está en que estas elecciones sean suspendidas.