Son dos los aspectos sobresalientes en la política económica argentina de estos días y que nos permite discutir en torno al papel del Estado en nuestra coyuntura.

Por un lado el crecimiento del déficit fiscal por 107.000 millones de pesos en el primer semestre del 2015. El monto es equivalente al de todo el año pasado y sostiene una escala ascendente que habiendo sido del 3% sobre el PBI en 2012 se proyecta a más del doble para el presente año.

Por el otro lado, se anuncia la creación de una Agencia Nacional de Participaciones Estatales, a la cabeza de la cual estará el titular de la ANSES. Entre otros objetivos de la agencia se apunta a condicionar a futuro, la venta de acciones de empresas privadas en manos del Estado, para lo que se requerirá una mayoría parlamentaria de dos tercios.

Problemas fiscales

El déficit fiscal creciente es la base material de los anuncios de ajuste que sobrevuelan el debate electoral, sin perjuicio del ajuste que supone en la actualidad el alza de los precios. La situación fiscal y la inflación son sustento de las expectativas económicas y la especulación de sectores sociales con capacidad de ahorro. Estos sectores son los que intervienen en el mercado cambiario para reguardar valor de sus activos en dinero en la demanda de divisas (dólares), que ante las restricciones legales se vuelcan al mercado ilegal.

Así, el crecimiento del precio del dólar ilegal acelera la corrección recurrente del tipo de cambio oficial y otros en danza (turista, bolsa), e incide en los precios relativos del conjunto de la economía. Es algo que afecta sobremanera a los sectores de menores ingresos, la mayoría de la población.

Buena parte de la situación inflacionaria en el país está asociada a estas cuestiones, ya que el precio del dólar, aun siendo un precio más, es referencia de muchos otros precios. El precio del dólar es un condicionante de la evolución de varios precios, con o sin razón, pero interviene en la cotidianeidad y afecta el bolsillo de los sectores de menos ingresos.

Hasta ahora, la política pública ha tenido poca efectividad para controlar los injustificados aumentos de precios, incluido el dólar, los que encuentran excusa en la variación del tipo de cambio ilegal. Participación del Estado y control de precios es un gran tema para la discusión estratégica del país que se pretende. En rigor, solo una inmensa participación popular en el control de los precios en origen puede resolver el tema. Claro que debe ser acompañado de la nacionalización de la banca y el comercio exterior para eliminar fuentes de gestación de la incertidumbre cambiaria.

Uno de los temas centrales del déficit fiscal está asociado a los subsidios estatales a las tarifas de servicios públicos. Hasta ahora, los intentos por reducirlos han sido limitados y constituyen un problema de política económica y que no beneficia necesariamente a los sectores de menor poder adquisitivo. Una reestructuración a fondo de la política de subsidios, con eje en el beneficio de los sectores sociales empobrecidos, constituye el punto de partida para pensar una política integral en materia de servicios públicos, con eje en la des-mercantilización.

Acciones en manos del Estado

Es una cuestión que se traslada a la próxima gestión y que está asociada al debate de la participación del Estado en la producción de bienes y servicios, un tema que explica el fundamento de la nueva Agencia sobre acciones de empresas privadas en manos del Estado.

Además, la inducción al crecimiento del gasto público para sostener la débil actividad económica se sustenta en una expansión del 35% de la base monetaria (billetes y monedas en poder del público y depósitos en el BCRA) entre agosto 2014 y el presente. Se sostiene que apunta a sostener el consumo popular, pero se escamotea que el modelo de consumo, popular y suntuario está subordinado a un patrón de producción dominado por empresas extranjeras que acumulan en el ciclo transnacionalizado del capitalismo contemporáneo.

El tema es estratégico porque se sustenta en una política económica que contrarresta con emisión y gasto público la desaceleración de la economía, con un pronóstico de crecimiento del 0,5% para el 2015.

Al no existir inversión privada (ni local ni extranjera) suficiente para sostener la actividad económica y habiendo límites a la inversión pública, el principal instrumento de política pública es el estímulo al gasto.

El interrogante que presentamos apunta a conocer cuáles son los límites de esta política sin modificar las cuestiones esenciales que determinan la acumulación de capitales y el ciclo económico local. Por eso destaca la creación de un mecanismo que dificulta la venta del capital público presente en varias empresas, no solo aquellas contenidas en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. El problema es que las decisiones en esas empresas privadas siguen en manos del capital privado, en buena parte asociado a la transnacionalización y extranjerización de la economía argentina.

La lógica de los empresarios o gerentes de las empresas de capital privado, aun con participación estatal, es la de la rentabilidad de la inversión, no necesariamente vinculado a otros objetivos de política económica que pudiera proponer cualquier gobierno. El tema es válido también para empresas privadas de gestión estatal, que como en el caso de YPF está subordinada a una lógica gerencial de subordinación a la matriz de negocios de las transnacionales petroleras y a sus estrategias, hoy concentradas en la explotación de hidrocarburos no convencionales.

Más allá de los argumentos, en el movimiento de trabajadores jubilados se discute, que las acciones en el Fondo de Sustentabilidad que administra la ANSES y que debiera ser administrado por los mismos trabajadores activos y pasivos representa unos 4.000 millones de dólares, un 12% del total; mientras que los títulos públicos gestionados por el ANSES son más del 60%, o sea unos 22.000 millones de dólares. Queda claro, que los fondos aportados por los trabajadores financian al Estado y al sector privado con 72% de los recursos provistos por los propios trabajadores. Son curiosidades del capitalismo, la especulación y la distorsión del uso de los fondos previsionales.

¿Qué hacer con el Estado y sus recursos?

Todo lo mencionado impone discutir cómo se financia el Estado y en que aplica el gasto estatal. Allí confirmaremos la regresividad del régimen tributario sustentado en el IVA como principal tributo, complementado por el impuesto a las ganancias con su particularidad de asentarse en la recaudación de la cuarta categoría (salarios).

Sobre el gasto, volverá al debate en estos días con la discusión del presupuesto del 2016. Allí se hará evidente que el principal rubro que condiciona el conjunto de la política económica deviene de los pagos de la deuda pública, que tiende a acrecentarse en términos absolutos y relativos, es decir, en proporción al PBI. Era algo de lo que se jactaba hasta ahora el oficialismo con el desendeudamiento. A ello debe adicionarse la presión del orden económico por inducir la salida de capitales por remisión de utilidades al exterior o por fuga de capitales, con lo que se confirma que el trabajo local genera riqueza que financia la acumulación fuera de las fronteras locales.

Más allá de las especulaciones sobre el ajuste que sobrevuela el debate electoral, la sociedad necesita discutir el papel del Estado. Ello supone discutir a quien beneficiar en la instrumentación de la política económica, pero también el modelo productivo. Son dos las posibilidades: a) acumular en la transnacionalización e inserción subordinada, o, b) avanzar en una perspectiva de transición anticapitalista. Claro que ello requiere de la acumulación política de poder popular.

Buenos Aires, 22 de agosto de 2015

- Julio C. Gambina, Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP.