Los medios de comunicación siguen censurados en Panamá. Ya llevan dos meses detenidos 10 estudiantes del Instituto Nacional acusados de haber lanzado una bomba molotov causándole serias heridas a un profesor y a una estudiante del plantel de los ‘aguiluchos’. Tres estudiantes están en la Dirección de Investigaciones Judiciales (DIJ) y siete en el Centro de Cumplimiento de Menores de Tocumen. Fueron sacados violentamente de sus hogares por policías, sin mediar prueba alguna, tras los lamentables hechos que se dieron fuera del plantel educativo.

No se informa sobre las investigaciones que las autoridades están realizando. Hay quienes señalan que no hay información porque no se están realizando las averiguaciones de rigor. Los estudiantes ya fueron, aparentemente, sin juicio ni defensa, condenados por las más altas autoridades políticas y los medios de comunicación a su servicio. En el mejor estilo norteamericano, el gobierno declaró como ‘enemigo’ de la seguridad nacional a los estudiantes panameños.

En un comunicado avalado por los familiares, se plantea que “todos los panameños exigen una investigación seria para averiguar quiénes realmente estaban detrás de la acción violenta”. El movimiento estudiantil organizado también está a la espera que se inicien las investigaciones en torno al incidente. Lo acontecido “casi cobra la vida del profesor Arturo Adames, aguilucho de toda la vida, dirigente gremial de la Asociación de Profesores (ASOPROF) y luchador social”.

El comunicado agrega que “arrestar a estudiantes por el delito (no comprobado) de encapucharse y acusarlos de terroristas es una violación flagrante de los derechos humanos y, en la mayoría de estos casos, de los derechos del menor. Algunos de los arrestados participaron, el día anterior a los hechos, en una conferencia de prensa realizada por el Frente Estudiantil Revolucionario (FER-29) denunciando el video de los “encapuchados”. El video fue circulado ampliamente por los medios de comunicación. Algunos estudiantes fueron arrestados por el solo hecho de albergar en sus computadoras o teléfonos móviles dicho video. Han transcurrido dos meses y los estudiantes, sin existir prueba alguna, ni haber sido investigados, ni sancionados por comisión de disciplina del colegio, siguen detenidos. “Sus padres viven una situación angustiosa. Solo pueden ver a sus hijos una vez cada quince días, esposados de manos y pies”.

Los medios de comunicación los condenaron y los presentaron como “terroristas”. En una campaña de manipulación, despertaron la ira y las bajas pasiones de una parte de la población. En el caso de los mayores de edad puede significar una pena de 30 años de prisión y, en el de los menores, 12 años.

Hay quienes señalan que los jóvenes están en prisión por decisión del presidente de la República. En un intercambio por las redes sociales la señora del primer mandatario dijo que tenía acceso a los expedientes fiscales y que los jóvenes están encarcelados porque  “amenazaron de muerte al padre de mis hijos”. La primera dama tiene sus opiniones y deben respetarse. Pero no hay motivo para que las autoridades no realicen las investigaciones sobre el caso. ¿Son los estudiantes detenidos los autores del video mencionado? ¿Puede calificarse la producción de videos, escritos periodísticos o programas radiales como terroristas?

El comunicado agrega que “pareciera que con esta campaña contra los estudiantes, se pretende ocultar la incompetencia de las autoridades en atender los graves problemas que padece la educación, el estado deplorable en que se encuentran las escuelas públicas y la política sistemática de prohibir el derecho de los estudiantes a organizarse”.

La política contra los institutores no es un hecho aislado.  Se inscribe dentro de una política general de criminalización de la protesta social. Hay 10 institutores detenidos y otros 8 estudiantes universitarios con medidas cautelares por cerrar una calle. Todos fueron arrestados sin prueba alguna solo para cumplir con las amenazas previas del gobierno.  Igual ocurrió en Colón cuando unidades armadas aeronavales se introdujeron en el Centro Regional Universitario en medio de las protestas estudiantiles.

El comunicado señala que el “daño está hecho y habrá que ayudar a los jóvenes encarcelados a superar el trauma causado por la intolerancia de los que nos gobiernan.  También se requiere solidaridad para el profesor Adames y la estudiante, víctimas de serias quemaduras”. 

No hay que convertir a los estudiantes que protestan en los responsables de los males causados por los políticos corruptos. El comunicado cierra con palabras contundentes: “El futuro es incierto, porque el que siembra vientos, cosecha tempestades”.

- Marco A. Gandásegui, hijo, profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos Justo Arosemena (CELA) 

www.marcoagandasegui14.blogspot.com, www.salacela.net