En la época del cénit del neoliberalismo, el discurso dominante describía las organizaciones no gubernamentales (ONG) que trabajan por la protección ambiental, los derechos humanos y desarrollo comunitario como frentes de izquierda y hasta como vanguardias del chavismo. A lo largo de la década del 2000 varios de los gobiernos neoliberales latinoamericanos fueron reemplazados por gobiernos que se autodenominan progresistas, bolivarianos, y hasta socialistas (con el calificativo “del siglo XXI”), los cuales acusan a las mismas ONG’s de ser imperialistas y neocolonialistas. Esto, a pesar de que los planteamientos y reclamos de estas organizaciones nunca han cambiado.

En América Latina ningún intelectual o figura política ha dedicado tanto tiempo y esfuerzo a articular la ecuación “ONG = imperialismo” como Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia (1). Desde la oficina de la vicepresidencia publicó dos libros, Oenegeísmo, enfermedad infantil del derechismo (2011), y Geopolítica de la Amazonía (2012), en los cuales plasma su tesis de que las ONG son enemigas de la soberanía y progreso de los pueblos de Latinoamérica.

Citando de su segundo libro:

...las ONG’s... han logrado crear una relación clientelar con la dirigencia indígena... en la medida en que estos niveles de organización, con escaso contacto con las bases indígenas amazónicas, funcionan exclusivamente con financiamiento externo que solventa los salarios de los dirigentes... reproducen mecanismos de cooptación clientelar y subordinación ideológica y política hacia las agencias de financiamiento, la mayor parte de ellas europeas y norteamericanas, como es el caso de USAID. (p. 26)

Si bien en los países del primer mundo existen ONG's como parte de la sociedad civil —la mayoría de las veces financiadas por empresas transnacionales—, en los países del tercer mundo, como en el caso de Bolivia, varias ONG's no son realmente Organizaciones NO Gubernamentales, sino Organizaciones de Otros Gobiernos en territorio boliviano; son un remplazo del Estado en las áreas en que el neoliberalismo del pasado propició su salida, alcanzando incluso a sectores como el de educación (a través de los intentos de privatización o de los colegios de convenio) y salud (por ejemplo, Prosalud (USAID)). La ONG, en tanto organismo de otro gobierno y como poseedor de recursos financieros, define la temática, el enfoque, la línea de financiamiento, etc. desde las prioridades de ese otro gobierno, constituyéndose en un poder extranjero dentro del territorio nacional. (p. 27)

...algunas ONG’s en el país han sido el vehículo de la introducción de un tipo de ambientalismo colonial que relega a los pueblos indígenas al papel de cuidadores del bosque amazónico (considerado propiedad extraterritorial de gobiernos y empresas creando de facto una nueva relación de privatización y extranjerización de los parques nacionales y las Tierras Comunitarias, en las que el mismo Estado ha perdido tuición y control. De esta forma, ya sea por medio de la dominación fuerte del despotismo hacendal que controla los procesos de intermediación y semi-industrialización de los productos amazónicos (madera, lagartos, castaña, goma, etc.) o por la dominación suave de las ONG's, las naciones indígenas amazónicas están económicamente desposeídas del territorio y políticamente subordinadas a discursos y poderes externos. En síntesis, el poder tanto económico como político en la Amazonía, no está ni en manos de los pueblos indígenas ni en manos del Estado. El poder en la Amazonía está en manos, por una parte, de una élite hacendal-empresarial; y por otra, de empresas y gobiernos extranjeros que negocian el cuidado de los bosques amazónicos a cambio de la reducción de impuestos y el control de la biodiversidad para su biotecnología. (p. 30)

La confrontación del gobierno boliviano con las ONG subió a un nuevo nivel el 20 de mayo de 2015 cuando el presidente Evo Morales emitió el decreto 2366, el cual abre las áreas naturales protegidas a la minería y la extracción petrolera (2). Luego, el 18 de junio Morales amenazó con expulsar a cualquier ONG o fundación que interfiera con la explotación de recursos naturales (3).

En agosto García Linera señaló específicamente a cuatro ONG’s, Fundación Tierra, Milenio, CEDIB y CEDLA, acusándolas de responder a intereses extranjeros y de crear controversia en el país, y advirtiéndoles que si no cesan su “trabajo político” pueden ser expulsadas de Bolivia (4). El gobierno ya ha cumplido esta amenaza anteriormente. En 2014 el presidente Morales expulsó del territorio nacional a la ONG danesa IBIS por alegada injerencia política, provocar división entre las comunidades indígenas y emitir críticas “intolerables” (5).

Entrevistamos a Marco Antonio Gandarillas, director ejecutivo de CEDIB, una de las organizaciones nombradas por García Linera. “Generamos conocimiento e información crítica para la defensa de los recursos naturales, frente a la problemática urbana, así como de temas de coyuntura del país y la región”, dice la organización en su página web. “Damos insumos con los que generar una opinión crítica mejor informada, apoyando una cultura de defensa de los derechos humanos a través del derecho a la información” (6).

¿Desde cuándo está el actual gobierno boliviano en curso de confrontación con las ONG?

Es para el tiempo de la octava y la novena marcha por el TIPNIS (2012) que se produce una ruptura entre parte del movimiento social indígena y el gobierno. Es para entonces que García Linera escribió sus dos libros, Oenegeísmo y Geopolítica de la Amazonía. En ambos es tremendamente hostil hacia las ONG ambientalistas, de derechos humanos y las que trabajan con los pueblos indígenas. Entonces fue que vinieron desde el gobierno las descalificaciones y el linchamiento mediático.

En marzo de 2013 esta hostilidad se traduce en políticas, con la aprobación de la ley 351 de personalidades jurídicas, la cual busca controlar represivamente las ONG y la sociedad civil organizada en general. Esta ley, sin decirlo abiertamente, anula todo lo hasta entonces referente a derechos de personas jurídicas. Constituye una profunda reforma al código civil, un código que ha regido en Bolivia por los últimos 40 años. De aquí en adelante cualquier persona colectiva, asociación u ONG debe ser legalmente reconocida por el estado si es que quiere existir en el país. No podrá haber asociaciones que funcionen de manera autónoma del estado; el estado no las considerará legales.

El mecanismo de control que utiliza la ley es la otorgación de personalidad jurídica. Para obtenerla, las entidades, asociaciones y personas colectivas necesitarán que el gobierno apruebe sus elementos constitutivos, sus estatutos, en todos y cada uno de sus términos. Nuestro defensor del pueblo y expertos de Naciones Unidas determinaron que esto es inconstitucional ya que viola derechos universales de asociación.

Entre los excesos de esta ley está el requerimiento de que las ONG estén alineadas, en su trabajo, acción, fines y objetivos, con las políticas nacionales. El decreto reglamentario de esta ley establece que el alineamiento debe ser muy específico. Esto se ha constatado públicamente en palabras públicas de los ministros de planificación y autonomías. Esto cambia radicalmente el quehacer de las ONG. De ser no gubernamentales ahora deberán ser para-gubernamentales, es decir existir para el estado, para el gobierno.

¿Es esta la primera vez que el estado boliviano intenta coartar los ONG?

Hemos visto intentos de control (estatal) a las ONG a lo largo de nuestra historia. Entre 2003 y 2004 el presidente Gonzalo Sánchez de Losada envió al congreso un proyecto de ONG que intentaba controlarlas pero hubo un rechazo social bien fuerte. Para entonces había importantes redes de ONG con mucha fuerza, que lograron resistir, y el proyecto de ley quedó en nada.

A principios de los 90 el entonces presidente Jaime Paz Zamora estableció un registro de ONG. Pero éste no resultó ser un mecanismo efectivo de control, porque había una sociedad civil y ONG’s bien fuertes.

¿Qué ha cambiado desde entonces? ¿Se ha debilitado la sociedad civil boliviana?

La diferencia en la actualidad es que hay una enorme y notable debilidad y fragmentación entre las ONG y en la sociedad civil. Estas medidas del gobierno han generado mucho miedo porque se acompañan de otras medidas no legales de intimidación: fiscalización por parte de una u otra entidad (de gobierno), y auditorías. Y también multas. De pronto llega una autoridad, y sin derecho a la defensa, imponen multas y ofrecen pocos plazos para pagarla. Esto ha puesto muchas ONG en una situación de vulnerabilidad.

Esto genera una situación de inseguridad jurídica vinculada a la inseguridad que en general existe con respecto a las acciones del gobierno en otros sectores. El gobierno de Evo Morales controla todos los poderes del estado. No hay nada que pueda garantizar mínimos derechos a nadie.

¿Entiende que estas tendencias preocupantes tienen relación con el modelo económico extractivista adoptado por el gobierno de Evo Morales?

En cuanto al tema del extractivismo, el momento de ruptura fue el inicio del segundo mandato de Evo. Se apuesta entonces decididamente por profundizar el modelo de las exportaciones de recursos naturales. Actualmente sobre 90 por ciento de las exportaciones de Bolivia consisten de gas, minerales y soya. Y para el gobierno ese es el norte fundamental. El modelo es exportar recursos naturales y que el estado reciba la renta de esas exportaciones. Aquí hay un profundo divorcio entre el discurso internacional de defensa de la naturaleza y madre tierra, y las políticas concretas que ponen en grave riesgo el medio ambiente en zonas muy frágiles como la Amazonía, donde están comenzando las exploraciones petroleras. Y las áreas protegidas prácticamente dejan de serlo para convertirse en zonas petroleras.

¿Cómo responden a la acusación de García Linera de que el financiamiento de CEDIB -y de las otras tres organizaciones- proviene de gobiernos imperialistas que responden a los intereses de corporaciones transnacionales?

Ninguna de nuestras organizaciones financiadoras puede ser acusada de derechista ni de ser pro-corporaciones transnacionales. Son organizaciones de solidaridad tan antiguas como CEDIB, con larga trayectoria en trabajo de derechos humanos. Algunas están vinculadas a iglesias progresistas.

CEDIB también tiene fondos propios. Recibimos dinero por los servicios únicos de información que ofrecemos; el estado mismo es uno de nuestros usuarios. De hecho, una buena parte de nuestra investigación es independiente porque al tener independencia financiera y fondos propios nosotros decidimos cuáles son nuestros sistemas de investigación.

¿Realmente merecen ser las cuatro organizaciones ser ubicadas en la misma categoría? ¿O son muy distintas entre sí?

Las ONG bolivianas son muy distintas entre sí. De cualquier modo, CEDIB no es una ONG, es una asociación civil sin fines de lucro. ONG es un término muy nuevo, CEDIB es más antiguo que estas nuevas denominaciones.

García Linera junta las cuatro organizaciones porque nuestro trabajo investigativo es socialmente relevante desde cualquier punto de vista. En lo que va del año, CEDIB, CEDLA, Milenio, probablemente Tierra también, somos citados como fuente creíble en estudios en y fuera del país. Presentamos con matices la situación económica, política y ambiental del país, cosas que al gobierno no le interesa mostrar ni debatir.

El gobierno nos junta a las cuatro organizaciones siendo muy distintas entre sí. A mí no me consta que Milenio y Tierra sean organizaciones de Gonzalo Sánchez de Losada. Aunque lo fueran de todas maneras como organizaciones tienen derecho a expresar sus ideas con libertad. Aunque tuvieran ideas con las que CEDIB no comulgue, tienen igual derecho a expresarlas.

- Carmelo Ruiz Marrero es autor y periodista puertorriqueño. Dirige el Monitor de Energía y Ambiente de América Latina y el Blog de Bioseguridad. Su más reciente libro, “El gran juego de ajedrez botánico”, se consigue a través de la Editorial Tiempo Nuevo. Su identidad en Twitter es @carmeloruiz.

Artículo para ALAI.

1) Carmelo Ruiz Marrero. “García Linera y las ONG” ALAI, 27 de agosto 2015. http://www.alainet.org/es/articulo/171992

2) Servicio de Noticias Ambientales (SENA) y el Foro Boliviano de Medio Ambiente y Desarrollo (FOBOMADE). “El Decreto 2366 contra las Áreas Protegidas: arrasando con la legislación ambiental” 26 de junio 2015. http://www.fobomade.org.bo//art-2439

3) Agencia EFE. “Morales amenaza con expulsar a ONG opuestas a exploración de recursos naturales” Pulso, 18 de junio 2015. http://pulsoslp.com.mx/2015/06/18/morales-amenaza-con-expulsar-a-ong-opuestas-a-exploracion-de-recursos-naturales/

4) Christian Rojas. “García Linera identifica a cuatro ONG y advierte con expulsarlas” Oxígeno, 10 de agosto 2015. http://oxigeno.bo/node/10540

5) Agencia EFE. “Morales amenaza con expulsar a ONG opuestas a exploración de recursos naturales” Pulso, 18 de junio 2015.

6) http://www.cedib.org/