El reporte preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el estado que guardan éstos en México, tras una visita in loco (observación en el terreno) durante cinco días y a cargo de una delegación de ocho integrantes, encabezada por la presidenta Rose-Marie Belle Antoine, generó un desencuentro de apreciaciones entre los representantes del gobierno mexicano que se ocupan de esas materias y la CIDH.

Mientras los enviados por la CIDH constataron “la grave crisis de derechos humanos que vive México”, caracterizada por “una situación extrema de inseguridad y violencia, falta de acceso a la justicia e impunidad”; los representantes del gobierno de Enrique Peña Nieto, de manera particular Roberto Campa, estiman que el informe “no refleja la situación del país”, y que “el caso Ayotzinapa no es un asunto generalizado, sino un caso absolutamente extraordinario”.

Lo anterior porque los delegados provenientes de Washington, sede del organismo humanitario de la Organización de Estados Americanos, aseguran que la matanza de Iguala, Guerrero, las decenas de heridos y los 43 desparecidos del 26-27 de septiembre del año pasado, no la ven “como una tragedia aislada, sino como parte de un patrón de violaciones a los derechos humanos”.

“Objetividad” exige el gobierno –que jura y también perjura “Mover a México”– a la CIDH y ésta con su informe preliminar hasta 2016 que será definitivo, intenta demostrar que en materia de derechos humanos los gobernantes no mueven al país hacia adelante, y agrego, con todo y las 11 reformas estructurales que a mediano-largo plazos transformarán al país. 33 años continuos de “transformaciones” arrojan resultados mediocres y hasta miserables.

Por supuesto que el gobierno mexicano tampoco aceptó, como lo sugirieron organismos civiles, que una comisión internacional venga a investigar las presuntas violaciones a las garantías básicas. Creemos, puntualizó Campa Cifrián, que este documento preliminar se circunscribe a regiones en donde sabemos que tenemos enormes retos. Pero el subsecretario dio un paso en falso, al afirmar que el informe fue realizado en cinco días, lo cual sólo formalmente es verídico, pues el monitoreo de la CIDH sobre México lleva por lo menos desde los años 80 en que emitió la primera recomendación al Estado mexicano, en el gobierno de Miguel de la Madrid. El avezado Manlio Fabio Beltrones cometió la misma pifia que el muy equilibrado funcionario de la Procuraduría General de la República.

El desencuentro de percepciones de la realidad en materia de derechos humanos es no sólo comprensible sino también explicable, pues son distintas las obligaciones y las tareas de las dos entidades, la supranacional y la mexicana.

Lo importante es que los enviados de la CIDH trabajaron en México por invitación del gobierno de Peña Nieto, y que el “estira y afloja” sobre las dos perspectivas tiene el propósito de presionarlo para que trabaje más y mejor en derecho humanitario y las autoridades locales buscan que el reporte definitivo no sea tan “fuertísimo”, como dijo Ricardo Anaya, quien exige “reconocer con humildad el grave problema para corregir errores”, justamente lo que fue incapaz de solicitarle a Felipe Calderón, el arquitecto del mayor desastre en derechos humanos.

Importa también que Luis Almagro, secretario general de la OEA, respaldó el trabajo de la CIDH en México, mas también reconoció “la apertura y transparencia demostrada por el gobierno” de Peña durante la visita de los comisionados.

Utopía 1589

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