La ocupación territorial que desarrolla el microtráfico resta poder y presencia del Estado, desde pequeñas porciones de nuestros países hasta dominar territorios extensos. Es una estrategia  que conlleva la perversa intención de gobernar localidades, barrios, comunidades, extorsionando, corrompiendo. Comprando maestros, policías, rectores de escuelas, funcionarios. Financiando campañas de presidentes de  juntas parroquiales, de alcaldes e incluso de asambleístas. Ocupando el territorio barrio por barrio, comunidad por comunidad. Este proceso de ocupación territorial no es ciertamente lo que tiene en mente el expendedor parado en su esquina, pero sí quien lo dirige. La estrategia está montada de tal manera que desde los niños en los colegios, hasta los adultos tienen fácil acceso al consumo de la droga. La oferta va desde la marihuana, la cocaína hasta la “H”.  Tanto esfuerzo de organización y mercadeo que desarrolla el crimen organizado, tiene frutos inmediatos, de mediano y  de largo plazo. Lo inmediato es lo económico, un vendedor de calle en la plaza Fosch puede recaudar hasta 500 dólares diarios de los que tendrá que pagar a su proveedor una buena parte. En otros barrios y lugares la ganancia es menor, pero está por encima de cualquier salario de empleo bajo. En esa sicología está también el ejercicio del poder de quien ocupa la cuadra y la esquina y el sentido de pertenencia a una banda poderosa.

La estrategia de mediano plazo  consiste en  garantizar el libre tránsito de productos, recursos y personas, por encima de nuestras leyes. El gran traficante paga en droga y se garantiza la ocupación territorial por donde circula su mercadería para la exportación. El microtráfico le garantiza redes de tránsito, redes de apoyo, redes de corrupción o coacción, que le permiten el control territorial. Se puede dar el lujo de perder unos kilos de mercancía para dejar pasar el lote mayor. Esta red se construye a nivel nacional y no solamente en los barrios de mayor consumo. Por ejemplo en zona de frontera, en comunidades de los ríos Cayapas o Santiago ya han ingresado a las escuelas y allí ciertamente no es el gran negocio el consumo individual, es el control del territorio para garantizar el tránsito de varios productos incluyendo la minería ilegal.

El objetivo de largo plazo. Aquí vale la pena dedicar unas líneas a la “H” ese producto sintético que con la décima parte de un gramo, genera adicción inmediata y que en poco tiempo destruye las neuronas hasta llevar a la muerte. Por qué distribuir la “H” en las pequeñas comunidades, por qué distribuirla en los colegios y en los barrios. Ningún vendedor inteligente busca destruir a su comprador. Aquí hay una lógica perversa de dominio territorial, de terror y de apropiación de voluntades para el control. No está de más recordar que a fines de los 70 e inicios de los 80, la CIA vendía Crack en los barrios de negros de los Ángeles y Nueva York con la finalidad de financiar su armamento a los contras en Nicaragua y a la vez destruir toda forma de organización de esa población marginal de los Estados Unidos. Oliver North, Teniente Coronel de esa época y hoy locutor fascista rabioso de cadenas de radio, es un actor principal del proceso al que me refiero. En ese mismo marco podemos ubicar el origen del  fenómeno complejo de las Maras en el Salvador y Honduras. Este objetivo de largo plazo es el que incluye el financiamiento de las campañas electorales desde el nivel más pequeño, hasta los estamentos nacionales. Ya no basta “aceitar la ruta”, hay que controlar la estructura del Estado a nivel local hasta, si es posible el nacional, para poder incluso generar leyes que les beneficien y protejan. Esa es la estrategia y que ha dado tristes resultados en Colombia, Perú, Brasil y por supuesto México, el más trágico ejemplo donde el Estado ha perdido el control de enormes porciones de su territorio.

Este proceso de ocupación no es solamente de la economía ilegal del crimen organizado. Tiene su fuerte vinculación política con el imperio, con el neoliberalismo y con el mercado. Qué mejor que una asamblea nacional o un congreso o una cámara de senadores que represente intereses  de la desmedida codicia como son los del narco. Y aquí no hay ningún invento paranoico de un izquierdista que ve fantasmas de conspiración por todos lados. El congreso en Colombia estuvo y está ocupado en parte por narco senadores y narco diputados. Lo mismo ocurre en Perú, así lo era en Bolivia y por supuesto lo es en México. Los miles de millones que circulan por causa de los tráficos (según el reciente informe de la ONU 683 mil millones de dólares que representan el 1.5% del PIB mundial, se mueven por causa de los tráficos ilícitos) están en paraísos fiscales y en cuentas protegidas por el secreto bancario porque hay leyes que crean estos privilegios y estas leyes las hacen los legisladores, ni más ni menos.

La respuesta en Ecuador.  La Asamblea Nacional, con los votos de la bancada mayoritaria legisló para Endurecer las penas y disminuir la tabla de posesión de droga para el consumo. Esta ha sido la respuesta de las horas recientes. Son medidas correctas. Qué otras cosas se han hecho en ocho años de Revolución Ciudadana: fortalecer la Policía de manera sustantiva, trabajar en colegios y en el sector salud, trabajar con jóvenes.  Se han dado importantes golpes al tráfico para el consumo local y con apoyo de la población se han desbaratado bandas. Contra el microtráfico todo ello es aún insuficiente,  falta el control social en el sentido del ejercicio consciente y democrático de la organización ciudadana. Nos falta acelerar la construcción de asambleas comunitarias organizadas en su mejor expresión. Nos falta la ciudadanía estructurada a nivel de barrio, alrededor de su UPC. No se han logrado conseguir recursos para ello y allí es dónde cojea la respuesta de nuestro estado y Gobierno. Uno de los ejes de esa propuesta es la ocupación del tiempo libre para la organización ciudadana. Sin esta organización ciudadana pretender liberalizar como en Holanda o Uruguay es un acto irresponsable y en algunos casos cómplice.

La participación ciudadana en la seguridad  es un ejercicio de fortalecimiento de la democracia, en la medida que nuestras ciudadanas y ciudadanos participan en la planificación, el diagnóstico y la prevención de los delitos. La Policía Comunitaria se ha vuelto el eslabón más pequeño y cercano del Estado en su relación con la comunidad. El modelo de gestión ecuatoriano para la seguridad, incorpora a cada una de las personas en la organización y las debe llevar por un camino de responsabilidad cívica en todos los ámbitos. Este aspecto es el que requiere el impulso sustantivo y consciente del Gobierno en su conjunto, y aún no se logra.

La defensa de la Soberanía ya no se reduce al enemigo exterior, hoy hay que incorporar al barrio y la comunidad como parte sustantiva de nuestra soberanía como Estado Democrático en  construcción. Los ciudadanos y ciudadanas están conscientes del peligro que representa ese enemigo local. Se deben  fortalecer los recursos para lograrlo y se puede hacer en muy poco tiempo. Defender la Patria en cada esquina derrotando al microtráfico, esa es una tarea fundamental que se tiene por delante.