La Doctrina de la Seguridad Nacional que sostiene desde la década del 60 del S.XX la sustancia de la guerra adelantada por el Estado contra sectores específicos de un mismo pueblo llamado Colombia, llega a su fin con el cierre del conflicto armado. El comunismo y de manera particular las guerrillas presentadas durante cinco décadas como la causa principal de la inestabilidad política y en general de los desequilibrios del país y consideradas como la principal amenaza para la seguridad del país al desarmarse dejan sin bases la doctrina y la política contrainsurgente.

Con base en la Doctrina de Seguridad Nacional se produjo la ocupación ideológica y material de las instituciones estatales fijando los valores, principios y modos de actuar militares con el fin de eliminar al llamado enemigo interior, identificado con la fórmula de que toda expresión de movilización y protesta social o política contraria a las elites en el poder era subversiva y en consecuencia debía ser erradicada en beneficio de la patria o la democracia. Una frase del Cóndor, -sanguinario jefe de los pájaros (paramilitares de los años 50)- resume la doctrina: “el único delito es estar contra el gobierno, lo demás son pendejadas”. La base doctrinaria es el Acta de Seguridad Nacional, promulgada en los Estados Unidos en 1947, a cuyo amparo se creó la CIA.

Con el cierre del conflicto armado las fuerzas militares encargadas de ejecutar la doctrina, no entran en crisis existencial, pero están obligadas a cambiar funciones y acometer reformas en sus estructuras mentales, formación de oficiales, concepción de sus tareas, abolición del servicio militar obligatorio, desmonte del modelo militarizado de seguridad ciudadana y llamadas a sacar el componente militar del lugar que ocupa en la organización de la sociedad. La doctrina de seguridad sobredimensiono la acción bélica e impuso el imaginario de que los principios y valores, así como los mismos militares tenían derecho a ocupar un lugar superior en la sociedad y estar inmiscuidos en todas partes y eventos de debate social y político a la vez que ser responsables de mantener la identidad nacional afirmando sus valores básicos y considerándose la salvaguardia de la patria mal equiparada con el concepto de nación. La doctrina tendrá que desaparecer como ideología, principio y modo de acción para que las armas no sigan interviniendo en la vida civil y política y avancen hacia reducir el número de efectivos en correspondencia al desmonte de la estructura militar insurgente y al cese definitivo de acciones de combate en el marco del conflicto.

La concepción maniquea de señalamientos y persecución que al amparo de la guerra de baja intensidad y de las teorías que llamaron a quitarle el agua al pez que produjeron resultados de barbarie sin límites e inundaron con sangre de inocentes al país y condenaron la protesta legitima de cómo aliada a la guerrilla, también se queda sin fundamento. Si la doctrina desparece cabe pensar que vendrá una renovada aparición de nuevos movimientos, grupos, plataformas y modos de reivindicación social, política, ambiental y cultural con diversas y plurales expresiones y manifestaciones que pongan en el centro del debate político la riqueza de diferencias y propuestas conducentes al reconocimiento y realización de derechos violados, aplazados, negados, obstaculizados e invisibilizados por las densa cortina de la guerra. Atrás quedan para la revisión de la comisión de la verdad histórica tanto la política de terror y sus articuladas técnicas de exterminio, como las masivas violaciones a derechos humanos y las arbitrarias actuaciones contra la población civil tratada como combatiente cada vez que se negó a ser su aliada en una guerra contra si misma.

La inercia ideológica doctrinaria de imponer la fuerza y sostener el poder al costo que sea, predice su fin con el cierre del conflicto. La ideología de la seguridad militarizada usada como pilar de apoyo de la sociedad vigilada, controlada y sometida al arbitrio de pocos tiene que ceder ante la fuerza de los hechos de reconciliación y reparación que traen los vientos de paz. El ordenamiento militar no podrá seguir incrustado ocupando ni llenando con su espíritu las instituciones estatales. No podrá mantener su vigencia en las estructuras ni acontecimientos del sistema educativo y en especial del universitario donde la doctrina mediante los documentos de Santafé I y II, no ha cesado de perseguir intelectuales y rebeldes acusados de ser los cuadros de la subversión, y también habrá de desaparecer del sistema judicial, donde según la doctrina, la justicia debe ser controlada y manipulada para evitar que se convierta en un obstáculo para el ejercicio militar sin reglas. La Doctrina de la Seguridad Nacional está llamada a desaparecer de la vida colombiana, lamentablemente tarde y después de una estela de horror que acabó la vida de miles de los mejores hombres y mujeres del país, derrotó la inteligencia, la solidaridad y la confianza y facilitó el despojo y las privatizaciones de la casi totalidad de bienes y patrimonios públicos y hoy tiene debilitado el espíritu de lucha de comunidades enteras sometidas sin compasión al odio y al destierro.