La base aéreo-naval en Punta Coco (en el Golfo de Panamá), en la actualidad, tiene dos misiones. Por un lado, según el Comando Sur de EEUU, forma parte de la red logística que tiene Washington en torno a Colombia. Según informan los boletines del Comando, la base tiene la responsabilidad de detectar las rutas que utilizan los traficantes de drogas ilícitas que salen de Colombia con dirección hacia EEUU. Por el otro, la base de Punta Coco, según los asesores del presidente Juan C. Varela, también tiene la tarea de alojar a ‘criminales de alto perfil’ que son enviados a la isla.

Según otras fuentes no oficiales, la base en Punta Coco podría tener otros propósitos. Hay quienes especulan que EEUU podría utilizarla para encarcelar a prisioneros políticos de sus guerras globales que son detenidos sin acusaciones por largos períodos de tiempo. Las agencias de inteligencia que operan desde Washington podrían traer ciudadanos de otros países a Punta Coco, “al estilo de los procesos extrajudiciales que aplica EEUU (rendición extraordinaria) donde sospechosos son secuestrados y enviados a cárceles clandestinas en otros países”. Según documentos oficiales que describen las operaciones de estos centros clandestinos, los prisioneros son sometidos a torturas y tratos crueles.

El centro carcelario insular podría tener otro objetivo: servir de prisión para trasladar a los privados de libertad, o algunos de ellos, actualmente detenidos en la base militar de EEUU en Guantánamo. Hace 8 años el presidente de EEUU, Barack Obama, prometió en su campaña electoral que cerraría la prisión en la base de Guantánamo. Sin embargo, la complicada legislación que creó la nefasta mazmorra en el extremo oriente de la isla de Cuba le ha impedido obtener su objetivo. Hay quienes especulan con la posibilidad de que el gobierno panameño, para obtener el beneplácito de Washington, se preste para alojar a los prisioneros políticos de origen árabe, afgano y paquistaní en Punta Coco.

La base de Punta Coco, a 107 kilómetros de la ciudad de Panamá, fue construida por el Comando Sur de EEUU hace seis años a un costo de US$73.5 millones. La cárcel es administrada por el Servicio Aeronaval (SENAN), una institución creada por decreto ejecutivo hace 15 años. La Constitución Política de Panamá señala, expresamente, que no se crearán fuerzas armadas en el país. Sin embargo, por insistencia de EEUU, se creó el SENAN e, igualmente, el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT). Ambas fuerzas operan independientemente de la Policía Nacional. El Sistema Penitenciario Nacional, del Ministerio de Gobierno, encargado de todos los centros carcelarios del país, fue excluido de Punta Coco.

La cárcel de Punta Coco también es responsabilidad del SENAN, que depende del Ministerio de Seguridad Pública. Esta dependencia también fue creada hace un par de lustros por insistencia de Washington. Se supone que centraliza todas las actividades asociadas con las políticas de ‘seguridad nacional’ que forman parte de la política global de EEUU.

En julio de este año, la avioneta en que una delegación militar norteamericana que regresaba de Punta Coco se estrelló cuando llegaba a un aeropuerto de vuelos domésticos en la ciudad de Panamá. Los 6 militares norteamericanos, entre ellos el jefe de la Oficina de Cooperación de Defensa de la Embajada, un colombiano no identificado y el piloto panameño salieron ilesos del accidente.

Según la información que se filtró del incidente, el grupo de militares “fueron a inspeccionar el radar que Panamá está construyendo en la base de Punta Coco”. Según fuentes norteamericanas, el gobierno panameño está instalando un total de 19 radares en diferentes bases aéreo navales distribuidos en ambas costas del país.

Según la misma fuente, el gobierno del presidente Varela mantiene un silencio total sobre las bases y los radares. En el caso de Punta Coco, el Grupo HSC, que trabaja para el Comando Sur, ha construido – a un costo de US$5 millones – una instalación eléctrica con capacidad para generar 40KW. La página de internet del Comando Sur informa que la instalación fue construida para su uso. El Comando también invirtió casi US$4 millones en la construcción de unas barracas y un muelle. EEUU justifica estos gastos señalando que Punta Coco “se encuentra en una zona peligrosa de tráfico de drogas (ilícitas)”. Además, la base es parte del “plan estratégico del Comando Sur para mejorar la capacidad de su socio (Panamá) en la captura (de sospechosos) en un ambiente marítimo”.

15 de octubre de 2015.    

Marco A. Gandásegui, hijo, profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del CELA