A propósito de la eventual misión de verificación del cese del fuego bilateral y definitivo, hemos vuelto a escuchar o leer en algunos medios de comunicación, ciertas interpretaciones equivocas, que son reflejo del peso que en un régimen presidencial tiene la figura del Presidente.

Algunos parecen olvidar que en un proceso de terminación concertada de un conflicto armado, como el que está en marcha con las FARC, muy exitosamente hasta el momento, hay que decirlo, se decidió por las dos partes, el Gobierno Nacional y las FARC, la decisión de construir acuerdos conjuntos sobre todos los puntos de la agenda -en este caso, recordemos, son seis puntos- y a partir de unos procedimientos establecidos y aceptados por las dos delegaciones; es decir,se construye en la mesa de diálogo una especie de simetría simbólica, lo que no quiere decir que realmente por fuera de la mesa esa simetría se prolongue, sino es una forma de crear un clima favorable para la construcción de los acuerdos. Esto es significativamente distinto a un proceso de sometimiento a la justicia, como el adelantado con los grupos de autodefensa o paramilitares en el gobierno anterior, proceso en el cual efectivamente era el gobierno quien establecía las reglas del juego del procedimiento de sometimiento.

Adicionalmente, los organismos internacionales, -trátese de países, organismos o  instituciones internacionales- normalmente para intervenir en cualquier tarea -facilitación, moderación, mediación, garantes, verificadores, etc- requieren un mandato de las dos partes acerca del que hacer y cómo hacerlo. Es decir, solo en intervenciones unilaterales, que son poco comunes, hay una acción partir de una invitación unilateral.

Hasta ahora y en relación con la participación internacional, las partes escogieron dos países garantes -Cuba y Noruega-, dos países acompañantes -Chile y Venezuela-; la Oficina de Naciones Unidas en Colombia -junto con el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Dialogo de Paz de la Universidad Nacional- recibió el mandato de organizar los Foros de participación de la sociedad civil -se han realizado hasta el momento un total de nueve- y posteriormente, con el acompañamiento de la Conferencia Episcopal, la selección de las sesenta víctimas que fueron a reunirse con la Mesa de Conversaciones, igualmente la invitación a algunos expertos a reunirse con la Mesa.

En relación con el tema de la verificación del cese del fuego y de las hostilidades, porque hasta ahora la Mesa de Conversaciones lo único que acordó fue invitar a un delegado del Secretario General de la ONU y otro delegado de Unasur, para que acompañará a la subcomisión militar que está analizando y discutiendo como sería el diseño de un sistema de verificación, tanto del cese del fuego bilateral como del proceso de dejacion de armas. Pero hasta el momento no hay acuerdo todavía acerca de cómo sería ese diseño -si habrán fuerzas policiales o militares internacionales, si es una verificación mixta o tripartita, etc- y por lo tanto tampoco hay una escogencia de quienes formarían parte de esa verificación. Por supuesto que todos suponemos que Naciones Unidas, por su amplia experiencia internacional en ese tema, debería ser parte de ese sistema, pero esa es una decisión que deben tomar las dos delegaciones, por consiguiente es necesario abrir un compás de espera a que la Mesa de Conversaciones llegue a una decisión al respecto y luego si proceder a discutir mandatos, roles, misiones, composición, dependiendo de quienes formarían esa misión de verificación del cese del fuego bilateral.

Adicionalmente, es seguro que las dos delegaciones escogerán, dentro de lo que podría ser ese sistema de verificación de los acuerdos, una misión igualmente encargada de verificar que los acuerdos se cumplen en relación con la implementación, que no es simplemente aprobar leyes, es empezar a ejecutar los acuerdos, tanto en la apropiación de los recursos necesarios, las reformas políticas acordadas, como en los programas de erradicación y sustitución de cultivos de uso ilícito, así como en los programas de desarrollo rural con enfoque territorial.

En conclusión, haríamos bien en entender claramente que cualquier acuerdo y por supuesto el acuerdo final, es una decisión construida conjuntamente entre las dos delegaciones y por lo tanto ambas son responsables de que se cumplan y de establecer los mecanismos y procedimientos en ese sentido. Y todavía faltan los acuerdos sobre víctimas -incluido lo del sistema de justicia transicional y restaurativa-, la terminación del conflicto -con todos los subtemas que esto conlleva-, los procedimientos de implementación, verificación y refrendación de los acuerdos -ahí al gobierno le parece que lo adecuado es el plebiscito y a las FARC que una Asamblea Nacional Constituyente-.

La terminación del conflicto armado no es algo que hace unilateralmente un solo actor, es una responsabilidad de las partes enfrentadas en la confrontación bélica, así como la construcción de paz es una tarea colectiva de todos los colombianos en el corto, mediano y largo plazo.

- Alejo Vargas Velasquez, Profesor Universidad Nacional