Obró a sabiendas de que en el Poder Judicial están pendientes juicios por la titularidad de las tierras y de que existen dos decretos  del Poder Ejecutivo que muestran que las tierras ya son del Estado desde 1967.

El jueves último la Cámara de Senadores de Paraguay aprobó un proyecto de ley donde el Estado acepta una supuesta donación de las tierras de Marina Kue, donde se registró la masacre de Curuguaty en 2012.

La “donación” fue hecha por la familia Riquelme, que se dice propietaria de las tierras, a pesar de que toda la documentación existente demuestra que dichas tierras son del Estado y que esta familia las usurpó con ardides judiciales e influencia política.

El proyecto de ley se llama “Que transfiere a título gratuito a favor de la Secretaria del Ambiente, un inmueble individualizado como Finca N° 30, Padrón N° 61, del Distrito de Curuguaty, Departamento Canindeyú, y lo declara como área silvestre protegida bajo dominio público a perpetuidad, con categoría de manejo reserva científica de estricta protección y la denominación ‘Reserva Científica Yberá”.

Fue presentado por el diputado Óscar Tuma, del mismo partido político que la familia Riquelme y que el presidente de la República, Horacio Cartes.

Previo a su estudio en el Senado tuvo sanción en la Cámara de Diputados y ahora queda en manos del Ejecutivo el veto o su promulgación.

Para el abogado e investigador Abel Areco, la aprobación tanto de los diputados como de los senadores -como Poder Legislativo- colisionan con las funciones de los otros dos poderes del Estado.

Con el Poder Judicial colisiona porque la sanción del proyecto se dio mientras aún existen al menos dos juicios abiertos sobre la titularidad de las tierras de Marina Kue, donde se enfrentan el Estado paraguayo (Instituto de la Tierra/Procuraduría General de la República) y la familia Riquelme.

Y con el Poder Ejecutivo, porque a través de dos decretos -29.366 de 1967 y 3.532 de 2004- el Estado aceptó la original donación hecha por la empresa La Industrial Paraguaya SA en 1967 y declaró dichas tierras de interés social, transfiriéndolas a favor del Instituto de la Tierra(INDERT).

“Para ser coherente con sus acciones el actual Ejecutivo debería vetar el proyecto de ley, teniendo en cuenta que dos organismos del Ejecutivo tienen juicios pendientes reclamando judicialmente la titularidad de esas tierras . Así también hay dos decretos del propio Poder Ejecutivo con relación al destino de esas tierras. Todas éstas son situaciones que no fueron tenidas en cuenta por el Poder Legislativo al analizar el proyecto”, dijo Areco.

En todo caso, legalmente la única que podría donar dichas tierras al Estado es la empresa La Industrial Paraguaya SA, pues sigue siendo la propietaria de acuerdo a la Dirección General del Registro, dijo.

Sobre el aspecto social, Areco recordó que la principal cuestión de fondo -la necesidad de familias campesinas sin tierra de acceder a la tierra y la que desembocó en el conflicto de 2012- sigue sin resolverse por parte del Estado. Por eso mismo, las familias campesinas siguen ocupando actualmente las tierras.

Y sobre el aspecto ecológico, dijo que es una ironía que sea la empresa de los Riquelme quien impulsa el proyecto de ley de declarar reserva a Marina Kue, cuando también fue quien deforestó la mitad de los bosques del lugar.

Y que la verdadera razón del proyecto de ley es impedir que familias campesinas se asienten y colonicen las tierras de Marina Kue.

“De última lo que se puede hacer es contemplar la figura de Reserva de Recursos Manejables, que combinará la protección ecológica del lugar con la colonia campesina”, dijo.

Antecedentes

En 1967 la empresa La Industrial Paraguaya SA donó a la Armada paraguaya 2.800 hectáreas de tierra, perteneciente a la finca 30 de Curuguaty, lugar llamado Yvyrá Pyta, donde desde entonces se instaló el cuerpo militar y la ocupó hasta 1999. De ahí el nombre popular de la tierra de Marina Kue (ex tierras de la Marina).

En 1967 el Poder Ejecutivo, a través del decreto 29.366 aceptó la donación a favor de la Armada y ordenó su inscripción en el Dirección General de la Propiedad Pública, cosa que nunca se concretó por razones inexplicables.

La familia Riquelme fue comprando tierras privadas y usurpando tierras fiscales, rodeando a la finca en cuestión, incluso corriendo los límites de Marina Kue, de acuerdo a mensuras judiciales realizadas en los años 1969, 1982, 1985 y 2004, quedando en 2 mil hectáreas las tierras en disputa..

Luego de la salida de la Armada del lugar, familias campesinas gestionaron el acceso institucional a dichas tierras, lo que movilizó de vuelta una serie de gestiones institucionales y administrativas, entre las que se encuentra el decreto 3.532, que efectivamente declaró que la tierra debía ser destinada a la reforma agraria.

En 2005 la empresa Campos Morombí, de la familia Riquelme, inicia un proceso judicial de usucapión, argumentando que ocupó dichas tierras por 34 años de manera pacífica e ininterrumpida.

Desde allí empiezan una serie de procesos judiciales, muchos de ellos irregulares, que favorecen en este juicio a los Riquelme, conteniendo incluso aberraciones jurídicas.

Analizando estos procesos la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguaya(CODEHUPY) concluyó que “en la raíz de los sucesos ocurridos el 15 de junio de 2012(la masacre en sí) subyacen violaciones al derecho a un tribunal independiente e imparcial”…

En los años 2009 y 2010 respectivamente la Procuraduría General del Estado y el Instituto de la Tierra presentaron juicios contra los fallos que favorecieron a la familia Riquelme.

Hasta el momento, las tierras de Marina Kue siguen estando inscriptas a nombre de la empresa La Industrial Paraguaya SA en el Registro General de la Propiedad.

En pleno desarrollo de estos esclarecimientos judiciales es que la fiscala Ninfa Aguilar y el juez José Benítez de Curuguaty aprueban la realización de un operativo de allanamiento a las tierras en 2012, cuando estaban ocupadas por las familias campesinas sin tierra del lugar.

Fue el operativo que terminó en la masacre y la muerte de 11 campesinos y 6 policías y la excusa para un golpe de Estado institucional al entonces presidente de la República, Fernando Lugo.

El operativo fue solicitado por la familia Riquelme, a pesar de no contar con el título de propiedad.

Asunción, 10 de noviembre de 2015

Fuente: Base Investigaciones Sociales (Base Is)