Con su Congreso Nacional como indicador emblemático de una crisis que aún no resuelve su destino, Brasil se encamina a cerrar el 2015 con signos inequívocos de falta de coordinación entre sus esferas administrativas – federal, estadual, municipal-, con un salario real promedio en las periferias de las grandes ciudades un 7% más bajo que el año pasado, una retracción económica global de casi un 3% del PBI y un contingente de casi 800 mil trabajadores menos en el mercado de trabajo. Una política económica – la impulsada por J. Levy desde principio de año – que comienza a profundizar la propia fragmentación de los intereses sociales que, frente a la coyuntura, buscan resolver por su cuenta sus circunstancias.

Desde un punto de vista más panorámico, pareciera que en Brasil vuelve a aparecer una de las marcas idiosincráticas de su capitalismo constitutivo: la inorganicidad de las diferentes partes del sistema social, tal como lo han discutido y debatido por décadas sus principales intelectuales. Aquello que había sido una posibilidad medianamente estabilizada de organicidad política - o “conciliación de clases”, para usar un término más clásico- entre industriales y sindicatos, actividades agropecuarias y modernización científica, bancos y consumo popular, etc., durante el período “lulista” (también proyectable a algunos años del primer gobierno de Dilma Rousseff), parece haber entrado en una fase de desagregación. Las posiciones y respuestas empiezan a ser parciales, desarticuladas, lo que alimenta un cuadro general no demasiado auspicioso.

Petrobrás y la crisis económica

Siendo la principal empresa latinoamericana, hay una conexión nada despreciable entre la crisis de Petrobrás y la contracción del PBI brasileño durante el 2015. En comparación con el año pasado, Petrobrás redujo sus inversiones en casi un 40%, con consecuencias sobre toda la economía: si se incluyen los efectos indirectos (sobre empresas subsidiarias, los proveedores relacionados con la industria del petróleo, la retracción a la baja en general de la población afectada) y las inversiones totales que dejaron de ser realizadas por las constructoras (no sólo en las áreas de petróleo y gas) el efecto negativo llega a casi un 2% del PBI. Sin que fueran indispensables las medidas tomadas, como lo han advertido especialistas en el tema, este “giro” de Petrobrás tuvo una consecuencia mayor sobre el achicamiento de la economía que las propias medidas recaudatorias del “ajuste” promovido por J. Levy; tiene que ver con el peso determinante que tiene sobre la economía: en el ciclo 2010-2014, fue responsable por el 8,8% de las inversiones en el país, lo que constituye a la compañía en un factor clave, indispensable.

La buena disposición mostrada por la “comunidad internacional de negocios”, las calificadoras de riesgo y los medios emblemáticos globales de comunicación, respecto de Brasil, Lula e incluso la propia Dilma (que presidía el Consejo de Petrobrás desde el 2006) comenzó a modificarse precisamente a partir de que el Gobierno, en el 2010, dispuso como marco regulatorio sobre los campos de petróleo del Pre-Sal – la mayor reserva de petróleo descubierta en el Siglo XXI- la obligatoriedad de la presencia de Petrobrás como operadora única, lo que no excluía la participación de otras compañías. A partir de allí, no sólo empezó una campaña internacional y nacional para “reabrir” estas cláusulas (soberanas) brasileñas sino que comenzó la búsqueda por modificar la gestión de la compañía, como queda claro en los documentos que evidenciaron el espionaje de la NSA a Petrobrás en el 2013. La caída de los precios internacionales del petróleo y las denuncias por el escándalo del Lava-Jato – con una sobreexposición mediática permanente- ampliaron el margen de maniobra para las interferencias sobre la empresa: las presiones continuaron con el reemplazo de G. Forster, la asimilación de que la salida a su “crisis financiera” era el eventual “giro” de la compañía de este año, medidas compactadas con el arribo del nuevo equipo al Ministerio de Economía. Pero los cambios no se han detenido allí: en estas últimas semanas han tomado envión en el Congreso Nacional los diversos proyectos de modificación sobre las competencias y atribuciones de Petrobrás en los campos del Pre-Sal, cuestión que ya pareciera tener más posibilidades de que ocurra, como lo admitió hace unos días en Marruecos el propio J. Levy. El sentido es el mismo: el “giro” de Petrobrás es la proyección de la lógica del ajuste del gobierno de Dilma Rousseff sobre uno de los elementos más gravosos de crecimiento económico, sino el más importante.

El Partido dos Trabalhadores y la lógica del ajuste

Este cambio en la política de inversiones de Petrobrás –que la semana pasada tuvo como respuesta una huelga de petroleros, la más importantes en muchos años, con consecuencias en la propia cotización internacional- resulta clave en función de los ajustes realizados en otras esferas estatales; por la recesión económica que provoca, puede llegar a poner en juego la propia supervivencia política del Partido dos Trabalhadores. Algunas conclusiones deberían poder sacarse sobre este punto; tanto en relación con Petrobras, cuyo valor viene en franco declino, como desde un punto de vista más general, en relación con las opciones que toman los gobiernos en determinados momentos de su gestión, respecto de la “lógica del ajuste”.

La “lógica del ajuste” es difícil de poder administrar focalizadamente: se convierte con cierta velocidad en una opción ideológica que impregna al resto del conjunto, aún más si parte del núcleo del poder decisorio, como el Ministerio de Economía, o de la principal palanca del crecimiento económico de los últimos años, como Petrobrás. Desde ese centro se difumina una particular “cultura del ajuste” en las mentalidades de quienes toman las definiciones en materia de políticas públicas - y en Brasil, en estos meses, ha sucedido parcialmente este fenómeno-, que se desplaza hacia las administraciones subnacionales (basta sólo revisar cómo están argumentando gobernadores de signo políticos distintos los proyectos de presupuesto “achicados” para el 2016), los léxicos de las dirigencias empresariales (algo explícito, por ejemplo, en los últimos documentos de la FIESP) e, incluso, pasa a formar parte de algunas orientaciones del sentido común.

En la “lógica del ajuste” – ese desplazamiento que va de la opción económica a la perspectiva ideológica- hay un espiral cuyo control no siempre es posible de administrar, como propicia, incluso, el propio Lula: los tres anteproyectos de Presupuesto 2016 debatidos hasta el momento tuvieron que ser modificados por pronósticos progresivamente más negativos para el año que viene. Y lo que resulta más importante: como expresión de esta trayectoria 2015, una dialéctica social cuyo panorama es de una mayor desagregación política y cultural, sea en el aumento de la protesta sindical, sea en un Congreso Nacional completamente fragmentado y caotizado, o bien en procesos de identificación microsociales que se multiplican desde las mínimas singularidades. En otras palabras, un año de reversión en términos cohesivos respecto del avance de los últimos años; un paso hacia atrás. Algo de esa inorganicidad que la sociología brasileña caracterizó con detalle hace tiempo.

- Amílcar Salas Oroño es Licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, Magister en Ciencia Política por la Universidad de San Pablo y Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Autor del libro Ideología y democracia: intelectuales, partidos políticos y representación en Argentina y Brasil entre 1980 y 2003.

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