El comisionado Iván Velázquez y la fiscal general Thelma Aldana están pasando la guadaña para erradicar, poco a poco, las estructuras de corrupción incrustadas en el Estado, que echaron raíces profundas. Esperamos que continúen con ese mismo ímpetu contra todos aquellos que, fuera del Estado y aprovechándose del mismo, se han enriquecido de forma ilícita, motivando así la formación de estructuras de impunidad.

Es un paso trascendental el que se ha dado este año. Se puso fin al disimulo, a la tolerancia, el engaño, la doble moral y a la ambición sin límite de algunos funcionarios públicos, pero como bien dice el comisionado de la Cicig, esto viene de años y no puede pensarse que termine con acciones inmediatas. Han cambiado gobiernos, pero las estructuras se mantienen.

Pero hay otros graves problemas que pareciera que no tienen trascendencia, especialmente porque afectan a los de a pie, aquellos ciudadanos que tienen la desdicha de convivir con la delincuencia a diario y que resultan presas fáciles de esos desalmados.

La PDH ha estado denunciando la urgente necesidad de tomar acciones efectivas y contundentes para desarticular a las bandas de extorsionistas que se han constituido en un verdadero calvario para los vecinos en lugares usualmente populosos.

Causa una enorme impotencia escuchar las historias de personas que al recibir un celular, que no es un regalo, sino el medio por el cual le van a indicar a cuánto asciende la extorsión, sienten que el mundo se les derrumba pues, si se trata de un pequeño negocio, de una tiendecita o simplemente de una vivienda, los ingresos que obtienen prácticamente son drenados por los delincuentes.

En muchas ocasiones las personas prefieren cerrar el negocio y hasta abandonar sus casas por el terror que provoca caer en manos de quienes están asesinando a diario y a mansalva a la ciudadanía, sin que esto cree conmoción social.

Los pilotos de autobuses aquí son heroicos, la cantidad de choferes asesinados es espeluznante. En lo que va del año son 49 pilotos y 38 pasajeros asesinados, según la PDH. Estos problemas, igual que el de la corrupción, los venimos arrastrando desde hace años, pero no se han etiquetado como prioritarios.

Las autoridades responsables de la seguridad reconocen que las maras van en aumento, que se han fortalecido, expandido, han ganado terreno y ahora están asentadas también en los departamentos. Según se ha publicado, actúan como empresarios, con estructuras delimitadas por “especialidades”: llevar el recuento y distribución de las “ganancias”, la entrega de los teléfonos, la administración de las tiendas, taxis y otros negocios de los que son propietarios.

Una noticia de una balacera en New York se publica con gran alarde aquí, pero los dramas cotidianos que sufre la población simplemente son “sucesos”. El MP y Gobernación deben responder con urgencia a estas angustias populares.

Guatemala, 11 de noviembre de 2015.