El ajuste económico está en marcha, y a caballo del cambio de gobierno los precios suben y afectan a la mayoría de menores ingresos. Hay responsabilidad de los que se van y de los que vienen.

La mitad de los trabajadores perciben menos de 6.500 pesos mensuales y junto a la mayoría de jubilados y pensionados, como los perceptores de beneficios sociales son los principales perjudicados por el cambio de precios relativos. Son millones de personas, cerca de la mitad de la población.

No todo ocurre en estos días o en esta semana. A fines de noviembre, luego del balotaje subieron los combustibles, una medida largamente acordada entre los expendedores y el ministerio de economía, en un cronograma que se inició a comienzos del 2015.

Más allá de lo programado, el impacto se siente en este último aumento, que vino acompañando de los anuncios del nuevo gobierno de la unificación del tipo de cambio, lo que en definitiva es una devaluación. La incógnita es el volumen de la misma. El aumento de combustible es motorizador de otros incrementos.

Esos aumentos inflacionarios son el marco político coyuntural para que se disparen un conjunto de precios de la canasta de consumo cotidiano, entre otros los alimentos y medicamentos.

La gran incógnita apunta a cuanto sumará finalmente la inflación del 2015, con aceleración en noviembre y diciembre, y como dijimos, a cuanto se disparará el precio de las divisas.

A la par de la suba de precios, los ingresos populares se mantienen congelados y dan cuenta del desigual impacto en la vida cotidiana que genera la situación económica en el presente y el futuro cercano. Sin duda, será un antecedente a considerar cuando se inicien las discusiones paritarias para las actualizaciones de los salarios.

Por eso se solicita en estos días un bono de fin de año en compensación y se demanda la no inclusión del medio aguinaldo para las retenciones de ganancias.

Inversiones y ganancias

Lo que está ocurriendo es una recomposición de las utilidades de los sectores empresarios en condiciones de establecer precios, a costa de la capacidad de compra de la mayoría de la población.

Es el piso sobre el que se piensa partir para un futuro acuerdo de precios y salarios, o pacto social gestado desde el Estado entre empresarios y trabajadores. Ese pacto social es lo que les adelantó en estos días el futuro ministro de trabajo de Macri a los dirigentes de las centrales sindicales, a cambio de algunas resoluciones que demandan las conducciones sindicales, especialmente relativas a la actualización del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias y respecto de acreencias de recursos para las organizaciones sindicales por obras sociales.

Es un dato de la realidad que las remarcaciones señalan un punto de partida diferenciado en el proceso de negociaciones futuras. Las patronales ya tienen su colchón, que podrán incrementar incluso luego de conocidas las primeras medidas del nuevo gobierno, principalmente el nivel de la devaluación monetaria.

La lógica empresarial reconoce la necesidad de recuperar condiciones de rentabilidad y eso requiere nuevas rondas de redistribución regresiva del ingreso personal. Se trata de lograr un menor peso de los salarios en la distribución de la renta nacional.

Si la lógica de política económica de estos años se presentaba como de estímulo al consumo, no solo consumo popular, sino también de lujo, tal como el turismo externo o la compra de automotores, incluso importados; en la próxima etapa se coincide desde el gobierno y el poder económico que el eje es la inversión.

La ecuación macroeconómica se concentra en: a) el consumo; b) la inversión; y c) el saldo del comercio exterior. El diagnóstico coincidente del poder económico en la Argentina y el gobierno entrante está en la necesidad de expandir las inversiones, algo que también promovía el gobierno saliente.

No hay mejor estímulo para el inversor que el aseguro de alta rentabilidad, y en la esencia de la rentabilidad y su volumen está la magnitud de explotación de la fuerza de trabajo.

Visita de la OIT

Por eso se buscan condiciones para limitar la demanda salarial y laboral luego de años de convenciones colectivas. Más aún, se busca contener el conflicto y por eso visitará la Argentina Guy Ryder, titular de la OIT, invitado por la Unión Industrial Argentina, UIA.

Es que el objetivo de la UIA, a días de inaugurado el nuevo ciclo presidencial apunta a instalar la agenda de discusión de la OIT, que en estos años sustenta la demanda empresarial por restringir, y si se puede, eliminar el derecho de huelga.

Claro que estamos en Argentina, con fuerte tradición de huelga y organización de los trabajadores, algo que no siempre consideran análisis políticos o académicos.

La conflictividad es un dato de la realidad argentina y por eso, para que el plan funcione, desde el gobierno se busca sostenimiento financiero mientras se acomoda en la gestión de gobierno. Es un asunto delicado porque supone una fuerte apuesta al endeudamiento externo de la Argentina.

El gobierno Macri no duda en lograr nuevos fondos de deuda externa que le permitan atender el gasto fiscal a fin de este año. Lo considera necesario para asentarse, disputar consenso y relanzar el objetivo de máxima por una restauración conservadora que rechaza el pueblo argentino.

La gran incógnita es si el gobierno Macri estabiliza e incrementa el consenso electoral en consenso social para sus objetivos de fondo, o si se estimula una propuesta e iniciativa política popular que discuta el ajuste en curso e imagine la disputa por un orden social, económico y político alternativo, de contenido anticapitalista.

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015

- Julio C. Gambina, Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP.