Testimonialmente el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación –órgano coadyuvante de la Cámara de Diputados para la revisión de la Cuenta Pública, y que dispone de autonomía técnica y de gestión–, es demasiado importante.

Cada año la ASF hace significativas revelaciones a la opinión pública y publicada sobre el ejercicio del año anterior, con 14 meses de retraso. Pero nada más.

Con frecuencia las importantes conclusiones de la ASF no pasan del efecto mediático que logran, pero sin consecuencias prácticas porque no tiene atribuciones para ello –“dientes” le llaman–, y los diputados del Revolucionario Institucional y sus aliados del partido que no es verde y mucho menos ecologista, sino una pandilla de vivales, y Nueva Alianza de la política presa Elba Esther Gordillo, no tienen el menor interés en que el Legislativo supervise con seriedad el ejercicio presupuestal del Ejecutivo federal y de los estados.

Con todo, las revelaciones no solamente son útiles para ejercer el elemental “derecho al pataleo”, sino harto ilustrativas del manejo patrimonial del erario.

Gracias reportes de la ASF es posible reconfirmar que la mitad de los penales (federales y estatales) tienen gravísimos problemas de hacinamiento por el aumento en la tasa de la reincidencia de los reos y por el incremento de los delincuentes primerizos. Tal y como lo evidenció la matanza de 49 presos en Topo Chico, el 11 de febrero, con un gobernador apodado El Bronco pero mostró ineptitud ante la bronca.

En su análisis sobre el sistema penitenciario federal, a cargo de la Secretaría de Gobernación, la ASF planteó que la sobrepoblación en las cárceles es de 164 por ciento, a pesar de que se incrementó la infraestructura. Por cierto que con participación de grandes consorcios, al estilo gringo pero sin la transparencia de éste.

Las entidades que rebasaron el límite de población en sus cárceles son estado de México en primerísimo lugar, Nayarit, Hidalgo, Morelos, Jalisco y Distrito Federal. La prisión federal con más sobrepoblación es Puente Grande, Jalisco.

Para la ASF el sistema no cumple con su objetivo de lograr la reinserción social de los reclusos, y aseguró que el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social –encabezado por Eduardo Guerrero Durán, un funcionario que en Chihuahua eludía visitar las prisiones y cuando no le quedaba de otra lo hacía muy protegido–, propuso una reorganización que evite el alto índice de reincidencia delictiva.

“La reinserción social” de los prisioneros cada vez está más alejada del inexistente sistema penitenciario, si nos atenemos a la tesis del experto José Luis Musi de que “hay tantos sistemas como prisiones existen”, y que al decir de la ASF son “387 centros penitenciarios, con espacios disponibles para 203 mil 254 personas, pero la población es de 255 mil 638, con una sobrepoblación de 25.8 por ciento”.

La saturación de las prisiones es un factor importante, pero lo es más llenarlas literalmente, como dicen que lo hizo Marcelo Ebrard en el Distrito Federal, con jóvenes por portar un churro o “rateros” de alimentos, por presuntos delitos que si se cuantificaran en dinero no rebasan los 5 mil pesos.

Y si tales “delincuentes” son mezclados con doctorados en la comisión de ilícitos y que, además, imponen su ley en las cárceles, incluidas las federales de “alta seguridad”, como lo evidenció en dos ocasiones Joaquín Guzmán, entonces el Poder Ejecutivo le acerca materia prima a los jefes de la delincuencia para que formen nuevos cuadros.

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