Como un “aumento alarmante” considera la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en voz de su presidente, el número de las agresiones cometidas contra los defensores de los derechos humanos en México en la última década, los seis años de Felipe Calderón, el guerrerista que llevó al país a un baño de sangre para legitimarse en Los Pinos; y los 39 meses de Enrique Peña Nieto.

De los 380 expedientes abiertos de 2006 a la fecha, 70 por ciento se registraron en el último lustro. Del primero de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2015, la CNDH registró 25 homicidios, así como tres desapariciones desde 2009 a la fecha. Chihuahua, Guerrero y Oaxaca tienen el mayor número de agravios cometidos en contra de los activistas, incluyendo los homicidios, con nueve, seis y cuatro, respectivamente.

En el primer documento que sobre este tema emite la CNDH –indebidamente llamada ombudsman, defensor del pueblo, condición que aún no conquista– y que consta de 66 páginas, se informa de los agravios cometidos contra este grupo, así como los robos y allanamientos contra las oficinas de organismos civiles, lo que aunado al incumplimiento de las investigaciones “tiene implicaciones graves que lesionan a la sociedad y propician la repetición de este tipo de agresiones”. El cáncer de la impunidad que multiplica ilícitos y agravios ante el muy bajo riesgo de pagar las consecuencias jurídicas. Lo que Luis Raúl González Pérez llama “una enorme impunidad en la investigación de los hechos y una criminalización de este sector de la población”.

Por si no bastara lo anterior, en la recomendación general número 25, sobre agravios a personas defensoras de los derechos humanos, la Comisión Nacional señala que “hay un importante grado de subregistro en todos los casos de agresiones”, debido a que varias entidades a las que solicitaron información no la proporcionaron.

La recomendación de la CNDH cita observaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su visita in loco, realizada en octubre de 2015, donde refiere la situación de hostigamiento y amenazas que enfrenta este grupo de ciudadanos. Visita en base a la que se produjo el informe anual de la CIDH Situación de los derechos humanos en México, documento que generó un ruidoso y extraño desencuentro entre la Comisión Interamericana y el gobierno de Peña Nieto. Extraño porque el informe no contiene ningún juicio que no haya sido expresado por los organismos en derecho humanitario de la Organización de las Naciones Unidas.

La CNDH, por cierto, concluye que el Estado mexicano no ha atendido de manera puntual las recomendaciones emitidas por dichos comités internacionales para proporcionar protección eficaz a los defensores, cuyas vidas y seguridad corren peligro a causa de sus actividades. Y que las crecientes como también harto preocupantes agresiones provienen tanto de autoridades en los tres niveles de gobierno como de poderes fácticos (“los mercados”, les llama cínicamente Leo Zuckermann en el caso de las trasnacionales que bloquean al gobierno de Brasil), como la delincuencia organizada, lo que se documentó en varios casos.

“Tales condiciones ponen de manifiesto que la situación actual del ejercicio de las personas defensoras en nuestro país enfrenta diversos obstáculos y que su protección es deficiente, ya que no cuentan con garantías de seguridad para su desempeño”, asegura el informe de la CNDH.

Juicios que por provenir de un órgano autónomo pero del Estado mexicano, quizá tenga menos resonancia allende el Bravo y El Suchiate, pero indispensable resulta que lo atienda el gobierno que insiste en propalar sus buenas cuentas económicas con el espaldarazo de los banqueros que hoy, como durante la crisis financiera de 2008, multiplican utilidades.

Utopía 1651,.9-III-16

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