Introducción

Algunos condicionantes del abordaje de la conflictividad social.

Antes de entrar en materia, no está demás explicitar algunas de las principales condicionantes (institucionales y personales), que a mi criterio influyen en menor o mayor grado en el tipo de abordaje que se asume ante la conflictividad social en general y la conflictividad socio-ambiental en particular.

Desde la perspectiva estatal/gubernamental, quizá uno de los elementos de mayor peso en el tipo de abordaje que se le brinde a esta dinámica social, es la concepción que tengan sobre “gobernabilidad”, tanto por parte de las autoridades de turno como de sus equipos de “tomadores de decisiones”.

De ello dependerá la forma en la que ejecuten y operacionalicen sus políticas y acciones en torno a la gobernabilidad.

Dependerá en gran medida, si los estamentos dirigenciales del Estado y los equipos técnicos y políticos de la administración gubernamental de turno, abrazan, comprenden a cabalidad y asumen los compromisos políticos de la “gobernabilidad democrática”.

O, si por el contrario, asumen concepciones anti-democráticas asentadas en las viejas y reaccionarias tradiciones de la “ley y orden”, como residuos ideológicos del período histórico del imperio de la doctrina de la “Seguridad Nacional” y de los prejuicios asentados en la nociva noción del “enemigo interno”.

De manera coincidente, esta especie de “línea divisoria conceptual y política”, también resulta decisiva cuando se asume y aplica a nivel personal. El enfoque que el funcionario gubernamental, ya sea técnico, investigador, especialista o un mero burócrata involucrado en la temática por mera designación de sus superiores, asumirá sobre la conflictividad social y su abordaje, dependerá en una buena medida de la carga ideológica propia de este.

En otras palabras, tanto a nivel institucional, teórico como personal, no se puede hablar de un abordaje estrictamente “técnico” de la conflictividad social. No existe tal cosa, pues todo lo humano va teñido de subjetividad e intencionalidad política.

De tal manera, que aquí convergen al menos cuatro afluentes importantes: la naturaleza del Estado, la orientación política de la administración gubernamental de turno, la infraestructura jurídica, política e institucional con la que se cuente, y la carga ideológica del personal político y técnico encargado de la operacionalización de las políticas específicas en torno al abordaje de la conflictividad social.

Sobre estos asuntos particulares y peculiares habrá oportunidad de regresar más adelante.

La composición orgánica del fenómeno de la conflictividad social

Siendo en esencia la conflictividad social un fenómeno altamente dinámico y multi-causal, resulta evidente que su análisis y abordaje práctico requiere de una aproximación integral.

Más allá de lo que dice la literatura clásica y lo que dicen los teóricos más citados sobre la conflictividad social, cuando se aborda de manera práctica esta fenomenología, es decir, cuando se interviene en dicha problemática con objetivos que rebasan lo académico, y se buscan soluciones concretas y muchas veces apremiantes, uno encuentra al menos cinco factores causales claramente definidos y decisivos que inciden sobre esta fenomenología.

Cada uno de estos factores causales puede ser categorizado en una dimensión especial, y aunque en la práctica estos actúen de manera interrelacionada (en algunos casos y momentos unos pesando más y otros menos), al parecer pueden ser fácilmente diferenciados de la siguiente manera:

Primero: Los factores estructurales (histórico-sociales).

Segundo: Los factores políticos-transicionales de largo y mediano plazo.

Tercero: Los factores político- institucionales.

Cuarto: Los factores jurídico-políticos.

Quinto: Los factores coyunturales.

A su vez, podría decirse que cada uno de estos cinco factores causales posee un conjunto de componentes medulares o sustantivos que les dan concreción, orientación y dinamicidad. De manera sucinta y provisional, pueden identificarse algunos de ellos, según su nivel o dimensión.

Los factores estructurales (históricos-sociales)

Para el caso de Guatemala, como en muchos otros países de la región meso y latinoamericana, la extensa literatura histórica y sociológica que existe y ahonda al respecto, nos indica con claridad que la inequitativa distribución de la tierra y el acceso desigual al disfrute de los recursos naturales en general, más un conjunto de factores de índole socio-político, como el carácter multicultural y plurilinguistico (multinacional) de la sociedad guatemalteca, así como la secular carencia de legitimidad política de un Estado monocultural (proclive a privilegiar y promover el racismo), corporativista (elitario), concentrador y marginalizador (excluyente), forma parte de los componentes medulares que caracterizan, le dan direccionalidad y dinamizan los principales factores que componen la arquitectura socio-histórica, política y económica.

Estos componentes forman parte de lo que podríamos denominar “la raíz matricial”, desde la cual se derivan y dinamizan las distintas dimensiones del conjunto de la conflictividad social. Para el caso particular de Guatemala, esto se produce y reproduce de manera regular, sistémica y cíclica desde hace muchísimo tiempo.

En este sentido y nivel, el abordaje y la transformación resolutiva de la conflictividad social, sigue siendo una de las tareas históricas pendientes más importantes en el proceso de democratización del país.

Los factores político-transicionales de largo alcance y plazo

Para el caso particular de Guatemala, el principal componente de este factor lo constituye el proceso de transición política que se aperturó con la redacción y aprobación de una nueva Carta Magna en 1985, el retorno a la “normalidad democrática” con el gobierno de Vinicio Cerezo en 1986, y el fin del conflicto armado interno y la firma de los Acuerdos de Paz en 1996.

Este proceso de transición política de largo alcance y plazo constituye, de alguna manera, el principal marco político, jurídico e institucional en el cual se dinamiza la conflictividad social en las dos últimas décadas en el país.

Como factor de dinamización de la conflictividad social, su papel reside en ser precisamente, junto a los factores estructurales, el principal catalizador y propulsor de la explosión de demandas y reivindicaciones sociales, a un Estado que entra de lleno y manera simultánea, a un proceso paradójico de reducción de sus capacidades, junto al crecimiento exponencial de las expectativas y presiones de múltiples sectores sociales larga y profundamente golpeados durante y por la guerra.

Los factores político- institucionales

A su vez, la transición hacia la democracia derivó en la creación de un enjambre de políticas, instituciones, programas y proyectos estatales y gubernamentales, que en la práctica, han terminado de añadir más “combustible” al fenómeno de la conflictividad social, pues elevaron sustancialmente las expectativas de la población con relación a la capacidad de respuesta efectiva que debe de poseer el Estado.

Si a ello se agregan otros fenómenos sociales concomitantes, como el acelerado crecimiento demográfico y la creciente migración campo-ciudad de las últimas dos décadas, tenemos un cuadro que desemboca de lleno en una “tormenta perfecta”.

Los factores jurídico-políticos

Una consecuencia directa de la irrupción de una nueva institucionalidad producto de los acuerdos y del proceso post-bélico en Guatemala, es la creación de un considerable número de marcos legales y regulatorios de diversa naturaleza y nivel.

Ello produce un alto y fuerte efecto simbólico en la subjetividad del ciudadano de los distintos sectores. Revaloriza su papel político y en consecuencia eleva su auto-estima. Ello refuerza el empuje de sus demandas y reivindicaciones sectoriales, gremiales e identitarias, potenciando la capacidad de organización y movilización de amplios sectores sociales.

Pero también la existencia de numerosos vacíos en normativas legales (nacionales e internacionales), así como la no aprobación de leyes y reglamentaciones indispensables, también generan enormes tensiones sociales.

Los factores coyunturales

Por definición, podría decirse que están constituidos por aquellos eventos, fuerzas, presiones, tensiones o decisiones disruptivas, que emergen de manera inesperada en un momento dado (aunque con causas definidas), creando o propiciando conflictos sociales de diversa escala o impacto, con mayor o menor duración en el tiempo.

En teoría, podríamos pensar que el Estado de Guatemala (o cualquier otro Estado medianamente funcional), va atendiendo y “evacuando” con relativa facilidad este tipo de conflictos sociales.

Para el caso de Guatemala, al menos durante el lapso aquí analizado (2013-2015), esto no ha sido así. Es más, su frecuencia, cantidad, virulencia y reiteración ha ido en aumento, en especial, en la medida que el país entró en un acelerado proceso de crisis política e institucional a partir del año 2013 y que desembocó dos años más tarde en la crisis de gobierno que llevó a la cárcel al presidente y vice-presidenta de la república en la segunda mitad del 2015.

Muy a grosso modo y de manera provisional, quisiera decir que este conjunto y categoría de conflictos sociales han tenido dos fuentes de origen principales, siendo unas de carácter externo y otras de carácter interno (locales/nacionales).

De las fuentes externas como factores causales, una de las más relevantes tienen relación con el papel de poderosas empresas transnacionales, las cuales en los últimos años han llegado al país en calidad de inversores.

Una gran cantidad de estas empresas se han enfocado en áreas relacionadas con el usufructo extensivo e intensivo de recursos naturales clave, en particular, tierras para el cultivo de productos agro-industriales, utilización de cuerpos hídricos (ríos) para la construcción de hidroeléctricas, proyectos extractivistas (minería metálica), y exploración y explotación petrolera, entre otros rubros productivos.

La irrupción de estos agentes económicos externos (en alianzas muchas veces con inversionistas nacionales), se viene materializando en la gran mayoría de casos a través de un estilo ejecutivo y operativo abusivo y prepotente, en especial ante las comunidades rurales y grupos étnicos, generando con ello una altísima conflictividad de tipo socio-ambiental.

Otros aspectos de las consecuencias del accionar de estas fuentes internas como factores causales, se expresa a través de la enorme demanda de sectores campesinos por el acceso, recuperación regularización de la propiedad y usufructo de la tierra.

La otra categoría de casos donde intervienen fuertemente factores internos, tiene que ver con una abultadísima y recurrente cantidad de conflictos sociales originados en demandas específicas al Estado (en su nivel central y sub-nacional o municipal).

Estas van desde inconformidades por la falta de reparación de carreteras, demandas específicas ante las alcaldías, hasta las peticiones de vivienda, transporte, agua para el consumo humano, insumos para hospitales y reivindicaciones de carácter laboral-salarial del sector salud y magisterial entre muchos otros.

En resumen, estos cinco macro factores causales de la conflictividad social, no surgen, dinamizan e interrelacionan en el vacío. Han tenido (y tienen) un telón de fondo histórico de tres niveles; remoto (anclado en las herencias de la conquista y la colonización), de formación y desarrollo del Estado-nacional (elitista y marginalizador entre los siglos XIX y primera mitad del XX), y un tercero, originado en la crisis política de larga duración, fase iniciada en 1954 y que dura hasta el presente.

En consecuencia, abordar de manera seria y científica la esencia, el carácter y la lógica multidimensional de la conflictividad social en Guatemala, solo puede hacerse si se analiza esta fenomenología a partir de su naturaleza básica, la cual ha sido someramente esbozada aquí a través de la mención de su “composición orgánica”.

Sergio Barrios Escalante

Científico social e investigador. Editor de la revista Raf-Tulum y activista por los derechos de la niñez y adolescencia en la Asociación ADINA. Esta serie de reflexiones sobre conflictividad social y socio-ambiental forman parte de las conclusiones producto del trabajo institucional e inter-institucional del autor en la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH), entre el 2012-2015 en Guatemala.

https://revistatulum.wordpress.com/