La derecha venezolana ha iniciado los trámites para la solicitud de un referéndum revocatorio de Nicolás Maduro. El primer paso ha sido la recogida de un número de firmas igual o superior al uno por ciento del censo electoral, que se ha llevado a cabo en estos días. Posteriormente se tendrán que cumplir los requisitos que contempla la ley, entre los que destaca una nueva recolección de firmas, esta vez del 20 por ciento del censo.

Como no podía ser de otra forma, la recogida de firmas se llevó a cabo con total normalidad. Y como es habitual desde 1998, desde que Chávez ganara por primera vez, la derecha crispó el ambiente hasta límites inaceptables. La táctica es siempre la misma. Sus potentes terminales mediáticas difunden que el Gobierno va a suspender unas elecciones o no va a permitir una determinada actividad. Cuando las elecciones se convocan o esa actividad se pone en práctica, puesto que en ningún momento estuvo en la agenda del Ejecutivo cancelarlas, esos mismos medios de comunicación aseguran que el chavismo ha tenido que retroceder ante una presión popular totalmente inexistente puesto que si con algo no cuenta la derecha es con presencia en las calles.

Esta recogida de firmas ha sido un ejemplo más. La derecha llamó a una “Marcha sobre Caracas” para el 19 de abril. La escasa asistencia obligó a transformar esa supuesta manifestación multitudinaria en una reunión en un parque de la ciudad. No importaba. La convocatoria en sí ya daba argumentos a sus medios de comunicación –nacionales e internacionales, en ambos casos hegemónicos- para construir el relato de la protesta generalizada.

El episodio remite a  unas declaraciones que suele realizar Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, en las que afirma una y otra vez que el Gobierno accedió a permitir las elecciones legislativas del pasado 6 de diciembre gracias a la huelga de hambre que inició su marido. Estas afirmaciones las hace fuera de Venezuela, puesto que nadie en el país les da crédito. Sin embargo, sí tienen efecto en el contexto internacional, donde una audiencia desinformada asume esa falacia sin un contrapeso periodístico que la confronte.

El proceso del revocatorio va a estar jalonado de estas tensiones. A cada nuevo trámite le precederán las maniobras de desestabilización de la derecha y le seguirán declaraciones altisonantes de una presunta victoria de la gente sobre el aparato represor chavista. Poco margen de maniobra tiene el Gobierno más que atenerse a la legalidad. Las fuerzas son muy desiguales, especialmente en lo que se refiere a los medios de comunicación, esenciales en esta batalla.

El objetivo de la derecha con esta estrategia es que el referéndum se lleve a cabo este año, en contra de los plazos que marca la ley. Si se celebrara en este 2016 y Nicolás Maduro fuera destituido, habría que convocar nuevas elecciones al no haberse cumplido cuatro años del periodo presidencial. Pero si tiene lugar el próximo año –como claramente se desprende de una lectura no sesgada de la resolución del Consejo Nacional Electoral que regula los revocatorios-, no habría elecciones sino que asumiría el cargo el Vicepresidente del Gobierno y finalizaría el mandato. Los comicios serían entonces en 2019.

Este es el escenario que más teme la derecha y para evitarlo se instala, una vez más, en la alegalidad e, incluso, en la ilegalidad. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, fue muy explícito en una de sus primeras declaraciones tras tomar posesión. Calificó los trámites del referéndum revocatorio como “farragosos”, en un claro intento de posicionar la matriz de opinión de que hay que acelerar esos plazos.

De forma totalmente consciente, puesto que es un reconocido jurista, Ramos Allup obviaba que esos requisitos que el adjetivó como “farragosos” son absolutamente necesarios para garantizar la legitimidad de un procedimiento tan excepcional como es un referéndum revocatorio presidencial. La Constitución de Venezuela de 1999 es la única del mundo que contempla la remoción del Jefe de Estado (tan sólo esto bastaría para disipar cualquier acusación de autoritarismo hacia el chavismo). Una facultad tan trascendente necesita por fuerza de un rígido protocolo para salvaguardar no la figura del presidente al que se pretende destituir, sino de la soberanía popular que en su momento lo eligió. Por eso hay que recabar quórum, verificar firmas, poner un listón de votos igual o superior a aquel por el que fue elegido el presidente… Y todo esto precisa de unos tiempos determinados.

La derecha lo sabe, pero como no es funcional a sus intereses continúa con su táctica de plegarse a la legalidad cuando ésta le conviene y desconocerla cuando no le es favorable. Y Henry Ramos Allup lo sabe, porque él fue diputado en aquella Asamblea Constituyente de hace 17 años que redactó y aprobó el referéndum revocatorio, ese referéndum que ahora no tiene rubor en calificar como “farragoso”.

Alejandro Fierro/CELAG

http://www.celag.org/la-presion-popular-inexistente-por-alejandro-fierro/