En los últimos días, ha cobrado una fuerte presencia mediática el tema de la “tregua” con las pandillas de 2012, a raíz de la orden de detención, girada por la Fiscalía General de la República, en contra de varias personas vinculadas a esa tregua. Según algunas fuentes de prensa, sobre estas personas recae la acusación del delito de agrupaciones ilícitas e ingreso de objetos no permitidos a las prisiones. Hay quienes celebran esas detenciones y claman porque no se detengan, hasta llegar a todos los que, en la estructura del Ejecutivo, tuvieron algo que ver con el asunto. Hay quienes, por su parte, son más cautos y prefieren no alentar una “cacería de brujas” que daría pie a la sospecha de que se trata de una iniciativa fiscal motivada más por razones políticas que jurídicas. De todos modos, los acusados deberán someterse a un proceso judicial, al final del cual se determinará su culpabilidad o inocencia.

Cabe destacar que entre los sectores eufóricos con la decisión de la Fiscalía se encuentra el partido ARENA. Es curioso que desde este instituto político se esté alentando a las autoridades fiscales a perseguir y capturar a cuantos se vincularon a la tregua con las pandillas en 2012, obviando que también desde ARENA se hicieron negociaciones con las pandillas, en vísperas de las elecciones presidenciales de 2014 y presumiblemente después de las elecciones. Es decir, en ARENA también se buscó pactar con las pandillas asuntos relativos a la vida institucional del país, como se desprende del video en el que dirigentes areneros sostienen una reunión con líderes pandilleriles.

Así las cosas, y para ser coherentes con la aplicación de la justicia, la Fiscalía debería proceder a la detención de todos los miembros de ARENA que tuvieron tratos con las pandillas, acusándolos, en primer término, de “asociaciones ilícitas”, pero también de desestabilización política y sedición, pues cabe la sospecha de que la ola de homicidios que arreció desde 2014 tenía como finalidad debilitar al gobierno de Salvador Sánchez Cerén.

Como quiera que sea, estamos ante dos “pactos” con las pandillas: el primero, que dio lugar a la tregua; y otro, que emanó de los acuerdos que el partido ARENA realizó con dirigentes de pandillas. Si juzgamos al primero por su ilegalidad, no se ve cómo los segundos no deban ser medidos con el mismo rasero.

Incluso, jurídica y políticamente los acuerdos de ARENA con las pandillas revisten una mayor gravedad, ya que estaban orientados a debilitar a las instituciones (por ejemplo, en los cargos públicos avalados por las pandillas) y a generar inestabilidad política (por ejemplo, con la ola de homicidios propiciada para hacer tambalear al gobierno). Esa deslealtad política de ARENA con la sociedad y el Estado no debería pasar desapercibida por la Fiscalía General de la República.

En lo que se refiere a la tregua de 2012, no hay que olvidar la presión social y mediática para detener el alza en los homicidios. No es cierta la tesis de la derecha de que la violencia comenzó en 2009. Es un legado suyo, indiscutiblemente. Y el gobierno de Mauricio Funes –que nunca se comprometió abiertamente con la tregua— la vio como una posibilidad de contener la dinámica de homicidios desencadenada, al menos, desde 1994. Sobraron las voces que cuestionaron en su momento el mecanismo de la tregua con las pandillas, pero no su finalidad. Hubo quienes incluso se callaron sus críticas porque les parecía que bajar sensiblemente el número de homicidios bien valía correr los riesgos jurídicos y políticos de una tregua con las pandillas.

Sin tener en cuenta este propósito no se puede entender la tregua con las pandillas. No obstante, ello no es óbice para no indagar sobre sus fallas jurídicas o de otra naturaleza. Pero esta indagación debe ser apegada a derecho, sin estar guiada por presunciones de culpabilidad ajenas a la realidad. Y es que este tipo de presunciones son las que estimula ARENA en su último comunicado (fechado el 4 de mayo de 2016) a propósito de las detenciones realizadas por la Fiscalía.

Dejando de lado los puntos del 1 al 4 del comunicado, que se aplican también a ARENA por sus acuerdos con las pandillas en el marco de las elecciones de 2014, el punto 5 es falso, o al menos discutible, en lo que afirma en su parte medular. Dice así:

“Este pacto oscuro legitimó tácitamente la existencia y actos criminales de las pandillas, lo que les permitió expandirse territorialmente y multiplicar el número de sus miembros. Cedieron a los criminales el espacio para arremeter contra la vida y propiedad del pueblo salvadoreño, sometiéndolo a inhumanas condiciones de zozobra, miedo y abandono total por parte de las autoridades”.

Es una joya por lo que desconoce (o manipula). Digamos algunas cosas a los analistas de ARENA:

1) Las pandillas vienen expandiéndose territorialmente desde el cierre de los años noventa, si es que no desde antes y, asimismo, vienen creciendo en número desde esa época. Como indican algunos estudios, la criminalización que hizo ARENA de las maras fue un factor que contribuyó a su auge delictivo, su crecimiento y expansión territorial.

2)   Su expansión y crecimiento, pues, vienen de una época previa a 2012, y es difícil creer que las pandillas necesitaran de la tregua para seguir con una dinámica que habían desarrollado con bastante facilidad hasta entonces.

3)   Precisamente, era la zozobra generada por las pandillas –y su propensión a los homicidios— lo que se quiso corregir en ese momento, con un mecanismo que quizás no era el mejor, pero que ofrecía una solución inmediata a un problema que afectaba la vida de la gente.

4)   En ese momento, había un marco de ideas sobre la seguridad en el que el ataque frontal (represivo) al accionar criminal de las pandillas no era fácil de aceptar. En ese marco, la prevención, la reinserción, la apertura y la buena voluntad eran, entre otros, los criterios para contener el fenómeno de las pandillas o maras. No estaba afianzada su identificación como criminales peligrosos, que debían ser contenidos por el Estado en virtud de su derecho al uso de la fuerza para salvaguardar la vida y bienes de las familias salvadoreñas.

5) Ese marco de ideas dio pie, también, a realizar encuentros, conversaciones y acuerdos con los líderes de pandillas, los cuales no se consideraban ilegales, sino necesarios para disminuir su accionar delictivo y favorecer su integración social. Instituciones de distinta naturaleza, especialmente religiosas y educativas (cabe destacar, aquí, los esfuerzos de la UCA en algunos acercamientos entre las pandillas mucho antes de 2009), fueron parte de estas experiencias. De alguna manera, la tregua se inscribe en ese contexto, pero también el acercamiento de ARENA a las pandillas, con fines políticos.

Lo cuestionable en este último caso –y fue lo que movió a la opinión pública cuando se hizo público el pacto entre este partido y las pandillas— fue que se estuvieran negociando cargos públicos a conveniencia de estas últimas, e incluso la sospecha que se hubiera negociado un sabotaje al gobierno a través de un accionar más agresivo de las pandillas. Es eso lo que generó malestar, y no que ARENA se reuniera con las pandillas o pidiera su apoyo electoral, con el agravante de que este partido siempre ha proclamado un discurso antipandillas sumamente agresivo, incluso mucho antes de que las pandillas tuvieran la naturaleza criminal que tienen en estos momentos. Y, en la actualidad, son los niveles delictivos alcanzados por las pandillas los que han llevado a considerar un delito tener cualquier tipo de vínculo (o, siendo algo grave, realizar pactos) con las mismas.

            En tiempos anteriores a la presente gestión de gobierno, las conversaciones y diálogos con las pandillas se habían convertido en algo aceptable, más allá de lo que estableciera la legislación vigente. De alguna manera, eso abrió la posibilidad de pactar o buscar acuerdos con ellas, en un principio para su reinserción o, cuando menos, la reducción de su accionar delictivo, y después con fines políticos. Sin embargo, hoy por hoy, ni los acercamientos ni los pactos están permitidos, tal como se desprende de la decisión presidencial de perseguir con determinación a esos grupos criminales.

 En fin, más allá de las consideraciones anteriores, el asunto es que tenemos dos pactos con las pandillas en los que se, de alguna manera, se hayan involucrados actores institucionales. ARENA dice apoyar y exhortar a la Fiscalía General de la República para que profundice sus investigaciones sobre la tregua hasta determinar responsabilidades en todos los niveles. Eso vale también para su propio pacto con las pandillas. Dice ARENA que el FMLN no debe asumir ignorancia sobre la tregua; eso vale también para ARENA, que no debe asumir ignorancia sobre su propio pacto.  

San Salvador, 5 de mayo de 2016

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Un día después de redactada la reflexión anterior, el Periódico Digital El Faro publicó la nota “El FMLN hizo alianzas con las pandillas para la elección presidencial de 2014”, en la cual se revela una conversación entre el actual Ministro de Gobernación, Aristides Valencia, y representantes de pandillas, con el fin de llegar a acuerdos en torno al apoyo electoral de estas últimas, “al menos –como dice la nota de El Faro— para la primera ronda electoral de los comicios de 2014”.  Al respecto cabe decir, en sintonía con la argumentación de más arriba, que son las autoridades las que deberán pronunciarse al respecto, siguiendo –si procede— las investigaciones correspondientes en cada situación en particular, porque cabe sospechar que se trata de acercamientos (o pactos) de naturaleza distinta, en sus alcances e implicaciones sociales, políticas e institucionales.

Asimismo, cabe decir que los juicios del segundo comunicado de ARENA –fechado el 7 de mayo de 2016--, en el que pide la interpelación del Ministro de Gobernación, Arístides Valencia; la destitución del General David Munguía Payés; y la investigación del ex presidente Mauricio Funes, se aplican a ese mismo partido, pues si el FMLN “pactó con criminales”, lo mismo hizo ARENA, y en esa línea los acuerdos de ese partido de derecha con las pandillas estaban encaminados a debilitar al Estado y a “intimidar a los ciudadanos y debilitar su seguridad”.

Así las cosas, cuando ARENA pide a la Fiscalía General de la República, en este segundo comunicado, “dar prioridad total a la investigación de estos hechos”, quizás pasa por alto que sus dirigentes también deben estar en la mira de la investigación fiscal, pues fueron partícipes y gestores de acuerdos con pandillas.

Y es que, en efecto, es la Fiscalía General de la República la que debe determinar en qué medida esos acercamientos y acuerdos (o pactos) constituyen (o no) un delito; y son los tribunales los que habrán de concluir, con la absolución o la condena, el proceso iniciado por la Fiscalía. Cabe esperar que las instancias judiciales cumplan con su responsabilidad, siguiendo los procedimientos legales establecidos en este conjunto de hechos, en los cuales hay que tener el tino para hacer cumplir la ley como de debido.

San Salvador, 8 de abril de 2016