Desde hace mucho tiempo, la ética y el profesionalismo de las grandes empresas mediáticas han dejado mucho que desear. Su complicidad con la represión política y el terrorismo estatal y paramilitar de los años setenta y ochenta clama aún por la justicia debida. 

En el marco de la transición de postguerra, hicieron todo para que su oscuro pasado se olvidara y se autodefinieron como las valedoras de la democracia, aunque sus complicidades con las élites de derecha (económicas y políticas) no se debilitaron. Más aún, su apego a la democracia estuvo y está subordinado a esas complicidades, que son las que explican sus vaivenes éticos y profesionales desde 1992 hasta el momento actual. 

            En su momento de mayor alza –en un tramo de los años 90 y principios del 2000—, se ufanaron de una modernización tecnológica sin parangón en la historia del periodismo nacional. A la par de ello, dieron muestras de una relativa tolerancia, al abrir sus páginas a corrientes de opinión más moderadas. Fue lo más lejos que llegaron en este punto. 

En cuanto a sus conquistas tecnológicas, no tardaron en ponerlas al servicio –como en el pasado hicieron con las viejas imprentas que ocupaban sus talleres— al servicio de los intereses más mezquinos y nefastos. 

            Cuando se cae en la cuenta de la bajeza ética y profesional de la que hacen gala las empresas mediáticas salvadoreñas –en concreto La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy— es inevitable no ver la línea de continuidad que existe entre su pasado de complicidades con los poderosos y su presente caracterizado por complicidades de la misma naturaleza.  

Cuando una nota de primera página enuncia “Se prevé en El Salvador EL ROBO DEL SIGLO. Afectará a todas las familias salvadoreñas” es inevitable no recordar un enunciado como “¡¡HAGA PATRIA, MATE UN CURA!!” que se tradujo en asesinatos de hombres y mujeres de Iglesia. Este lema tuvo dos desenlaces culminantes y vergonzantes para la sus auspiciadores mediáticos, empresariales, políticos y militares: el asesinato de Mons. Oscar Romero y el asesinato de los jesuitas de la UCA, este último alentado por una campaña mediática de odio e incitación al crimen que hasta ahora no ha sido debidamente juzgada ni castigada.

            Y lo mismo dígase del asesinato de Mons. Romero: quienes desde las empresas mediáticas lo atacaron, denigraron y celebraron su muerte deberían estar tras las rejas. Tan simple y firme como eso. ¿Cómo se calificaba a Mons. Romero, mediante desplegados como los que ahora ven la luz en los periódicos citados, en aquel tiempo? Le llamaban “AGITADOR PROFESIONAL”. Y sus celebraciones religiosas como eran llamadas “MISA MITIN”. 

            En ese tiempo como ahora, esos ataques denigratorios e infundados se hacían al amparo del anonimato. En ese tiempo, como ahora, la finalidad era generar pavor e incertidumbre en la población. Por supuesto que la ética y el profesionalismo mediáticos eran algo inexistente en ese momento, tal como está sucediendo en la actualidad con la campaña sucia que las grandes empresas mediáticas están promoviendo en contra del gobierno de izquierda.

 Pero las grandes empresas mediáticas no sólo se caracterizan por violar la ética y el profesionalismo periodísticos; violan también la ley de manera grave. Porque esto es lo que sucede con la nota que continuación se cita: “UNA NUEVA AMENAZA: El Gobierno te quiera QUITAR tus ahorros de pensión. DIPUTADOS ¿LO VAN A PERMITIR? 

En un escrito periodístico como ese se viola todo lo que en un Estado de derecho debe respetarse. Primero, se miente, porque el Gobierno no puede (ni quiere) “quitar” los ahorros de pensión a nadie; segundo se fomenta un acto de sedición del pueblo en contra del Gobierno (y por ende en contra del Estado); tercero, promueve un conflicto entre dos Órganos del Estado salvadoreño, a partir de una mentira; y cuarto se genera miedo y incertidumbre en la población, en lugar de promover un conocimiento informado de la propuesta del Gobierno, lo mismo que de otras propuestas. En realidad, es abyecto lo que estos medios de comunicación están haciendo. Están causando un grave daño a la cultura cívica, al debate público y la mínima reflexión razonada y crítica que debe promoverse en una democracia.

            Por último, todo lo que se ha expuesto arriba no tiene la finalidad de convertir a los medios en “chivos expiatorios” de nada.  Es un examen crítico de su desempeño, del cual no deben ser eximidos. Su tradición de abusos, manipulación, amarillismo, fomento del crimen político (Mons. Romero, jesuitas, etc.) y su vocación para manipular a la opinión pública no deben ser toleradas. Otros problemas y otros actores del país deben ser analizados con igual rigor y determinación, pero no es legítimo apelar a esos problemas y actores para eximir a las empresas mediáticas del escrutinio crítico. Quien, siendo razonable y crítico, no se dé cuenta de lo bajo que están cayendo estas empresas, realmente seguramente está ciego.

San Salvador, 5 de febrero de 2015