Ante el cierre del segundo año de gestión del Presidente Salvador Sánchez Cerén es oportuno reflexionar sobre el modo cómo la derecha salvadoreña se ha posicionado ante el segundo gobierno del FMLN, en el periodo que va desde la toma de posesión, en junio de 2014, hasta el momento actual. No cabe la menor duda de que, ante el gobierno de Mauricio Funes (2009-2014), la derecha salvadoreña asumió comportamientos específicos, pero un análisis detallado seguramente revelaría aspectos recurrentes en dicho comportamiento respecto de ambos gobiernos. Queda ese análisis como tarea pendiente para futuros estudios. Por el momento, vale la pena fijar la atención, por lo menos en líneas generales, en lo sucedido a partir del 1 de junio de 2014.

Dicho lo anterior, es pertinente anotar que cuando en estas notas se habla de la derecha salvadoreña se distinguen tres expresiones suyas: la empresarial –representada en lo fundamental por la ANEP—; la mediática –representada básicamente por TCS, La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy— y la política –representada en lo esencial por ARENA. Otras manifestaciones de derecha (empresarial, mediática o política) se integran o se subordinan a cualquiera de esas tres expresiones.

Asimismo, hay que decir que aunque muchas veces esos tres segmentos de la derecha tienden confluir en sus discursos y comportamientos, en otras ocasiones pueden darse desfases e incluso generarse contradicciones en sus posicionamientos respectivos. También se debe señalar que el empresariado salvadoreño, pese a que en razón de sus intereses económicos se ubica en la derecha, no necesariamente o de manera incondicional se identifica con las posturas de la ANEP, El Diario de Hoy, La Prensa Gráfica o ARENA. El calor del debate político muchas veces lleva a perder de vista esas diferencias, con lo cual se pierden de vista matices importantes que pueden acercarse más a la realidad.

Y es la predominancia del discurso y comportamientos de la derecha empresarial (representada por la ANEP), mediática (representada por TCS, El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica) y política (ARENA) lo       que impide dar el debido peso a otros actores de derecha, a los cuales no les son ajenos el pragmatismo y el respeto a la legalidad. De vez en cuando hacen sentir su presencia en la vida nacional, pero no con la suficiente fuerza o con la suficiente disposición de desafiar a quienes se han convertido en los depositarios del ethos de derecha en El Salvador. 

De ahí que haya sido desde esta derecha –y no desde la derecha pragmática y respetuosa de la legalidad— desde donde se han fraguado distintos posicionamientos (nada pragmáticos y nada respetuosos de la legalidad) ante la gestión de gobierno de Salvador Sánchez Cerén.

De manera general, se pueden distinguir tres grandes posicionamientos entre 2014 y 2016: el primero, asumido justo en el momento de la victoria electoral de Salvador Sánchez Cerén y que continuó en los días y semanas inmediatos a su toma de posesión; el segundo, que abarca prácticamente todo el 2015; y el tercero que se suscita entre enero y marzo de 2016. Un cuarto momento se abre a partir de la elección de una nueva Junta Directiva de la ANEP (en abril de este año), siendo un hecho relevante en este contexto la reunión sostenida, el 11 de mayo, con el Presidente Sánchez Cerén. Sin embargo, en estos momentos, no hay claridad acerca de cuál es el (nuevo) posicionamiento de la derecha empresarial ante el gobierno.     

Dejando de lado la situación actual, desde el momento de la victoria electoral de Salvador Sánchez Cerén en segunda vuelta (marzo de 2014) hasta las vísperas de las recién pasadas vacaciones de Semana Santa (marzo de 2016) la derecha salvadoreña, en sus tres expresiones, puso de manifiesto un fanatismo (ideológico y político) que, por momentos, hizo recordar situaciones del pasado en las cuales la disposición al conflicto socio-político era lo normal.

Y, precisamente, ese fanatismo hizo que la derecha empresarial, mediática y política pasaran por encima, en diferentes momentos, de la legalidad del país. Fanatismo e ilegalidad se dieron la mano a lo largo del periodo que examinamos; y, en algunas coyunturas en particular, esa conjunción dio lugar a situaciones de riesgo para la paz pública y la convivencia democrática.

 Una de esas coyunturas críticas fue precisamente la que se generó con el triunfo electoral de Salvador Sánchez Cerén, y que sólo se apaciguó, relativamente, pasado un tiempo después de la toma de posesión del nuevo Presidente Constitucional de la República. Tal como como quedó registrado en la cobertura de prensa y en los análisis de la época, el triunfo electoral de Sánchez Cerén generó una reacción fuera de control por parte del candidato perdedor por ARENA, Norman Quijano, quien convocó a la militancia arenera a una movilización de calle, como muestra de su rechazo de los resultados de las elecciones.

Se vivieron momentos tensos entonces, pues se abrió la posibilidad de un conflicto socio-político de graves consecuencias para la sociedad salvadoreña. La madurez política de la dirigencia y militancia del FMLN fue crucial para que no pasara a más el desafío de calle lanzado por ARENA, aunque sectores críticos del país estuvieron prestos a denunciar lo peligroso que eran para la paz pública los desmanes de Norman Quijano y los suyos.   

A partir del 1 de junio de 2014, la derecha salvadoreña se concentró en fraguar el esquema de ataque en contra del nuevo gobierno. Mientras que este último dedicaba buena parte de sus energías a la elaboración del Plan Quinquenal de Desarrollo (2014-2019), en la derecha se definían los frentes de la ofensiva que, teniendo como propósito general la desestabilización del gobierno, permitiría a cada sector de la derecha –empresarial, mediática y política— jugar un papel específico.

Entre los frentes de ataque, destacan los siguientes: a) la situación de inseguridad, con énfasis en los homicidios; b) la difícil situación económica; c) la ética de determinadas figuras políticas de izquierda; y d) el desempeño, liderazgo y capacidad del Presidente de la República, a quien se quiso hacer responsable directo de la situación de inseguridad y de la dinámica económica del país.

En cuanto a los cuestionamientos a la ética de algunas figuras de izquierda –que fue desde el reparo de sus salarios hasta las acusaciones de corrupción—, la responsabilidad se endosó al FMLN en su conjunto, pues de lo que se trataba era de socavar la credibilidad del partido ante su militancia y, más en general, ante la sociedad salvadoreña.

A lo largo de 2015, cada sector de la derecha hizo lo propio en su campo de acción correspondiente. La derecha mediática puso su mejor empeño en dejar estampada en el imaginario colectivo la creencia de que nunca el país había estado tan mal en materia de seguridad y de dificultades económicas, y que ambas situaciones eran responsabilidad directa del Presidente Sánchez Cerén. En el tema de la violencia, los medios de derecha se las ingeniaron para generar zozobra colectiva, a partir no tanto del conteo diario de asesinatos, sino de la irradiación del mensaje de que cualquiera, en cualquier lugar y momento, podía ser una víctima de criminales que tenían doblegado al gobierno.

Desde la Asamblea Legislativa, ARENA asumió firmemente una postura de bloqueo a iniciativas encaminadas a dotar de recursos financieros al gobierno, para potenciar sus capacidades para el combate del crimen. Este proceder no se limitó al recinto legislativo, sino que trascendió hasta la Sala de lo Constitucional del Corte Suprema de Justicia que hizo lo propio para bloquear recursos financieros claves para la gestión del gobierno en el área de seguridad.

A su vez, voceros del partido o ligados, de una u otra forma,  al mismo ocupaban espacios mediáticos no sólo para difundir la tesis del fracaso del gobierno en materia de seguridad, sino para dejar incrustada en la mente de la gente la idea de que la inseguridad era culpa del gobierno y, en concreto, del Presidente Sánchez Cerén.

El guion fue el mismo para el tema económico. Las elaboraciones mediáticas sobre la difícil situación económica culminaban con la afirmación de la responsabilidad presidencial en la crítica situación económica. En la Asamblea Legislativa ARENA jugaba su papel bloqueando iniciativas –impositivas y de préstamos, por ejemplo— orientadas a propiciar un mejor desempeño económico y social.  

Y en ambos temas, la voz de la ANEP se hizo sentir con agresividad, fanatismo y una dosis alarmante de irracionalidad. Lo propio de esta gremial empresarial fue, en primer lugar, sostener que la inseguridad era un impedimento para el desarrollo económico; y, en segundo lugar, proclamar que el gobierno era incapaz de combatir el crimen y, por tanto, era incapaz de generar un clima económico favorable para la inversión nacional e internacional. A esos dos aspectos, se añadió una doble acusación: la de ser un gobierno que, por su filiación socialista, amenazaba las libertades empresariales; y la de ser un gobierno poco transparente que fomentaba la corrupción y el abuso de los recursos públicos.

En torno a cada uno de esos tópicos, la ANEP realizó verdaderas cruzadas no sólo de cara a influir en la opinión pública, sino para para llevar a la práctica sus apreciaciones. Por supuesto que en su lectura de la realidad nacional siempre hubo una gran ausencia: la historia del país, por lo menos desde 1989 hasta 2009.

Esta gran ausencia permitió que la ANEP hablara de inseguridad y de violencia sin referirse al fracaso de la gestión de ARENA frente a esas problemática; o que hablara de transparencia y corrupción –como sucedió en la ENADE 2016— sin hacer referencia a los elevados niveles de corrupción en los 20 años de ARENA.

Además, su lectura de la realidad en clave ideológica le impidió –lo mismo que a la derecha mediática y política— aceptar los modestos logros económicos del gobierno, incluso cuando estos ya eran evidentes. También su ideologización le impidió entender el sentido de los llamados al diálogo realizados por el Presidente Sánchez Cerén. Por su parte, las propuestas del gobierno en torno al aumento del salario mínimo y a la reforma de pensiones fueron un terreno abonado no sólo para que la ANEP pusiera de manifiesto sus fobias y prejuicios antigubernamentales, sino para que lanzara fieros ataques al Presidente de la República y a miembros del Gabinete de Gobierno.

Cabe presumir que desde el cierre de 2015 la derecha (en sus tres sectores) comenzó a preparar sus baterías para hacer imposible la culminación del segundo año de gobierno. Y es que 2016 inició con un clima de agresividad que hacía sospechar de una campaña bien orquestada encaminada a desestabilizar al gobierno e incluso a intentar un golpe de Estado.

A los ejes de ataque reseñados se sumó la estrategia de movilización coordinada de “sectores sociales” que en las calles exigirían la renuncia del Presidente Constitucional de la República. Todo ello animado y difundido a través de mensajes en redes sociales, mensajes en lo que se difamaba al Presidente, a funcionarios públicos y al FMLN. En las vísperas de la Semana Santa de 2016 el clima de tensión generado por esta ofensiva era ciertamente preocupante, sobre todo por las consecuencias que sobrevendrían si la derecha no se detenía en sus intentos desestabilizadores.

Un conflicto socio-político de envergadura se dibujaba en el horizonte del país, un conflicto que, de desencadenarse, pudo haber dado al traste con las conquistas democráticas obtenidas desde 1992. Quienes desde la derecha jugaban al golpe de Estado no parecían darse cuenta de –o nos les importaban las— consecuencias de su apuesta. Pero estas eran preocupantes para quienes sí estaban comprometidos con la democracia. El panorama, pues, era complicado. Y todo parecía indicar la derecha nos estaba llevando directamente a un conflicto, del cual iba a ser difícil salir.

Sin embargo, inesperadamente la coyuntura nacional dio un giro sorpresivo, cuando se divulgaron las conversaciones de dirigentes de ARENA con líderes de pandillas en el marco de las elecciones de 2014. El impacto de estas revelaciones fue tal que en el partido de derecha –pero también a nivel mediático y empresarial— se vio forzado a moderar sus posturas de sabotaje a los esfuerzos del gobierno en materia de seguridad.

Se trató de una moderación temporal, pues poco a poco este partido ha vuelto a tomar posiciones previas al destape de las conversaciones mencionadas. Ahora bien, el esquema de coordinación desestabilizadora, diseñado y puesto a operar al menos desde enero, parece que se trastocó hacia el mes de marzo.

Es posible que vuelva a activarse. Hay  que estar atentos a ello, pues se trata de un esquema no sólo peligroso para la estabilidad del país, sino antidemocrático. No se pueden obviar algunas señales de cambio en las filas de la derecha que pueden ser poco favorables a prácticas desestabilizadoras y antidemocráticas.

Una señal importante es el cambio operado en la Junta Directiva de la ANEP que podría dar paso a la expresión de dinámicas empresariales menos confrontativas y más dialogantes. Otra señal es la que se deja ver desde sectores de ARENA no sólo más pragmáticos, sino insatisfechos con la ética política de dirigentes que se atrevieron a pactar con líderes de pandillas temas que afectan la institucionalidad de El Salvador. Habrá que esperar a ver cómo se concretan esas señales a partir del 1 de junio, que es cuando la derecha salvadoreña seguramente comenzará a delinear de nueva cuenta las rutas de su comportamiento y discurso frente al gobierno.

San Salvador, 24 de mayo de 2016