La refrendación del Tratado de paz que se construya próximamente en La Habana, entre el gobierno de Santos y las Farc, debe ser el complemento del pacto del fin técnico del conflicto y la guerra que se consolida hoy 23 de junio en la capital de Cuba.

El plebiscito contaminado y viciado por los politiqueros oficialistas no es un buen punto de referencia para legitimar la paz. Hay que barajar nuevas opciones y de manera bilateral.

El documento sobre el “fin del conflicto”, que es el 3 de la Agenda temática de las conversaciones de paz de La Habana entre el gobierno de Santos y las Farc, que se firma hoy 23 de junio en la capital de Cuba, es el documento madre del proceso, pues aterriza los aspectos técnico políticos de la terminación de la guerra más prolongada en la historia nacional. Es la suspensión de los actos de fuego y hostilidades entre los contendientes. Por supuesto, ya hay casi 12 meses de tregua unilateral determinada por las Farc, lo que ha permitido que la población viva escenarios de paz similares a los de 1973.

Pero conviene llamar la atención que lo que se consensue hoy solo se hará efectivo con la refrendación del tratado final de paz, momento de inicio de la construcción de una etapa pacífica en el desarrollo nacional.

La refrendación es otro de los puntos polémicos aún pendiente de reglamentar en el marco de la bilateralidad que regula La Mesa de conversaciones. Un factor que perturba es el afán de imponer, por parte de Santos y la rosca politiquera del Congreso, un plebiscito contaminado por la corrupción, el clientelismo y la compra venta de votos, a la manera del podrido sistema electoral que prevalece en el sistema político.

En ese sentido, será necesario examinar con detenimiento el fallo que emita la Corte Constitucional sobre el mentado plebiscito para saber en que vía caminar, hecho que debe darse en los próximos días.

Este campo aún debe definirse en el bloque temático que se refiere a la Implementación, verificación y refrendación (ver http://bit.ly/1ntk4t5).

 En el Documento especial de La Habana, del 20 de agosto del 2012 (ver http://bit.ly/1ntk4t5), se determina que la firma del Acuerdo Final da inicio a la implementación de todos los puntos acordados. Lo que conlleva: a) Mecanismos de implementación y verificación; y b) Mecanismos de resolución de diferencias.

Igualmente se establece que se organizará un Sistema de implementación, dándole especial prioridad a las regiones. Y a la estructuración de Comisiones de seguimiento y verificación.

 Estos mecanismos tendrán capacidad y poder de ejecución y estarán conformados por representantes de las partes y de la sociedad, según el caso

 Adicionalmente se establecerá un acompañamiento internacional, un cronograma, un presupuesto, herramientas de difusión y comunicación, y, vean ustedes, “mecanismo de refrendación de los acuerdos”.

 A propósito de presupuestos y financiación de la paz, es bastante mediocre la previsión del gobierno en tal sentido. Se acaba de aprobar el marco Fiscal de Mediano Plazo, por parte del Ministerio de Hacienda y allí solo aparece un vago párrafo en la página 170 que dice lo siguiente: “Las inversiones habilitadas por la paz que han sido acordadas en La Habana son fiscalmente viables. Se requiere la coordinación a nivel interinstitucional en la esfera nacional y territorial para lograr la priorización del gasto. Dada la consolidación fiscal prevista para el mediano plazo en este documento, se espera que estas inversiones puedan realizarse de manera paulatina y dentro de los límites establecidos por la regla fiscal”.

Esta gaseosa redacción del documento fiscal más importante que se produce en Colombia, y en vísperas de firmar la paz, genera una gran frustración.