En la medida en que el proceso con las FARC se acerca a su final, aparecen tensiones en distintos protagonistas. Es lo esperable en una situación de este tipo que no es de poca monta, es ni más ni menos cerrar ciclos de nuestra historia y abrir nuevos con todo lo incierto que esto genera.

Lo que evidencian los acuerdos logrados entre Gobierno y FARC es un gran realismo de parte y parte. Eso era lo posible de pactar en las actuales circunstancias. Para algunos miembros de sectores de derecha de la sociedad, los acuerdos son demasiado premio para los guerrilleros, a ellos debemos decirles que no se puede hacer una negociación en la cual no se negocia nada, negociar es ceder para conseguir algo al mismo tiempo. Pero también en sectores de la izquierda, consideran que esos acuerdos no logran los cambios que ellos anhelaban y en esa medida se sienten un poco frustrados; a ellos hay que recordarles que no se trata de una ‘revolución por contrato’, que si quieren cambios de mayor profundidad y eso es legítimo, deben convencer primero a los ciudadanos por la vía democrática y lograr mayorías electorales.

Pero algo similar sucede con los guerrilleros, es indudable que ellos van a tener una profunda incertidumbre acerca de su futuro –no es cualquier cosa abandonar décadas de confrontación armada y aventurarse a la vida en democracia-, por ello ha sido normal en diferentes procesos de terminación de conflictos armados, que surjan disidentes que se marginan de los acuerdos, algunos con justificaciones políticas, otros con poderosas razones económicas y otros más porque consideran que su actividad conocida es la armada y que es mejor seguir en eso. Al respecto hay que confiar en la capacidad de mando y control de los dirigentes de las FARC sobre sus miembros –hasta ahora lo han demostrado- y finalmente a los que se mantengan como disidentes, pues la Fuerza Pública deberá enfrentarlos, dentro de la Constitución y la ley, con las políticas de seguridad del Estado.

También pueden darse incertidumbres en los miembros de la Fuerza Pública acerca de su futuro y algunos sectores se encargan de estimularlas –que les van a quitar primas salariales, que van a perder su trabajo, que los van a minimizar-; ellos deben tener claro que la sociedad colombiana requiere una seguridad adecuada para garantizar la vida normal y que requerimos políticas de defensa nacional en relación con nuestros intereses y soberanía nacional y en las dos cosas vamos a requerir de una Fuerza Pública moderna, actualizada en sus procedimientos, organización y doctrina y que por lo tanto van a ser fundamentales para el éxito del pos acuerdo. Pero es comprensible que existan dudas, inquietudes, preguntas, porque son lo normal en procesos de cambio. Casi siempre la continuidad es lo que da certeza, pero no siempre es lo mejor.

En relación con el ELN, tenemos grandes incertidumbres porque la pregunta inicial es, ¿quiere realmente el ELN entrar en un proceso de terminación del conflicto armado ahora, o quisiera esperar otro momento con la ilusión de llegar más fortalecido?

Igualmente, ¿el Gobierno está realmente interesado en un proceso autónomo con el ELN, o considera que ya hubo suficiente desgaste político con las FARC y que sólo le interesaría que el ELN se sume a los acuerdos de La Habana?

Si la respuesta a los anteriores interrogantes es positiva, habría fórmulas para resolver el impasse e instalar la Mesa Pública; se podría hacer una reunión formal reservada entre las dos delegaciones, acompañadas de un ‘tercero’ que podrían ser los países garantes, o la Comisión Facilitadora Civil, o un grupo colombianos que las partes escojan y busquen allí fórmulas para resolver finalmente el problema del secuestro que no hay duda la amplia mayoría rechazamos y a buscar fórmulas para un cese bilateral Gobierno-ELN para que las conversaciones se desarrollen en ese ambiente favorable. A veces los puntos de honor esconden incertidumbres o dudas.

Alejo Vargas Velásquez

Profesor Universidad Nacional