La pasada semana se hizo pública en Paraguay la sentencia por la matanza de Curuguaty, aquel extraño suceso ocurrido en junio de 2012 en el que once policías y seis campesinos murieron a balazos cuando las fuerzas de seguridad trataban de desalojar unos terrenos baldíos ocupados por colectivos agrarios. En Paraguay, la propiedad de la tierra responde a claves feudales. La nación guaraní sigue siendo, como escribiera Augusto Roa Bastos, un lugar de hombres sin tierra y tierra sin hombres.

El proceso judicial ha sido tan oscuro como la propia tragedia. Once personas, todas campesinas, han sido condenadas, algunas de ellas a penas de prisión que oscilan entre 35 y 18 años. El juicio, plagado de irregularidades y con los acusados en clara situación de indefensión, no aclaró la principal interrogante: ¿quiénes y por qué recibieron a tiros a los policías cuando desalojos similares se llevaban a cabo con frecuencia sin que ocurriera ningún tipo de incidente?

Curuguaty fue utilizado por la derecha paraguaya para dar el golpe de Estado institucional que derrocó al Gobierno progresista de Fernando Lugo. En un tiempo récord, apenas diez días después de la matanza, Lugo era desalojado del poder mediante un subterfugio constitucional denominado “juicio político”. La farsa escenificada en el Senado llegó hasta tal punto que en el escrito de cargos se señalaba que las acusaciones contra el presidente electo “son de pública notoriedad, motivo por el cual no necesitan ser probadas”.

A pesar de las reticencias expresadas por Unasur y Mercosur -Paraguay fue suspendido temporalmente de este último acuerdo comercial-, la Unión Europea acudió presta a dar su aval a los nuevos inquilinos del Palacio de López. Una vergonzante comisión de investigación euorparlamentaria realizó una maratoniana sesión de entrevistas -a Lugo, el presidente depuesto, le concedieron una escasa media hora- para concluir que todo estaba en orden. El golpe quedaba legitimado. Lo que el pueblo paraguayo había elegido en las urnas lo destituía un puñado de políticos. Como en Brasil.

Aquella asonada postmoderna se llevó a cabo con medios de comunicación en lugar de tanques. La simbiosis entre la prensa y la derecha fue tal que era imposible distinguir si aquella se hacía eco de las acciones de esta o bien era la segunda la que seguía las instrucciones de la primera. Del protagonismo mediático da cuenta el hecho de que los golpistas quisieron destituir a la dirección de la televisión pública antes incluso de que tuviera lugar el juicio político. La sede de la televisión se convirtió entonces en el símbolo de la resistencia al golpe, con miles de personas congregadas en el exterior en defensa de la legalidad democrática.

Faltaba el espantajo con el que asustar a la población y conminarla a que acatara el nuevo orden de cosas. Como tantas otras veces, este papel recayó en la demonizada Venezuela. Ya en el pliego acusatorio del Senado se establecía la “complicidad” de Lugo con el chavismo: “Pretende consolidar [Fernando Lugo] su anhelo de un régimen autoritario, sin libertades, con la aniquilación de la libertad de prensa y la imposición del partido único que profesan los enemigos de la democracia y los adherentes del socialismo del Siglo XXI”, en referencia a la etiqueta con la que el sociólogo Heinz Dieterich describió el proceso político venezolano.

La llegada de Nicolás Maduro, entonces ministro de Exteriores, a Asunción fue motivo de un enorme despliegue informativo con un sesgo más propio de la sección de sucesos que de la de política. Poco importaba que Maduro viajara integrado en la misión de Unasur en la que también estaban los cancilleres de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay, Lo único relevante era la presencia del enviado de Chávez, de quien se siguió todos y cada uno de sus pasos.

La estrategia para crear la paranoia chavista llegó hasta el surrealismo. En plena rueda de prensa de Carlos Filizzola, ministro de Interior de Lugo, las preguntas no giraron en torno a Curuguaty, sino sobre si Venezuela era o no una democracia. Filizzola hizo malabarismos argumentando que se trataba de “un sistema mixto”.

La historia se repite cuatro años después y en un país muy diferente como es España. Políticos y medios de la derecha proyectan sobre Podemos la sombra de Venezuela, caracterizada como una dictadura sanguinaria y un punto bananera, cosas del eurocentrismo. Las acusaciones sobre su financiación por parte del Gobierno venezolano -algo que sería delito, según la ley española- comenzaron desde la irrupción de este partido progresista en 2014. El gota a gota ha hecho su trabajo. Hasta un 51% de los españoles cree que Podemos ha recibido dinero de Caracas, de acuerdo a la encuesta postelectoral realizada por la propia formación. El sistema aplica el ventilador: todos somos corruptos, estos nuevos que han llegado, también… Y si todos somos corruptos, no hay castigo para nadie.

Tanto en el caso paraguayo como en el español sólo hizo falta un elemento con el que asustar al electorado y potencia de fuego mediático. Una vez logrado el objetivo, las cámaras apuntan a otro lado. En España ya no se habla de Venezuela. Paraguay vuelve a ser esa “isla rodeada de tierra”, de nuevo en palabras de Roa Bastos. La sentencia de Curuguaty apenas ha tenido eco en la prensa internacional. Ni siquiera la reseña el diario español El País, que en 2012 no dudó en desplazar a su jefe de corresponsales en Latinoamérica para dar testimonio de la caída de Lugo. El silencio es un aliado cómplice de la derecha. Así tampoco se informa de que Paraguay, bajo la presidencia del neoliberal Horacio Cartes, ha superado a Bolivia como la nación más pobre de América del Sur -esto es, sin contar con Centroamérica-, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

- Alejandro Fierro/CELAG

Disponible en: http://www.celag.org/paraguay-del-ruido-al-silencio/