*Guerrero, el ejemplo claro de que la estrategia no funciona

*La principal demanda de la sociedad es para vivir en paz

*El gobierno está obligado a brindar seguridad a la sociedad

Primero las contradicciones. “No hay varitas mágicas para resolver un problema tan complejo como el de la seguridad”, expresó el Secretario de Gobernación (Segob) Miguel Ángel Osorio Chong, el pasado miércoles 20 en el Puerto de Acapulco, en la reunión mensual del gabinete de seguridad en la entidad. “No ha sido fácil”, agregó, contener la violencia en la entidad, y hay “dificultades” en la estrategia puesta en marcha para atender la problemática.

Bueno. Cabe aclarar que nadie ha pedido varitas mágicas para resolver los problemas de la inseguridad ni en Guerrero otra entidad federativa del país. Así que no sabemos qué significa eso de las acciones ficticias, a que refiere el Secretario de Gobernación frente a la incapacidad de presentar acciones específicas y tendientes a solucionar tan complicado problema. Si bien, dice, que no es sencillo y por ello las dificultades de la estrategia para resolver la inseguridad.

No obstante, aseguró, “se está atendiendo lo que no se había atendido durante años”, y para ello regresará al estado de Guerrero una cantidad importante de elementos de la Policía Federal que fueron destinadas a otras entidades.

Para comenzar, tres considerandos: 1) Tanto Osorio Chong como el gobernador Héctor Astudillo anunciaron una “inversión conjunta de 200 millones de pesos para compra equipo, patrullas y contratar más policías para reforzar la Secretaría de Seguridad pública estatal”, y la llegada de la policía federal para retomar la vigilancia en los municipios; 2) Como no es sencillo, pues entonces el gobierno está avanzando —proceso legislativo de por medio— en lo que inicialmente llamó el presidente Peña Nieto el “mando único”, o el control policiaco municipal desde las entidades federativas porque los policías rurales están “infiltrados” por la delincuencia organizada —por lo mismo el gobierno está deslindando responsabilidades al declarar que “los estados tienen que fortalecer sus cuerpos de seguridad, porque las fuerzas federales no pueden estar permanentemente”—; 3) La situación en Guerrero no mejora, pues la reunión de gabinete ocurrió dos días después de una jornada violenta en Acapulco, donde se registraron seis muertos a plena luz del día —uno de ellos en plena playa Papagayo.

En fin. ¿Pero por qué si hay dificultades con la estrategia basada en el uso único de la fuerza y la militarización (es la que está fallando, porque es la única aplicada, ¿no?) la misma no se modifica? Reconociendo que el de la inseguridad es un tema complejo, ¿por qué entonces no se emplea una estrategia multifactorial, incluyente y consensuada? Más cuando se trata de un problema añejo, o no de la presente administración solamente, como es sabido.

¿Por qué seguir entonces con las mismas acciones de más policías, más equipo (el anuncio de los 200 millones de pesos conjuntos entre el gobierno estatal y el federal), más vigilancia policial (el Ejército al control de los C-4, así como el arribo de más policías), y no en cambio más prevención y procuración de los delitos, mayor inclusión y participación ciudadana precisamente “para recuperar el tejido social”? Confusiones en el discurso, contradicciones en la realidad.

El caso es que, como reconoció también el Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de Segob, Roberto Campa Cifrián el pasado 7 de mayo, la situación de violencia en el país “sigue siendo delicada”.

Los homicidios dolosos, de los 60 registrados el año anterior (2015) bajaron a 50 durante el presente 2016 (con medición a los primeros cinco meses del año)[1]; sin embargo, todavía en municipios de entidades como Michoacán y Guerrero las tasas de asesinatos superan en “tres veces” la media nacional. Diagnóstico oficial optimista.

Y la salida del funcionario, de cualquier tipo de hondura, es que el “avance general en materia de contención de la violencia”, todavía no se supera pues persisten “crisis locales” como las de Tamaulipas; por lo que es necesario “llenar los vacíos en materia de seguridad, procuración de justicia y sobre todo reforzar la atención social, para que no se repita la dinámica de que a la captura de un líder criminal le sigue la sustitución del poderío por otros delincuentes”.

Es decir, hacer precisamente lo que no se está haciendo ni aplica en el país, siquiera en los estados más violentos. De aquí también se desprende una doble circunstancia: 1) La criminalidad que no cede en el país y la percepción ciudadana así lo refleja, conforme mediciones del Inegi; 2) Las medidas adoptadas hasta ahora resultan insuficientes para contener el problema de la violencia en el país.

La misma conclusión que se desprende de las declaraciones oficiales, no de cualquier “oficial” sino de los responsables del tema en Gobernación. Es decir, que —atendiendo al primer punto— lo que reflejan las estadísticas es distinto al sentir ciudadano.

La tendencia a la baja que muestran los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre 2012 y 2014 respecto de los homicidios relacionados con el crimen organizado, así como un repunte en 2015 desde luego que no muestra mejoría en la percepción ciudadana, como lo veíamos antes (Ver: http://www.alainet.org/es/articulo/178908): En 2014 la percepción de inseguridad fue del 73.3%, en 2013 registró un 72.3%, el 2015 se mantuvo en un nivel similar de 73.2%.

Lo que significa que las personas no perciben una disminución en el peligro que les representa la violencia en las calles y en cambio sí se relaciona con la incapacidad e ineficiencia de las fuerzas policiacas que atienden el problema.

Todavía más: datos recientes de 2016 no son alentadores. Según el “Informe de víctimas de homicidios, secuestro y extorsión 2016” del SESNSP (con datos al 30 de junio de 2016), el reporte es que en el lapso de los primeros seis meses hay un registro de 18 mil 526 víctimas de homicidios dolosos y culposos, en las 32 entidades federativas; y de ese total, solo en mayo se registraron 3 mil 330 homicidios, una tasa superior a la registrada en los meses previos. El mes de mayo, el más violento del primer semestre del presente año.

Las entidades con mayor número de víctimas por homicidios dolosos y culposos, en dicho periodo, fueron en primer lugar el Estado de México con 1,524 y 254 en promedio mensual; Guanajuato con 1,504 o 250.6 promedio; Guerrero con 1,418 o 235 asesinatos en promedio al mes; así como Michoacán que registró 1,229 con 204 homicidios y Jalisco con 1,109 o 184.8 de los calificados dolosos y culposos. A la lista se suma el estado de Colima, con la tasa de homicidios más elevada por cada 100 mil habitantes, por arriba de Guerrero. Sólo el homicidio culposo registra un total de 8,225, donde los primeros lugares los ocupan: Guanajuato con 998 delitos, Michoacán con 645, Chiapas 504, Jalisco 498, Oaxaca 491 y México con 388.

También los datos del secuestro siguen siendo alarmantes: 144 en el Edomex, 90 en Tamaulipas, 67 en Veracruz y 58 en Guerrero. Solo en junio Edomex registró 11 secuestros, ocho Tamaulipas, cinco CDMX, tres en Veracruz y dos en Guerrero. Por lo que corresponde al delito de extorsión, el registro es de 2 mil 378 casos, 325 de los cuales ocurrieron en Edomex, 309 en Nuevo León, 302 en CDMX y 284 en Jalisco.

Se trata, en todos los casos, de la incidencia delictiva registrada en averiguaciones previas iniciadas o carpetas de investigación reportadas por la Procuraduría General de la República (PGR), sin considerar la “cifra negra”, o los delitos no reportados por falta de confianza en las autoridades o su carente respuesta a las denuncias presentadas.

Para continuar, ciertamente la estrategia del actual gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto se ha focalizado en la captura de capos, 94 de los 122 presuntos delincuentes puestos en la mira de las autoridades a escala nacional —10 objetivos (detenidos) de los 20 puestos como meta en Guerrero, al decir de Chong.

El dilema contra lo que no hay “estrategia” es que la detención o encarcelamiento de líderes de cárteles —sin otras acciones complementarias—, ha generado tanto la fragmentación de las mafias como su diversificación y expansión a la cometida de otros delitos. Los Zetas, el Cártel del Golfo y el Cártel de Tijuana son organizaciones a las que les han aparecido diversas células, todas muy violentas. Los Zetas fueron los primeros que cambiaron la dinámica del narcotráfico en México, al diversificar las actividades hacia delitos como el robo común, el secuestro y la extorsión.

Al respecto cabe decir que no falta quienes opinen que por esa medida gubernamental contra los capos cambió, tanto el mapa de los controles como las disputas entre las organizaciones delictivas. Es decir, que la detención de Joaquín El Chapo Guzmán y el regreso de Rafael Caro Quintero al tráfico de drogas, los ha metido en una confrontación violenta.

Además, que los sobrevivientes son solo dos carteles fuertes: el de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Los demás son sus ramificaciones, como se mira en el siguiente mapa.

Verdad a comprobar, el caso de Guerrero es que las mafias locales se disputan los sembradíos de amapola —circunstancia que quizá sorprendió a los mexicanos y al mundo, al quedar al descubierto claramente tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014—, en las diferentes regiones: a) en el norte destacan los “Guerreros Unidos” (antes aliados de Los Beltrán Leyva), disputando territorio a “Los Rojos”; b) en el centro “Los Rojos” (con presencia en Chilpancingo y Tixtla) pelean contra “Los Ardillos” (con predominio en la Montaña y Costa Chica); c) en Tierra Caliente, la disputa es entre “Los Granados” y “Los Tequileros” (ex aliados de Los Caballeros Templarios).

Y en tanto Acapulco, compromiso sin resultados del gobierno federal, padece la disputa entre “La Barredora” y el “Cártel Independiente de Acapulco”. Por tales acontecimientos es que los niveles de violencia e inseguridad no ceden en el Puerto de recreación más importante del país; y los empresarios, agrupados en torno a la Coparmex de Chilpancingo, han expresado que ya que como medidas de autoprotección adquirieron ya armas de fuego en el “mercado negro”, y el mismo interés está despertando entre empresarios acapulqueños.

En los estados de Guanajuato y Colima, siguiendo con el panorama nacional —siempre según la PGR—, también se encuentra el CJNG, un cartel que ha acumulado tal poder que es el de mayor expansión del presente sexenio. El 54% de los homicidios cometidos en Guanajuato son resultado de las ejecuciones del crimen organizado. En Colima el tema resulta aterrador. Con un incremento de homicidios desde septiembre del año pasado, este año tiene un 421% de aumento en homicidios, un 300% en secuestros y el 500% en extorsión. Entidad deteriorada por la presencia de las mafias.[2]

La situación en los fronterizos estados de Tamaulipas y Coahuila, así como Sinaloa, Chihuahua y Durango —donde se ubica el llamado “Triángulo Dorado”—, no es mejor porque tanto las víctimas como los desplazados son permanentes. De enero a mayo hay el registro de 527 víctimas de homicidio en Tamaulipas, territorio de Los Zetas. Los incidentes son parte de la disputa entre los carteles del Golfo y Zetas. En Coahuila, entre 2011 y 2013 fueron asesinadas 300 personas y la violencia sigue. En territorio sinaloense, en la segunda quincena de junio más de 300 familias se desplazaron por las disputas entre grupos armados.

En Sinaloa la violencia ha repuntado por dos motivos: la disputa entre el Cartel del Pacífico o Cártel de Sinaloa y de los Beltrán Leyva; al retorno de Caro Quintero, aliado con los Beltrán le disputan el control de Ciudad Juárez y algunas zonas de Chihuahua a Joaquín El Chapo Guzmán. En este estado, entre los municipios de Juárez, Delicias y Guachochi, se registraron 612 homicidios en el periodo señalado de enero a mayo.

Es por lo anterior, cabe decir, que en tanto no cambie la estrategia contra el crimen organizado, la inseguridad permanecerá. Porque las medidas adoptadas hasta ahora todavía no se reflejan en resultados esperados por la sociedad. Ahí están también los estados de Tamaulipas, Colima, Guanajuato, México y no se trata de meras “crisis locales”, como sugiere Campa Cifrián.

Lo menos es que la inseguridad se ha focalizado en aquellos estados de siembra (por ejemplo Guerrero y el Triángulo Dorado), trasiego (el resurgimiento de la vieja ruta del Pacífico y los puertos Manzanillo y Mazatlán) y cruce fronterizo (Ciudad Juárez, Tijuana, etcétera). Así como la disputa al Chapo Guzmán en sus propios territorios, desde que la violencia llegó a Badiraguato La Tuna, recientemente. Territorios en disputa al fin. La violencia no cede y la percepción ciudadana sobre la inseguridad tampoco.

Sigue faltando precisamente el trabajo de las instituciones en materias como la procuración de justicia y la atención social, dos acciones importantísimas para el mejoramiento de la seguridad pública. “Los datos no dejan lugar a dudas sobre el fracaso del Estado en su tarea de combate a la inseguridad”, dicen especialistas como Miguel Carbonell.[3]

Tal y como lo admitió el propio Miguel Ángel Osorio Chong, el pasado miércoles en Acapulco: No ha sido fácil combatir la violencia en la entidad, ha habido dificultades en la estrategia puesta en marcha para atender esta problemática. Pero lo mismo ocurre en todo el país. Nadie pide “varitas mágicas”, como propuestas concretas que toca al gobierno federal instrumentar.

La verdad es que siguen las carencias en materia de prevención, procuración de justicia y asistencia social, o lo hecho resulta claramente insuficiente hasta la fecha, como lo reconocen y hasta se contraponen las posturas de los propios funcionarios. Mientras tanto los carteles siguen haciendo de las suyas. El cultivo de amapola seguirá en pie, tanto en Guerrero como en el “Triángulo Dorado”, puesto que en territorio extranjero el mercado consumidor continúa demandante.

No es tiempo de contradicciones, puesto que con casi 10 años de estrategia calderonista el saldo es de muerte para los mexicanos y ya basta de cerrazón. En tanto el gobierno de Peña Nieto no atine a modificar la estrategia —pese a las evidencias más palpables—, la sociedad seguirá exigiendo vivir en la paz a que tiene derecho.

Julio 2016.

Reporte global

Twitter: @sal_briceo