La X Conferencia de las Farc, constituye un evento de la mayor trascendencia en la perspectiva de la terminación de la guerra y la construcción de una paz estable y duradera.

Son diversos los escenarios en que eso ocurrirá.

Es prioritario plantearse distintas cuestiones al respecto para que el análisis objetivo permita enriquecer el proceso de apertura democrática instalado con la Mesa de La Habana y sus correspondientes acuerdos.

El país entero presencia la movilización política de las Farc y la resistencia campesina y popular revolucionaria, en el marco de los acuerdos de paz firmados recientemente en La Habana.

La X Conferencia, máxima instancia de dicha organización, está en curso y las decisiones que allí se aprueben tendrán amplia repercusión en el rumbo que tome el campo político hacia el futuro.

La premisa de todo esto consiste en la decisión de suspender el uso de las armas en la controversia política y la lucha por el poder en todas sus manifestaciones sociales. La violencia no será el recurso para hacer prevalecer ideas políticas, religiosas o de cualquier otra índole. Postulado que compromete, ante todo, las elites oligárquicas dominantes, causantes de todas las violencias contra el pueblo para garantizar la perpetuidad de su dominio económico, social y político. La respuesta popular ha tenido siempre un carácter defensivo, expresada en la auto defensa y la guerra de guerrillas, como única manera de contrarrestar las periódicas campañas de exterminio, destrucción y desorganización de las clases subalternas.

Lo deseable es que la solución de los conflictos y la disputa por el poder ocurran sin el uso de la violencia contra el adversario. Lo deseable es que el monopolio de la violencia se de en términos democrático y de legalidad. Que los aparatos armados del Estado no sean manipulados por latifundistas, empresarios, banqueros, multinacionales y gamonales políticos para acrecentar y preservar sus aberrantes privilegios.

De no ser así, es probable que hacia adelante resurja la violencia política en la lucha que caracteriza el conflicto social.

Respecto de la movilización política civil de las Farc, que a mi juicio no contradice, pues la complementa correctamente, su histórica movilización político-militar, conviene formularse las siguientes preguntas: ¿Cuáles serán los escenarios en que la misma ocurrirá? ¿Será su formato el clásico de los partidos políticos o más bien se explorara un instrumento político de las masas en el que confluyan las distintas expresiones del movimiento popular y de la sociedad civil democrática? ¿Cuál será su horizonte de sentido y su programática de acción? ¿Cuál será su estrategia electoral de corto plazo y cual su estrategia política en los términos del ciclo que se inicia con el fin del anterior pautado por la Constitución de 1991?

Estas y otras preguntas es prioritario abordarlas en un análisis y un debate abierto y lejos de rigideces o posiciones dogmáticas como lo demanda la coyuntura de la “apertura democrática” conquistada por las prolongadas negociaciones entre el gobierno y las Farc, desde el año 2011, la cual se incluye en el histórico Acuerdo para poner fin al conflicto social y armado y construir una paz estable y duradera.

Respecto de los escenarios de dicha movilización es posible identificar los siguientes:

Primero. El del Estado y las instituciones gubernamentales es el más notable y contundente. La propia Mesa de conversaciones en funcionamiento desde agosto del 2012, con los delegados plenipotenciarios, es el punto matriz de una disputa que hoy se proyecta en las instituciones pactadas como el bloque de constitucionalidad, el paquete de leyes Fast Track en el Congreso, las facultades especiales de paz del Ejecutivo, el Acuerdo especial humanitario radicado en el Consejo Federal Suizo y el Consejo de Seguridad de la ONU, el Fondo de Tierras, el Tribunal Especial de Justicia, el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, Ecomun, el cuerpo elite contra el paramilitarismo y la corrupción de los gamonales, la Comisión de garantías, la Comisión de Verificación, el Consejo Nacional de Seguridad para la paz, la representación en el Consejo Electoral, los derechos de la mujer, los derechos de las comunidades étnicas, la actualización del catastro rural, las emisoras comunitarias, las zonas campamentarias y de ubicación, el foro para establecer las bases de garantías para los Movimientos sociales, la Ley de amnistía e indulto, la erradicación manual de los cultivos de uso ilícito y otro grupo de instituciones y entidades de nivel estatal y gubernamental en los que se radica un compromiso puntual sobre la paz.

Segundo. La refrendación y legitimación de la paz mediante el plebiscito convocado para el próximo 2 de octubre, que compromete un amplio espectro de fuerzas políticas en abierta controversia con los sectores más retardatarios que abogan por la guerra y la confrontación violenta. Por lo visto, el Plebiscito por la paz y la vida liquidará el núcleo más siniestro de la vieja y retrograda política de los gamonales y negociantes de la guerra, que encarna el ex presidente Uribe Vélez y su camarilla de politiqueros.

Tercero. La ruta de la dejación de las armas y los protocolos que regulan el Cese al fuego y de hostilidades bilateral y permanente, las zonas de ubicación y campamentarias, así como la presencia de los delegados guerrilleros en la vida pública local, regional y nacional, en acciones de pedagogía y agitación programática, suponen, en la práctica, una nueva función de los organismos armados del gobierno. Ejército y policía quedan inmersos en sentidos no convergentes con los códigos de la contrainsurgencia anticomunista. Generales y otros oficiales de las Fuerzas Armadas conocen de primera mano los análisis y explicaciones de los líderes guerrilleros sobre las causas y motivaciones de su larga gesta revolucionaria. Tiene la oportunidad de trascender la retórica de las guerras contra el terrorismo y el enemigo interno, implantada por los asesores gringos y los fanáticos de la extrema derecha reaccionaria nativa.

Respecto de los desafíos en lo que tienen que ver con los formatos de la acción de masas resulta apropiado plantearse la pertinencia o inutilidad de las tradicionales organizaciones partidistas de la acción política liberal. Los partidos son infraestructuras propias de la dominación burguesa, organizados como clubes o directorios de garaje, para desplegar la manipulación electoral mediante los recursos del clientelismo y el soborno al elector. Agréguele que el neoliberalismo ha profundizado su descredito e inutilidad como instrumentos de intermediación.

En tal sentido, conviene explorar en la experiencia postneoliberal reciente, otras estructuras con mayor capacidad de convocatoria y organización. Un instrumento político en el que converjan movimientos populares, sindicatos e izquierdas sociales y políticas, bien podría ser una metodología adecuada que proyecte, en una visión estratégica, la marcha popular y de la multitud, hacia un nuevo poder transformador y revolucionario que perfile las bases de nuestro socialismo.

Los retos son mayúsculos en esta materia. Los riesgos son enormes por causa de ciertos lastres dogmáticos, burocratizantes y de un hegemonismo mal entendido que bien pude estar capturado por los vicios de la partidocracia oligárquica: compra de votos, amiguismos de compadres y comadres, camarillas cerradas y grupúsculos sectarios.

Por lo pronto, tenemos un conjunto de factores para la transición como son la representación en las cámaras legislativas con 6 voceros sin voto, la elección de 10 parlamentarios en el año 2018, las 16 circunscripciones electorales especiales, el Estatuto de la Oposición, las partidas presupuestales indicadas, un Canal de televisión para la paz, las emisoras comunitarias, la reforma electoral, un Instituto de pensamiento, un organismo de difusión programática y un amplio sistema de garantías y seguridad para hacer frente al paramilitarismo y los grupos criminales de la ultraderecha.

Desde luego, todos estos son problemas que deben resolverse en el marco de los códigos establecidos en el texto del Acuerdo pactado para construir la paz y que será oficializado el próximo 26 de septiembre por las partes en la ciudad de Cartagena.

El Pacto, tan odiado y detestado por la ultraderecha, es la fuente de sentido político en el ciclo que despega con una un protagonismo sustancial de la resistencia campesina, popular, social y democrática.