En el país de la simulación pública y privada por excelencia, se impusieron las cuotas partidistas del Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática (sumamente mermado en presencia pero muy consentido) y Acción Nacional para designar en el Senado a tres magistrados que a partir del 4 de noviembre fungirán como tales y hasta 2025 en el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación; dos más laborarán los próximos seis años y otros dos por tres años hasta que la cúpula de la partidocracia, apropiada de la representación popular y federal, reforme la ley para ampliar los plazos de su gestión que juran será imparcial.

De acuerdo con información de los más y menos oficialistas medios, todo se amarró en la Junta de Coordinación Política, bajo la batuta del poderoso e impresentable Emilio Gamboa con los coordinadores panista y perredista.

Por supuesto que los designados rechazaron ser producto de las cuotas partidistas y negociaciones de los padrinos del Senado, juraron que actuarán con imparcialidad de la que dieron muestra sus antecesores, los que calificaron la elección 2006, la de Felipe Calderón que millones de ciudadanos aún estiman fraudulenta e incluso en 2012, cuando el presidente del TEPJF, Alejandro Luna Ramos –padre de Jorge Luna Fandiño, acusado ministerialmente por la antes pintora y hoy escultora Colette Louise Wall de “robo y amenaza”–, no guardó el más mínimo recato para felicitar al presidente electo Enrique Peña Nieto y lo embistió para abrazarlo como si el triunfo fuera de ambos.

El hecho es que la mayoría de los magistrados “electos” por el Senado obtuvieron entre 96 y 97 votos, excepto José Luis Vargas Valdez, con 95, e Indalfer Infante González, propuesto por el PRD y electo con 88 votos. Los petistas Manuel Bartlett, David Monreal y Layda Sansores invalidaron sus votos.

Simulación es también que tras negociaciones en la Secretaría de Hacienda y la Comisión respectiva de la Cámara de Diputados, se aprobaron los dictámenes de la Ley de Ingresos de la Federación 2017, con la creación de una bolsa adicional de 51 mil millones 380 millones de pesos, de los cuales 10 mil millones tienen el propósito de garantizar los recursos del ramo 23, que dotará a cada legislador con 20 millones de pesos para obras de infraestructura en sus distritos. Todo ello bajo el supuesto de que el tipo de cambio sufrirá una depreciación al pasar de 18.20 a 18.62 pesos por dólar, mientras la producción petrolera contempla un aumento de 19 mil barriles diarios, medidas que en conjunto representarían 17 mil 360 millones de pesos. Y que la eficiencia recaudatoria del Sistema de Administración Tributaria aportaría los 34 mil 10 millones de pesos restantes. Supuestos sin ningún sustento.

Como juegos de simulación son los ejercicios retóricos que realizan Renato Sales y Roberto Campa para eludir que durante septiembre fueron denunciados en el país mil 974 episodios de homicidio doloso, la cifra mensual más alta en lo que va del sexenio, apenas 157 casos menos del pico histórico de asesinatos, registrado en mayo de 2011.

Y, finalmente, el reconocimiento quejumbroso de Peña Nieto: “Ha habido distintas agrupaciones que han querido desinformar, manipular los hechos. No hay algún lugar al que he ido, al interior, al exterior... yo no sé si lo hacen de forma genuina o algo los mueve, pero lo que siempre encuentro en ellos, a distancia siempre, es gritarme ‘asesino’”. Y él simula no escucharlos y no importarle.

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