“La función de la ideología no es ofrecernos un punto de fuga de nuestra realidad, sino ofrecernos la realidad social misma como una huida de algún núcleo traumático, real”.

Slavoj Zizek

Cada quien mantiene su lectura de lo ocurrido el 2 de octubre en Colombia. No es fácil aceptar la realidad. Seguir aferrado al pasado y “corregir sin cambiar”, es la reacción corriente. Es la actitud que asumen –sobre todo– los dirigentes. Solo un número mínimo de personas se sintieron realmente afectadas por el sorpresivo triunfo del NO. Entre ellas, los jóvenes que se expresaron con las marchas masivas pero no sostenidas. Acto reflejo ante el temor de que se perdiera lo avanzado. La reacción inmediata fue presionar a Santos, Uribe y a las FARC, lo cual se corresponde con los resultados del plebiscito leídos en términos prosaicos y simples: “¡Resuelvan ese entuerto entre ustedes!”. Es lo que se ha hecho y se va a seguir haciendo en el Congreso.

Santos y las FARC no aceptaron su derrota. No podían. Las presiones externas, los peligros de mantener un cese de fuegos en un clima de tensión, los aprietos fiscales del gobierno, la proximidad del debate electoral de 2018, las negociaciones con el ELN, el triunfo de Trump, la posibilidad de que las fuerzas del NO –que obtuvieron un triunfo pírrico– se crecieran ante la duda, y la necesidad del Presidente de llegar con un acuerdo definitivo a Estocolmo el próximo 10 de diciembre, los obligaban a aferrarse a lo acordado. Por ello, remendaron los acuerdos con cambios de forma (uno que otro de contenido), cerraron el candado y botaron la llave. No tenían más margen de acción.

Y del otro lado, Uribe y los supuestos representantes del NO, no entendieron ni podían asimilar su “triunfo”. Tanto al interior del Centro Democrático como dentro de la afanada y vacilante coalición que se formó, no tenían claro cómo actuar ante la nueva situación. La amenaza “castro-chavista” había quedado reducida a un fantasma. No podían negarse al diálogo para no quedar como obtusos saboteadores de la paz pero, a la vez, no querían forzar negociaciones porque sabían que sus principales objeciones son obstáculos absolutos e insalvables para el cierre concertado del fin de la guerra. Por ello aceptaron el mecanismo de ser “solo” consultados y aunque ahora se muestren inconformes con los “remiendos” y los califiquen de “conejo”, no tienen más que patalear como niños malcriados o aceptar lo nuevamente firmado.

El verdadero “pacto entre cúpulas” ya se hizo a espaldas de la Nación. El nuevo Fiscal General y el Procurador, recientemente elegido con el apoyo del Centro Democrático y de casi todas las fuerzas políticas, son los garantes del “acuerdo entre élites”. De acuerdo con todos los señuelos y despistes enviados en estos días, las presiones judiciales en el país y en el extranjero, las nuevas filtraciones de inteligencia, los tires y aflojes, se trata de garantizar la impunidad total a todos los responsables de los crímenes cometidos al calor o bajo la cobertura del conflicto armado. Perpetradores, financiadores y ejecutores, todos tienen asegurada la impunidad. Es la esencia del lánguido fin de una “guerra sin alma” en donde, como siempre, la verdad es la principal perdedora.

Las FARC pusieron al gobierno de estafeta y lograron mantener los elementos sustanciales de lo acordado, sin mayor problema. Aprendieron rápido de los errores que cometieron al involucrarse en la mecánica del plebiscito. Por ahora, son los evidentes ganadores. Será la población la que más adelante, en la lucha política abierta y legal, los acepte, premie o condene. Es el gobierno y sus negociadores los que quedaron mal parados. Y ellos lo saben pero –a lo Lacan– mantienen su papel. Al final salió a relucir el ethos mafioso y corrupto que todo lo corroe y mancha.

La imagen que se vendió al mundo de un “proceso de paz” histórico y trascendental, ha terminado seriamente lastimada. Consciente de ello, el presidente Santos anunció la firma del acuerdo “ahora sí definitivo”, un sábado a las 8 de la noche. Prefiere el bajo perfil a seguir haciendo el ridículo. La bandera de la paz levantada por el gobierno en sus últimos 6 años, la máxima y casi única realización de su administración, no entusiasma. Son los riesgos de haber hecho la fiesta entre élites y a destiempo. Pero igual, los que se quisieron colar en la fiesta a última hora, no saben si quedarse o ausentarse. De todas maneras, unos y otros quedaron descuadrados.

La enseñanza que nos queda es que la fuerza política y social que tienen las guerrillas en Colombia no da para que a las negociaciones que se realicen para su desmovilización y reintegración a la vida civil y a la lucha política legal, se le “cuelguen” reivindicaciones sociales y políticas que le corresponden a la sociedad sacar adelante. Garantizar la seguridad de los guerrilleros y las condiciones políticas para reincorporarse a la sociedad, deben ser los aspectos fundamentales de dichos procesos. Lo prudente y correcto es aceptar la realidad y no querer sacar réditos políticos de unas negociaciones que poco les interesan a las grandes mayorías. Debe ser parte de las lecciones aprendidas.

Cuando se pretende estirar un caucho más allá de su resistencia, siempre se termina lastimado. El problema es que la Nación y el pueblo son los que terminan sufriendo las heridas.

Popayán, 17 de noviembre de 2016

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