Los pueblos originarios siempre la tuvieron muy difícil en nuestro país y el continente “descubierto” por Colón. Los mapuches, mal vistos aquí y en Chile, fueron reprimidos y la están pasando mal con Macri y Das Neves.

Unos 60 millones de indígenas murieron fruto de la Conquista española, luego que Cristóbal Colón “descubriera” América. Las comillas no quieren impugnar su viaje sino la visión colonizadora, recalcando que estas tierras y esta gente tenían una prolongada vida previa.

El posterior desarrollo del capitalismo declaró más guerras a los originarios. En Estados Unidos el 7° de Caballería ganó su triste fama combatiendo hacia el Oeste y reduciendo aquellos pueblos a vivir en reservaciones que poco se respetaron. Y en nuestros pagos, primero el “nacional” Juan M. de Rosas y luego el “liberal” general Roca completaron la sucia Campaña del Desierto, con una saña más feroz que la del general norteamericano Custer, quien de todos modos perdió algo más que la cabellera ante el siux Toro Sentado.

En Buenos Aires, Río Negro y Chubut los militares arrasaron con los indios, en una línea genocida muy distinta a la que relata en su magnífico libro “Excursión a los indios ranqueles” el general Lucio V. Mansilla, un buen negociador. Roca, obedeciendo a la Generación del ´80, mató a buena parte de los originarios y se llevó sus mujeres para entregarlas como sirvientas a las familias pudientes de Buenos Aires, como describió Osvaldo Bayer. Otros fueron como muestras exóticas a Europa, como en zoológicos, o a servir como piezas de museos.

En ese entonces la idea, en Norteamérica y aquí, era “unificar” un solo mercado, de marca seudo nacional. Es lamentable que historiadores populistas-trotskistas como Jorge Abelardo Ramos justificaran esa obra de Roca con el manto de la “unidad nacional”. La que salió gananciosa de esa Campaña del Desierto fue la oligarquía y burguesía comercial, de la mencionada Generación, con un modelo semicolonial dependiente del Reino Unido.

Según Bayer, la familia Martínez de Hoz se apropió en el curso de aquella campaña 2 millones de hectáreas. El historiador soportó a pie firme las demandas judiciales de los herederos de esa familia que volvió a fundir el país en 1976 con José Alfredo, alias Joe.

Y esta parece una historia de nunca acabar, porque el 10 de enero pasado 200 gendarmes enviados por el gobierno de Mauricio Macri, vía ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, atacaron a la comunidad mapuche de Pu Lof, en Cushamen, Chubut. Allí reprimieron y golpearon a hombres y mujeres, aterrorizaron a niños y se llevaron diez detenidos, algunos heridos.

La tierra

¿Cuál es el punto de coincidencia entre esta actualidad y la historia mencionada? La tierra, los negocios inmobiliarios y rurales. Ayer se favoreció a Martínez de Hoz y lo más granado de la Sociedad Rural “Argentina”, incluyendo estancieros británicos. Y hoy la represión cayó sobre los mapuches para asegurar que el italiano Luciano Benetton dispusiera a sus anchas de tierras compradas a bajo precio en tiempos menemistas y pudiera circular el tren turístico “La Trochita”, por un territorio que la comunidad de Cushamen reclama como históricamente suyo.

Los empresarios textiles Benetton no son unos pobres minifundistas. El suyo está catalogado como el mayor emporio terrateniente en Argentina, con un millón de hectáreas.

Y a la luz de la represión desatada el 10 y 11 de enero pasado, cuando fueron detenidos otros miembros de la comunidad y privados de parte de su ganado por suponerlo robado, se comprueba que don Luciano goza del apoyo firme de los gobiernos, por lo menos del de Carlos Menem y el de Macri, y seguramente algún otro del período intermedio. Los kirchneristas dirán que en sus doce años no fueron cómplices del terrateniente y pusieron límites a la propiedad foránea, pero tampoco le expropiaron ni una hectárea. Y los gobernantes de Río Negro y Chubut, como Soria y Das Neves, alineados oportunistas con Néstor y Cristina, fueron obedientes al latifundista.

Los terratenientes no tienen solamente muchas hectáreas y aceitados vínculos con el poder político; también cuentan con las balas del Ejército antes y de la Gendarmería y policía provincial hoy.

Y eso no es todo. La represión en Lof Cushamen contó con la orden del juez federal Guido Otranto, aunque sólo había autorizado a retirar los troncos que obstruían las vías de La Trochita. Y el operativo posterior, donde hubo detenidos e incautación de ganado fue dispuesto por el juez provincial José Colaballi.

Es como si Luciano Benetton hubiera sido un atento lector del Martín Fierro. Al menos aprendió bien el pasaje aquél de “Hacéte amigo del juez, no le des de qué quejarse, que siempre es bueno tener un palenque en qué rascarse” (el cronista lo cita de memoria, no textual).

El sur patagónico parece estar de temporada y también hubo novedades en El Bolsón, Río Negro. El detonante fue algo similar al dominio terrateniente del italiano en Chubut, en este caso del magnate inglés Joe Lewis, amigo del presidente MM, quien vacaciona en sus propiedades. Lewis había obtenido un permiso muy polémico del concejo deliberante de El Bolsón, a fines de 2016, para un emprendimiento empresario en una zona elevada donde nacen ríos y arroyos y que por eso afectaría a toda la comunidad que vive aguas abajo, sus cultivos y poco ganado.

Lo bueno es que el 8 de enero fueron más de 10.000 personas las que se movilizaron en El Bolsón repudiando esa autorización a Lewis. También presentaron amparos judiciales y al cierre de esta edición habría habido novedades favorables a esas acciones legales.

De ser cierto, eso corroboraría una vez más cuál el orden de prelación del movimiento popular: lo primero es ganar la calle, lo segundo acudir a tribunales y a los medios, las redes, etc.

A propósito de medios, ¡qué nulo o poco espacio dio Clarín, incluyendo su Vocecita del Interior, a la represión en Chubut! ¿Habrá sido otro blindaje presidencial a cambio de negocios recibidos?

Negocios varios

“La Nación” tiene algunos centímetros más de distancia con el gobierno y por eso publicó primero sobre la presunta coima de Odebrecht que habría recibido el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas.

Según esa información, en 2013 habría recibido depósitos en una cuenta bancaria suiza por 600.000 dólares girados por los pagadores brasileños desde cuentas en Hong Kong. Lo sintomático es que el pago se efectivizó al día siguiente de que el gobierno nacional relanzara el soterramiento del Sarmiento, una licitación de 45.000 millones de pesos. La concesionaria es una UTE conformada por la firma brasileña, todo un ícono de corrupción, y la local IECSA, de Ángelo Calcaterra, primo de Macri.

La salpicadura principal caería sobre Arribas e IECSA-Macri, pero también alguna mácula le correspondería al gobierno de CFK. Aquella licitación fue de su administración, con Julio de Vido y José López (alias Bolso) en Planificación Federal y Obras Públicas.

La denuncia contra Arribas se suma así a las que impactaron en la honorabilidad del presidente, por las firmas off-shore; sobre la vicepresidenta por el dinero robado en su domicilio y las cuentas opacas de Suma; sobre Juan J. Aranguren, por contratos que beneficiaron a Shell siendo él un accionista; sobre ministros, por favorecerse con el “dólar a futuro”, etc.

Como para demostrar que no se casa con determinados grupos económicos sino que transa con todos, casi por igual, el presidente firmó un convenio que atañe a Vaca Muerta en Neuquén pero que en sus efectos quiere ser proyectado a otros emprendimientos de otras industrias, con el consiguiente perjuicio para el medio ambiente, los sindicatos y los intereses provinciales y nacionales.

Sería un síntoma de “amplitud”, en el sentido de que en Vaca Muerta la estatal YPF (a medias) tiene convenios con cláusulas aún no publicadas con la Chevron estadounidense y empresas de otros países. Así ganaría Macri fama de favorecer “pluralmente” los negocios del británico Lewis, el italiano Benetton, la norteamericana Chevron, la española Telefónica, la brasileña Odebrecht, el británico HSBC y el yanqui JP Morgan, etc.

Si en el caso de la represión a los originarios se remarcó la participación de un gobernador peronista, fuerzas de seguridad y jueces, el convenio por Vaca Muerta pone sobre el tapete el rol de la burocracia sindical. El secretario del gremio de petroleros y senador neuquino Guillermo Pereyra y Miguel Arévalo, estuvieron en primera fila con el presidente, el gobernador Omar Gutiérrez y varios empresarios del sector. Macri fue explícito: “necesitamos este acuerdo en todos los sectores” productivos.

Los trabajadores resignarán el 20 o 30 por ciento del salario por supresión del pago por traslado al lugar de trabajo y por aumento de horas trabajadas, aceptando menores puestos en cada pozo. El Estado seguirá con el subsidio a las empresas por el gas obtenido y con la quita de retenciones a la exportación de petróleo. Y sobre esa base, siempre y cuando eso se cumpla, las petroleras dicen que invertirían 5.000 millones de dólares, una promesa tan verde como hoja de lechuga fresca. Es el negocio de los pelones. Es el plan macrista-empresario de flexibilización laboral, con la bendición de los caciques, no mapuches, sino de la burocracia sindical.

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