Este artículo fue escrito antes del domingo 19 de febrero, día de las elecciones presidenciales y legislativas de Ecuador.

En todo caso, cualquiera haya sido el resultado de esas votaciones, hay un asunto que casi ni se trató en la campaña electoral, excepto para cuestionar a ciertas instituciones: se trata de la inexorable sujeción que el futuro presidente tendrá que mantener frente a la Constitución de 2008.

No es cierto que esa Constitución creó un ‘hiperpresidencialismo’. El ataque siempre provino de las derechas políticas y hasta de ciertas izquierdas académicas. Desde que nació la república (1830), Ecuador adoptó un régimen presidencialista, y hoy el Presidente es “jefe del Estado y de gobierno” (Art. 141). Además del Ejecutivo, son otras funciones del Estado, el Legislativo, la Función Judicial, la Electoral y la históricamente inédita Función de Transparencia y Control Social, que ha sido la más cuestionada y que merece una profunda revisión teórica.

El Estado se rige por una serie de principios, valores y conceptos que avanzaron frente a todas las Constituciones anteriores. El principio del Buen Vivir es central y fundamenta toda la Constitución. Bajo él se comprenden la inclusión, la equidad, educación, salud, seguridad social, ciencia, tecnología, saberes ancestrales, movilidad, seguridad humana, transporte, biodiversidad, recursos naturales, patrimonios, suelo, agua, biosfera, ecología, comunicación, cultura, hábitat, vivienda, trabajo. A todo ello deberá someterse el nuevo gobierno.

También serán una ‘camisa de fuerza’ para el futuro gobierno, tanto los derechos y garantías constitucionales como el régimen económico. La Constitución creó un régimen jurídico garantista igualmente inédito en la historia nacional. Y estableció una serie de líneas rectoras sobre la economía: el papel regulador e interventor del Estado, que las candidaturas de la ultraderecha nunca han admitido; el rol fundamental de la planificación; firme régimen tributario redistributivo de la riqueza, al que tanto han combatido las élites dominantes; un sistema de economía social y solidaria que aún no se ha fortalecido; sectores estratégicos en manos del Estado, que se imponen sobre cualquier idea ‘privatizadora’; obras y, sobre todo, servicios públicos (educación, salud, seguridad social universal) que tampoco pueden privatizarse; y la ‘democratización de los factores de producción’. Además, el respeto y la consagración de una amplia gama de derechos individuales, colectivos, del trabajo, de los pueblos y las nacionalidades, de la naturaleza, que todavía tienen que potenciarse y afirmarse, y que, sin duda, afectaron el sistema del poder tradicional de las élites y que siempre ocasionaron sus resistencias y cuestionamientos.

Observar la Constitución será la obligación del futuro presidente. Se podrá cambiarla siguiendo sus propios procedimientos. Pero la experiencia histórica de Ecuador y de América Latina es demasiado conocida: toda Constitución progresista ha sido violada cuando no se ajusta a los intereses de las élites con poder y riqueza.

Ecuador, lunes 20 de febrero de 2017

- Juan J. Paz y Miño Cepeda, historiador ecuatoriano, es coordinador del Taller de Historia Económica. http://puce.the.pazymino.com

Publicado en El Telégrafo 20/2/2017