Saltamos de un drama a otro. Con crisis cíclicas, cada gobierno enfrenta varias, por lo menos una siempre es muy grave. A Jimmy Morales le han tocado varias seguidas. Ahora estamos todas y todos bajo asedio de la delincuencia más sanguinaria que hayamos visto. Jóvenes que no temen a la muerte, la veneran; que carecen de principios y sentimientos. Nadie se los inculcó. Han lanzado un grito de guerra.

Han advertido que veremos de lo que son capaces. Después de que la PNC y el Comando Antimotines recuperaron el control del Centro de Reclusión de Menores en conflicto con la ley, conocido como Etapa II, desde adentro, coordinaron el ataque a por lo menos nueve comisarías de la Policía en la capital y una en Quetzaltenango. Asesinaron a tres de sus elementos, incluyendo una joven policía de 22 años.

Cuatro monitores perdieron la vida a manos de esos criminales que han lanzado advertencias de continuar con sus acciones violentas. Buscan generar terror y poner a las autoridades de rodillas y a la sociedad en situación de pánico. El plan de seguridad y la mesa de alto nivel que anunció el presidente son un paliativo a la emergencia.

Son insuficientes y, si acaso, solo logrará amainar el temporal. No es posible tener un país en paz, sin violencia, si la mayoría apenas sobrevive, si la niñez no tiene lo que le corresponde, si muchos jóvenes han sido expulsados del sistema, deambulan de un lugar a otro, sin oportunidades de capacitación ni trabajo.

Y no es que la pobreza mecánicamente produzca delincuencia, pero en muchos casos, a esos menores transgresores no les ha quedado más remedio que refugiarse en las maras, que cobijan en su seno a quienes la sociedad ha convertido en parias.

Ese segmento de población lumpen, de la calle, después de provocar enormes sufrimientos a la sociedad, van a los centros correccionales o a las prisiones, en donde continúan delinquiendo y “especializándose” en criminalidad. Expertos han relatado que ellos consideran un privilegio y no un castigo ir a la prisión porque tienen la oportunidad de conocer a los líderes de las maras. El Estado no puede seguir sin rumbo, sin asumir con seriedad y no coyunturalmente la resolución de la grave problemática del país.

El presidente tiene otra oportunidad; estas crisis son advertencias que recibe sobre la potencial explosividad de la situación que el país vive. Él debe liderar un esfuerzo nacional para desactivar la bomba que nos puede explotar en cualquier momento. Puede dar un golpe de timón, deshacerse de los funcionarios y allegados que no están cumpliendo con las funciones asignadas, de todos los que no se subordinan a sus órdenes; sacudir a las instituciones del Ejecutivo que están “pasando el agua” y, según él ha afirmado, tienen miedo de asumir responsabilidades.

El mandatario debe alejarse de asesores incapaces. Buscar colaboradores por méritos, no por complacencias políticas o afinidades personales. La sabiduría de quienes critican debe ser utilizada para apoyar soluciones nacionales. Estamos a tiempo, antes del colapso.

La función pública requiere valor y tiene que ser reconocida. La sociedad y los periodistas ya no debemos seguir tirando piedras y azuzando el fuego. Estamos en un grave riesgo del que nadie puede asegurar que saldrá ileso. Los otros organismos del Estado también están en la picota. Y los liderazgos de las élites sociales tienen que contribuir a este esfuerzo de nación. El país es de todos y de todas. Un estallido social, en las actuales condiciones, conduciría al caos. Es hora de intentar recuperar la Patria que estamos perdiendo.

Guatemala, 23 de marzo de 2017.

- Ileana Alamilla, periodista guatemalteca, es directora de la Agencia CERIGUA