Cuatro de cada 10 periodistas mexicanos (40.4) sostienen que fueron amenazados alguna vez debido al trabajo que realizan y de ellos 75 por ciento aseguró que fue objeto de intimidaciones más de dos veces. Lo anterior llevó a muchos informadores a la adopción de medidas propias de seguridad, incluido autocensurarse, ocultar información a colegas de su propio medio como precaución ante el riesgo de que se trate de un infiltrado, limitar su vida personal y cambiar rutinas de traslado.

Los trabajadores de los medios –de acuerdo con el estudio Worlds of journalism, de Mireya Márquez y Sallie Hughes–, no recurren a las instituciones para protegerse cuando son amenazados, sino que prefieren adoptar medidas de seguridad propias, mismas que no necesariamente garantizan su integridad a largo plazo.

Dicho sea de paso, lo anterior pone en relieve que el manido discurso oficialista en boga, por los comicios de 2018 y la muy baja preferencia por los precandidatos del Revolucionario Institucional, bajo el marbete de la “defensa de las instituciones” tiene eco principalmente en las exitosas elites de la información y el comentario. Y que las “instituciones” son utilizadas por personeros del grupo gobernante, éste sí compacto, para frenar a Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con el estudio de las investigadoras Márquez y Hughes de la Universidad Iberoamericana, campus Ciudad de México, y de la Universidad de Miami, Florida, Estados Unidos, respectivamente, con base en 377 encuestas a periodistas de todo México, realizadas en 2013-15, el 85.3 por ciento de los entrevistados consideró que los crímenes contra los periodistas “han aumentado mucho”, mientras que 84.2 por ciento piensa que “ha subido la inseguridad pública en general” (La Jornada, 25-III).

Respecto al origen de las amenazas contra los encuestados por las académicas, existe un dato harto significativo respecto a la autoría de los ataques y es que 42.8 por ciento los atribuyen a las amenazas por publicar notas sobre el crimen organizado.

Sin embargo, 35 de cada 100 periodistas consultados estiman que fue por ventilar temas relacionados con políticos y funcionarios. El restante porcentaje considera que fue una combinación de los dos factores de poder.

“Esto significa que no siempre se le pueden atribuir las amenazas al crimen organizado, como ha sido el argumento endeble de las autoridades. Se ha caído mucho en la falacia de que la violencia contra periodistas está necesariamente vinculada a la delincuencia. Es más fácil atribuírselo a ello, porque pueden ser todos y nadie, en vez de responsabilizar a actores sociales y políticos específicos”, subrayó la especialista Márquez al reportero Fernando Camacho Servín.

Es decir, para torcer los fines y los propósitos de las instituciones, discursivamente enaltecidas hoy, los funcionarios involucrados de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes de la Unión, resultaron demasiado eficaces para el trabajo faccioso e ilegal.

En cuanto a las formas de protegerse ante agresiones y amenazas, 67.4 por ciento reconoció que se autocensura, mientras que 50 por ciento oculta información a colegas no confiables o sospechosos. E incluso se abstienen de decir su profesión.

Para concluir con el desastroso panorama, únicamente 5.9 por ciento dijo tener confianza en la policía, frente a 73.5 por ciento que afirmó tener poca o ninguna confianza. Y nada más 10 por ciento confía en el sistema judicial. De 377 encuestados, solamente siete acudieron a las autoridades para denunciar las amenazas.

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