La Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, encabezada por el mercenario –describo, no califico– Partido Verde Ecologista, aprobó el dictamen que impedirá a los ciudadanos y los políticos profesionales ejercer el derecho a defenderse legalmente cuando sean difamados en medios de comunicación electrónica, práctica habitual en el oligopolio de la radio y la televisión mexicanas, por supuesto que con excepciones que confirman la tan antidemocrática como añeja conducta.

Por si lo anterior no fuera suficiente, el documento se incluirá en la orden del día de la sesión plenaria con un cambio sustancial en el artículo 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para permitir la divulgación de publicidad o propaganda camuflada como información política. Práctica en la que son expertos los propietarios, directivos y conductores del duopolio de la tele –con todo e Imagen Televisión no acaba de convertirse en triopolio– y el oligopolio que forman una docena de familias en la radio, entrecruzadas con el negocio alienante de la pantalla chica.

Justamente cuando Reporteros Sin Fronteras dio a conocer el informe anual en el que asegura que México sigue ocupando el tercer lugar en la aldea global entre los 72 países –de un total de 180 evaluados– que “se hallan en una situación difícil o muy grave” en cuanto al ejercicio de la libertad de prensa, y además “encabeza la lista negra” en América Latina, está 10 lugares por encima de Venezuela, gobierno que es denunciado como “dictatorial” por el oligopolio mediático azteca y mundial.

En el dictamen desaparecen los códigos de ética y los defensores de las audiencias previstos en los Lineamientos generales para la defensa de las audiencias, aprobados por el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones. También establece que “se entenderá que se transmite publicidad o propaganda como información periodística o noticiosa cuando un concesionario inserta dentro de su programación un análisis o comentario editorial cuyo tiempo de transmisión haya sido contratado por un anunciante, sin que tal circunstancia se haga del conocimiento de la audiencia”.

De aprobarse lo anterior, quedará abierta la puerta para que los concesionarios, en su código de ética –que no tiene ningún valor legal y se aplica al gusto e intereses de cada corporativo empresarial–, establezcan los elementos y prácticas que observarán para evitar incurrir en la prohibición de transmitir publicidad como información política. El artículo 258 de la LFTR garantiza a los propietarios de concesiones decidir si dan a conocer sus normas éticas, allanándose al principio de la autorregulación, cualquier cosa que esto signifique. Y el IFT no tendría nada que hacer en esta materia.

La reforma que los legisladores de los partidos Revolucionario Institucional, Verde y Acción Nacional todo indica que aprobarán, salvo milagro que por lo menos en política es inexistente, garantizará a los propietarios de medios derechos y libertad de expresión que hasta hoy tienen límite mediante la defensa de las audiencias.

La anulación del derecho de réplica en medios electrónicos contemplada en el dictamen es una pésima noticia para las mayorías. Y en plena recta final de la segunda década del siglo XXI constituye una práctica tan reglamentada y acotada por el oligopolio mediático que la vuelve prácticamente inexistente, con todo y que está contemplado en la Ley de Imprenta, legislación que es previa a la Constitución de 1917.

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