Hay una frase de Marcel Proust, plasmada en su obra «Sodoma y Gomorra», que bien podrá ilustrar la situación presente en Venezuela: «Sólo el mal hace observar y aprender, y permite descomponer los mecanismos que no conoceríamos si no fuera por él». De una forma que reconocemos simple, pero pertinente, ésta daría cuenta del carácter de los hechos violentos, presuntamente espontáneos, ocurridos en fechas recientes, con gente de la derecha que recurre sin remordimiento alguno al terrorismo y al asesinato como armas políticas. 

Sin embargo, ello es obviado adrede por la prensa nacional y extranjera, sin medir sus consecuencias, resaltando como absolutamente negativa y condenable la actuación seguida por los organismos de seguridad del Estado, cuyos integrantes -contrario a lo comúnmente observado en otras naciones del mundo- son víctimas de insultos, agresiones físicas y hasta de asesinatos; cosa muchas veces estimulado y celebrado por quienes se proponen acabar, a cualquier precio, con todo vestigio de la experiencia chavista en el país. 

Esta tendencia se ha generalizado sin límites, reduciendo, soslayando y suavizando la crudeza de los acontecimientos suscitados, pese a la existencia de evidencias fotográficas y audiovisuales que la refutan. 

Un balance serio en relación con la cobertura noticiosa del acontecer venezolano determinaría que un número abultado de medios dejó de ser imparcial y ahora actúa frontalmente como emisor de propaganda antichavista. Éstos emiten juicios de valor, lo que no solamente se transmite a través de titulares y calificativos aparentemente objetivos e inocuos, sino también mediante el uso de imágenes, mensajes y noticias que induzcan a creer que Venezuela es un caos total. Ello bajo la advocación del derecho a la libre expresión que les asiste por vía constitucional. 

Dicha situación rememora mucho el escenario previo a la guerra y limpieza étnica sufridas en la antigüa Yugoslavia y en Ruanda cuando los diferentes medios de información avivaron odios dormidos, lo que fuera sancionado por el Tribunal Penal Internacional, en el último caso, como responsabilidad intelectual directa de dueños y directivos de estos medios. Se observa un empeño diario en conformar las condiciones ideales para que caiga finalmente la «dictadura» chavista, desdeñándose la normativa constitucional que avala al gobierno actual como un gobierno legítimo, producto de un proceso electoral que fuera, además, supervisado por la comunidad internacional.

En este balance cabe incluir necesariamente la estrategia fraguada desde Washington para impedir la factibilidad de una verdadera revolución popular socialista que termine por afectar su hegemonía geopolítica; amenazada, asimismo, por Rusia y China, cuyas cuantiosas inversiones han traspasado sus antiguas áreas de influencia, rivalizando con el capital estadounidense. Este importante elemento, negado o puesto en duda por muchos de los patrocinadores de las acciones opositoras emprendidas, explicaría en una gran proporción el auge de las mismas, sustentadas mayormente a través de las redes virtuales y las grandes corporaciones mediáticas, cuestión que ha obstaculizado las iniciativas de diálogo de Nicolás Maduro para restablecer la paz y el orden constitucional. 

En lo inmediato, en Venezuela se libra una verdadera guerra mediática donde la verdad es la primera víctima. Un elemento secundario y moldeado por medios prácticamente corporativizados que adoptan una línea editorial ostensiblemente hostil al gobierno, según los intereses opositores perseguidos. 

En tal contexto, resulta adecuado citar lo dicho por la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zajárova, durante la 39 sesión del Comité de Información Pública de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas: «Con más frecuencia la libertad de expresión, la imparcialidad y la objetividad se sacrifican a la coyuntura política». Una «moda» fascista que conspira contra el logro de la paz y el respeto de la democracia como rasgos de una sociedad tolerante y pluralista.