Si Colombia es el Israel de Estados Unidos como plataforma para desencadenar un conflicto militar subregional en el corazón de Sudamérica -con Venezuela como objetivo principal del rediseño geopolítico de Washington-, México ha sido acondicionado como un gran cuartel del Pentágono para consolidar el flanco sur del imperio de cara a un eventual conflicto bélico con potencias capitalistas que desafíen su hegemonía.

Como antes los ex presidentes Álvaro Uribe y Felipe Calderón, de Colombia y México, respectivamente, los actuales mandatarios Juan Manuel Santos y Enrique Peña Nieto están al frente de sendos regímenes clientelares y cleptocráticos vasallos de Estados Unidos. Ambos gobiernos colaboracionistas sacrificaron la soberanía político-militar de sus países y actúan como cipayos del Estado imperial paralelo que opera al margen del gobierno civil de la Casa Blanca; al servicio de las guerras encubiertas y los golpes de Estado (de cambio de régimen) del Estado profundo -como lo llama James Petras- gobernado por los unipolaristas y militaristas que dirigen el aparato permanente de seguridad de Estados Unidos, con independencia del presidente que despacha en la Oficina Oval.

Se trata de un gobierno paralelo al de Donald Trump que al decir de Petras no es una entidad sin rostro, ya que tiene una clara identidad de clase, ideológica y económica, y que ha logrado construir una red mundial de avanzadas militares, agentes clandestinos, ejércitos mercenarios, bandas terroristas y paramilitares, alianzas regionales y tropas vasallas que actúan como ejércitos de ocupación en sus propios países.

Por su ubicación geopolítica bioceánica en la región andino-amazónica y con su red de radares, bases militares y sus más de mil 500 asesores militares y fuerzas especiales de Estados Unidos in situ, el papel de Colombia como portaviones terrestre del Comando Sur del Pentágono se ha venido consolidando desde febrero de 2008, cuando en el contexto de sus guerras preventivas la administración Bush utilizó al trío Uribe/Santos/Óscar Naranjo para intentar desencadenar un conflicto tipo Kosovo en la subregión, tras la acción bélica extraterritorial colombiana (Operación Fénix) en el Sucumbíos ecuatoriano.

Desde entonces, Colombia ha venido sirviendo como base operativa para la guerra sicológica y electrónica subversiva de EU contra el gobierno constitucional y legítimo de Nicolás Maduro, y como plataforma de las acciones terroristas desestabilizadoras de marines, mercenarios y remanentes del paramilitarismo en la frontera colombo-venezolana (en particular en los estados de Táchira, Zulia y Miranda), solapadas mediante campañas de intoxicación mediática de las corporaciones hegemónicas privadas que se dedican a la fabricación de noticias y la manipulación masiva de emociones.

Asimismo, merced a los buenos oficios de la experta en demoliciones políticas (Atilio Borón dixit) Liliana Ayalde, vice jefa civil del Comando Sur (y ex embajadora en Paraguay y Brasil, donde preparó los golpes parlamentarios contra Fernando Lugo y Dilma Rousseff), Colombia se ha convertido en el patio trasero de los grupos golpistas neofascistas de la Asamblea Nacional (AN) y la Mesa de Unidad Democrática (MUD).

Necesitados de reconocimiento público ante el descrédito que sufren en su país, ultraderechistas como el diputado Julio Borges, presidente de la AN y dirigente de Primero Justicia; su correligionario Henrique Capriles Radonski, perteneciente a dos de las familias más poderosas de Venezuela (complejos de cines, cadenas de medios de comunicación y empresas de la industria alimentaria) y quien como alcalde de Baruta comandó el asalto a la embajada de Cuba en Caracas durante el golpe de Estado de abril de 2002, y el diputado Luis Florido, de Voluntad Popular, han encontrado los micrófonos abiertos del Congreso y el Senado colombianos para exigir la intervención militar en su propio país.

Florido fue recibido por el ultraconservador Álvaro Uribe y también por el presidente Santos, quien dijo que estaba dispuesto a abrir Colombia como canal humanitario ante un escalamiento del conflicto interno venezolano. Llama la atención que en marzo pasado cruzó a pie la frontera de su país y desde Bogotá viajó a Washington para presenciar el consejo permanente de la OEA. Dado que su pasaporte fue invalidado por las autoridades venezolanas, ¿quién le entregó a Florido documentos de viaje? ¿Será el único opositor venezolano que viaja a EU con documentos de origen inconfesable?

En ese contexto, el Estado paralelo gobernado por los militaristas de Washington ha logrado en fechas recientes un añejo objetivo: terminar de convertir al territorio mexicano en una extensión del Comando Norte y a las fuerzas armadas nativas en un brazo operativo para la defensa de la seguridad nacional de EU.

Mientras el aprendiz de canciller Luis Videgaray impuesto por Donald Trump en la Secretaría de Relaciones Exteriores impulsa la acción intervencionista de la OEA contra Venezuela, los mandos de las instituciones castrenses, general Salvador Cienfuegos y almirante Vidal Soberón, oficiaron recientemente en Cozumel como edecanes militares de los jefes de los Comando Norte y Sur del Pentágono, la general Lori J. Robinson y el almirante Kurt W. Tidd, durante la V Conferencia de Seguridad de Centroamérica.

Con la zanahoria de que la general Robinson les ha concedido el liderazgo militar subregional (México como la neocolonia más grande de Centroamérica), Cienfuegos y Soberón aceptaron participar en una fuerza de tarea conjunta México-Guatemala, que bajo el mando activo del almirante Tidd realizará patrullajes en la frontera común. Ergo, EU podrá incursionar militarmente en el territorio nacional. Para arreglar la agenda común en materia de seguridad, el responsable de Seguridad Interior de EU, general John Kelly, convocó a su homólogo mexicano a una reunión en Washington el próximo 18 de mayo; con lo que México seguirá en la ruta de la capitulación, la sumisión y la entrega.

La Jornada, lunes, 8 de mayo de 2017

http://www.jornada.unam.mx/2017/05/08/opinion/017a2pol