Una creciente proporción de las calles latinoamericanas se viene poblando de protestas y luchas. Expresan de modo particular diversas exigencias de la ciudadanía que no encuentran representación, y menos aún satisfacción, en los formales e interdependientes poderes del Estado. Se suceden casi cotidianamente en Argentina, Brasil y Venezuela, aunque no pueda trazarse denominador común ni convergencias entre las estratificaciones sociales protagónicas, los intereses que portan, ni menos aún entre estas manifestaciones y las que también se desarrollan en el resto de los países con desigual frecuencia. Resultan una voz capilarmente asordinada, hasta que su emergencia en las calles la vuelve atronadora, como por caso se experimentó paradójicamente el sábado 20 de mayo en Uruguay en la monumental marcha anual “del silencio”. Pero para modificar la realidad no sólo hacen falta voces sino también oídos que las procesen con voluntad transformadora.

La vergonzosa indiferencia de una exigua mayoría ciudadana del Uruguay por su propia convivencia con los más crueles asesinos, violadores y torturadores, mantiene vigente una ley que además de inconstitucional (por grosera incompatibilidad con los tratados internacionales suscriptos) pretende ser un salvoconducto de impunidad para los peores criminales de la historia de ese país. Pero la molicie del Estado (no sólo del parsimonioso Poder Judicial) ratifica aún más esta aberración normativa que contribuye de este modo a naturalizarla e inclusive a obturar las fisuras jurídicas que contiene, por las que podrían filtrarse dosis de dignidad y ejercicio práctico de igualdad ante la ley. El veredicto popular es inapelable, pero aún con él, no puede dejarse un solo resquicio jurídico, académico o historiográfico sin explorar hasta llegar a la verdad. No es algo exclusivo de Uruguay. Todo el Río de la Plata se estremeció este mes ante la ignominia de la impunidad, aunque con desigual resultado. A ella se ciñe este artículo.

Esta semana, cuando en Buenos Aires sesionó la 162° reunión extraordinaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en ocasión de tratar en audiencia pública el problema de la omisión de justicia en Uruguay, los responsables del Estado oriental, que debían responder a las críticas, preocupaciones y detalles expuestos por los representantes de la sociedad civil, se ausentaron. Enviaron -prácticamente sobre la hora- un documento que al momento de escribir estas líneas no se encuentra en la página de la presidencia uruguaya, ni en todo Google. Sentaron un precedente histórico que no sólo avergüenza a toda la izquierda y al progresismo, sino también al país entero. Existen muy pocos antecedentes de huida ante la ineludible rendición de cuentas por parte de los Estados y los precursores no han sido precisamente los países más cuidadosos de los Derechos Humanos (DDHH), como es el caso de Estados Unidos y Cuba. En representación de la sociedad civil expusieron los integrantes del Observatorio Luz Ibarburu, perteneciente a la secretaría de DDHH de la central única sindical, el PIT-CNT: su coordinador ejecutivo Raúl Olivera y los asesores jurídicos Pablo Chargoñia y Florencia Retamosa. Tampoco pudieron conocer el texto oficial porque las copias les fueron entregadas en el mismo momento.

Como si no bastara la omisión de justicia ante los más aberrantes crímenes de la historia uruguaya perpetrados por el Estado terrorista organizado y sostenido por la dictadura cívico-militar hasta el año ´85, tuvieron ocasión de exponer ante la CIDH casos contemporáneos como las amenazas de muerte a 13 luchadores de DDHH, investigadores, fiscales y hasta un ministro. Se trata del caso “Comando Barneix”, que a su vez parecería tener relación con el asalto al laboratorio del Grupo de Investigaciones en Antropología Forense de la Universidad de la República el año pasado, en el que los ladrones sustrajeron discos duros con información relevante, además de dejar (a modo de torpe amenaza) un mapa con los domicilios de los académicos e investigadores de DDHH: el clásico “sabemos dónde viven”. El propio nombre elegido por estos delincuentes exhibe otro momento vergonzante de la política estatal de DDHH, ya que el general Pedro Barneix fue designado durante el primer mandato del actual Presidente Vázquez, al frente de una comisión interna del Ejército para investigar el destino de los detenidos-desaparecidos, pero en 2015, el propio Barneix fue procesado por homicidio político en plena dictadura. Para decirlo más claramente, se le encomendó investigar sus propios crímenes y los de sus camaradas de armas sobre los que, como era esperable, no aportó dato alguno. Sin embargo, no conoció la cárcel ya que se suicidó en su dormitorio luego de solicitar permiso para cambiarse de ropa cuando la policía lo fue a buscar. Por eso el mail de amenazas recibido dice textualmente que “no se aceptarán más suicidios ni más injustos procesamientos. Por cada suicidio de ahora en más, mataremos a tres elegidos azarosamente de la siguiente lista”. La hipótesis de convergencia entre las amenazas y el robo de información se sustenta en que también este “comando” afirma conocer los domicilios actualizados de las potenciales víctimas, haciendo sospechar de una vigente inteligencia militar enfocada en actores de la sociedad civil, al igual que en los tiempos de la dictadura. Curiosamente, la inteligencia militar, depende del ministro amenazado.

La exigencia de verdad y justicia ha ido ocupando un lugar subsidiario en el discurso (y la práctica) oficial uruguayo, a pesar de modestos avances como la creación de la “Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo” (INDDHH) o el “Grupo por Verdad y Justicia”, además de comisiones parlamentarias. Cierto es que lo poco que se ha avanzado fue en los períodos de gobierno del Frente Amplio (FA), pero pareciera mucho más aparente que real y más moroso que efectivo, como lo exhibe fácticamente el hecho de que muy pocas causas llegan a ser judicializadas. Por razones mucho menos atribuibles a la vigente ley de caducidad que a la ausencia de voluntad política y jurídica para el esclarecimiento de los casos de delitos de lesa humanidad que den fin a la impunidad. Actualmente sólo están procesados o cumpliendo condena 19 criminales, además de los 7 que fallecieron. A pesar de la ley no derogada por el plebiscito (y luego de idas y vueltas de Suprema Corte de Justicia), su artículo 4° no sólo no le impide al Poder Ejecutivo investigar, sino que lo obliga a ello. Por eso, no encuentro otro modo de leer la ausencia a la audiencia pública más que como una dolorosa ratificación de la genuflexión política ante la impunidad que de este modo incumple el programa frentista en materia de DDHH. La CIDH pedirá explicaciones ante la inédita ausencia, pero mucho antes, ahora mismo, debemos hacerlo los frenteamplistas.

En Argentina la resultante fue inversa, aunque no por oídos atentos ni por voluntad política de lucha contra la impunidad, sino por la elusión del costo político de la mayoría de los partidos de derecha ante la proximidad electoral, con encuestas en la mano. La gestión del Presidente Macri, ha venido dando signos inequívocos de banalización y olvido del Estado terrorista, tanto como de reavivamiento de la “teoría de los dos demonios” con medidos cuestionamientos a la cultura y tradición de DDHH de la última década. Contó para ello con la colaboración de la Iglesia católica, siempre predispuesta a exhumar el tierno latiguillo de la reconciliación. En esta oportunidad, creyeron oportuno congraciarse con el importante electorado de ultraderecha llevando a la Corte Suprema un insólito pedido de reducción de la pena y excarcelación de un genocida, basado en la aplicación de una transitoria ley de cálculo de condena que no estaba vigente ni durante la dictadura ni el procesamiento llamada “2X1”. Y mediante operadores políticos en el poder judicial lograron que tres de cinco miembros del tribunal aceptaran la demanda apoyándose en el principio de ley más benigna. Semejante absurdo se explica porque esos tres miembros, deben sus respectivas sillas a la iniciativa explícita del macrismo. Por si no fueran suficientemente profundas las huellas del autor, el propio ministro de justicia celebró inmediatamente el fallo para finalmente rectificarse 4 días después cuando el jefe de gabinete le mostró los resultados de las encuestas. Es una humorada que el propio presidente se haya asumido prescindente hasta último momento. Las propias encuestas y la convocatoria a una marcha que a la sazón resultó histórica en magnitud, predispusieron inmediatamente al congreso a elaborar una ley interpretativa revirtiendo el fallo.

La sociedad argentina, en un contexto de corrupción endémica y descomposición institucional siempre tan proclive a la frivolidad, logró sin embargo ser un ejemplo mundial en la lucha contra la impunidad y logra actualmente resistir la ofensiva reaccionaria. Mientras tanto la sociedad uruguaya, progresista y cívicamente desarrollada, tropieza recurrentemente con la piedra de la abulia retardataria en el camino a la verdad y la justicia. Explicarlo exige una complejidad analítica y teórica que excede la coyuntura.

Uruguay, lejos de avanzar en la materia, ha dado esta semana un gran paso atrás. Las multitudes que marcharon el 20 de mayo en todo el país se hicieron presentes haciendo silencio para oír las voces y los pasos de quienes deben interpretar y ejecutar sus atragantados anhelos de justicia.

La ausencia es otra clase de silencio: el de la vergüenza.

Emilio Cafassi

Profesor titular e investigador de la Universidad de Buenos Aires,

cafassi@sociales.uba.ar

Publicado en el Diario La República, domingo 4 de junio