El 17 de julio, la Casa Blanca declaró “que los EEUU están preparados para implementar fuertes sanciones económicas a Venezuela en caso de que el gobierno no decline en la convocatoria a la Asamblea Constituyente”.¹ Valen algunas consideraciones sobre estas sanciones, teniendo en cuenta la trayectoria del gobierno de Trump en Venezuela –que continúa con el intervencionismo propiciado por la administración Obama y que se ajustan a los pasos establecidos en Operation Freedom II -.²

Sobre las sanciones económicas

La mayoría de los medios afirman que el objetivo es golpear la economía venezolana, que depende en un 95% de los ingresos del petróleo, ya que el gobierno estadounidense podría “aplicar un paquete de sanciones sectoriales a PDVSA”.³ Entre las posibilidades que se barajan, está la de prohibir cualquier transacción en de dólares con PDVSA. Esto afectaría no solo a la petrolera estatal venezolana, sino al mercado del petróleo a nivel mundial, a la vez que pondría en una situación complicada a EEUU, considerando que importa crudo principalmente de Arabia Saudita, Canadá y Venezuela. En efecto, desde hace tiempo se escuchan críticas al interior de EEUU respecto de esa medida, pues si bien desde el gobierno se plantea reemplazar el petróleo proveniente de Venezuela con reservas estratégicas locales, algunos empresarios del sector afirman que “el petróleo venezolano no es fácil de sustituir” y que “Venezuela podría limitarse simplemente a vendérselo a otro”⁴, disminuyendo el efecto esperado por las sanciones.

Por otra lado, se trata de sanciones anunciadas el mes pasado⁵ (no es algo “de última hora”), donde podríamos incluir las medidas contra PDVSA-CITGO planteadas en la Ley Cardin (s.1080) del Senado (3 mayo 2017)⁶ y la Ley HR2658 de la Cámara Baja (25 mayo 2017).⁷ Vale recordar que a estas posibles sanciones económicas, se suman otras contra altos funcionarios venezolanos: la Ley estipulaba 90 días para recopilar información contra altos funcionarios venezolanos, plazo que se cumple terminando el mes de julio.

Trayectoria del gobierno Trump en Venezuela

La presión política, diplomática y jurídica viene aplicándose sistemáticamente. A menos de un mes de comenzar su gestión, el gobierno de Trump:

• Atendió las sugerencias de una comisión bicameral del Congreso (febrero 2017) que exigieron mayor severidad en la postura contra Venezuela e impusieron sanciones al vicepresidente venezolano acusándolo de tener vínculos con el narcotráfico, aplicando la ley Kingping.⁸ Sancionó por la vía judicial desde la Oficina de Control de Activos en el Extranjero del Departamento del Tesoro a ocho miembros de la Corte Suprema de Venezuela por “abuso de poder” y “conducta anti-democrática”, congelando sus activos en Estados Unidos y prohibiendo a ciudadanos e instituciones estadounidenses cualquier tipo de transacción con los sancionados, además de prohibirles ingreso al territorio estadounidense.⁹

• Mantuvo reuniones personales con miembros de la oposición venezolana. Recibió junto al vicepresidente Mike Pence y el senador Marco Rubio a Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López en la Casa Blanca.¹⁰

• Apoya la aplicación de la Carta Democrática en Venezuela vía la OEA en encuentros extraordinarios y oficiales desde junio 2016 (gobierno de Obama), hasta la Cumbre de la OEA en Cancún, junio 2017.¹¹ El objetivo no ha sido logrado, pero no por ello ha sido abandonado. El 19 de julio el Secretario General de la OEA dio una conferencia en el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso EEUU insistiendo en la necesidad imperiosa de su aplicación.¹²

• Alianzas internacionales: aliados en Unión Europea.¹³ A la ya “tradicional” cooperación por parte del gobierno español se suman nuevos apoyos, como el de la jefa de política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, que la semana pasada pidió a los gobiernos latinoamericanos crear un “grupo de amigos” aceptables para el gobierno venezolano y la oposición para negociar y llegar a un acuerdo.¹⁴

• Alianzas en América Latina: México se presenta como punta de lanza del bloque anti-gobierno de Venezuela (siempre en la línea de lo planteado por EEUU), rol asumido especialmente a partir de marzo de 2017 cuando declaró que en Venezuela se lleva a cabo una “violación sistemática a la democracia”. Algunos miembros distinguidos de este bloque son los gobiernos de Colombia, Argentina y Brasil.

• Colombia: el presidente Juan Manuel Santos se sumó a la causa contra Venezuela: “Hace seis años se lo advertí a Chávez. La Revolución Bolivariana fracasó” dijo hace un par de meses.¹⁵ Recientemente en su viaje a Cuba, la canciller colombiana María Ángela Holguín, quien acompañaba al presidente Santos, desmintió las declaraciones hechas por el Financial Times acerca de que Venezuela fuera tema de conversación entre los mandatarios de Cuba y Colombia, pues su visita fue de carácter comercial y en agradecimiento por la participación cubana en los acuerdos de paz.¹⁶ Sin embargo, el mismo día del viaje el presidente Santos hizo un llamado a Maduro para “desmontar” la Constituyente.¹⁷

• Argentina: El presidente argentino, Mauricio Macri, en continuidad con su lobby permanente anti-gobierno de Maduro, procuró hacer referencia a Venezuela en la reunión del G20, apoyado por el gobierno español.¹⁸

• Brasil: el gobierno de Temer se sumó al llamado de otros mandatarios para pedir la suspensión de la Constituyente. Desde mayo el embajador brasileño retornó a su embajada en Caracas en un gesto de “buena voluntad” según el Ministro de Defensa brasileño Raúl Jungmann, quien además declaró que Brasil ya prepara un plan de contingencia “por si las cosas empeoran”.¹⁹

• Los “rumores” también se suman a la presión política: se intenta instalar la “idea” de que Venezuela no tiene apoyo. Se habla de la posibilidad de que Rusia, China e incluso Cuba le “suelten la mano” al gobierno venezolano, debido al daño que podría significar la actual situación para sus intereses petroleros.²⁰ Dos apuntes al respecto. El primero, es que esta suposición ha sido publicada por la empresa Stratfor de análisis de seguridad y defensa que, tal como se ha demostrado a través de las filtraciones de Wikileaks, viene operando como informante de las agencias de inteligencia estadounidenses en materia de recursos estratégicos²¹ (de modo que se trata de una fuente de información siempre dudosa, y ante todo, parcial). El segundo, es que tanto Rusia como China han consolidado la relación con Venezuela en los últimos años a través de proyectos conjuntos en diversos sectores de la economía de ese país.²² En efecto, frente a las posibles sanciones de EEUU a la petrolera Venezolana, que ha sido señalada como “amenaza para la seguridad nacional estadounidense” por las operaciones de PDVSA-CITGO con participación de la estatal rusa Rosneft, trascendieron posibles arreglos entre el gobierno ruso y el Venezolano para que Rosneft se desvincule de CITGO y que en cambio lleve a cabo acciones en materia de hidrocarburos en territorio venezolano²³.

• El poder duro como respaldo permanente. Desde 2016, con la Operación Freedom II, el Comando Sur de Estados Unidos incluye la intervención en Venezuela como alternativa viable. En febrero de 2017 asumió la vicepresidencia civil del Comando Sur, Liliana Ayalde, ex embajadora de Paraguay y Brasil en los momentos de los respectivos golpes parlamentarios, reafirmando la posibilidad de presionar a favor de un cambio de régimen por la vía violenta como sucedió en Libia e Irak.²⁴

Otras declaraciones/amenazas de Trump

Un caso interesante en cuanto a declaraciones realizadas por Trump, es lo relativo al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN): Trump declaró en campaña que buscaría una renegociación sustancial del TLCAN y que, si no lograba revertir las condiciones del acuerdo, EEUU lo abandonaría.²⁵ Ya en la presidencia, firmó una orden ejecutiva para llevar a cabo estos cambios, anunciando que serían determinantes.²⁶ Sin embargo, en los hechos, propuso cambios cosméticos y más bien orientados a permitir que Estados Unidos acceda a manufactura barata de México, amplíe sus negocios energéticos, estipule la ley sobre propiedad intelectual,²⁷ una nueva ley de inversión²⁸ y un mayor control monetario sobre México.²⁹

Algo similar sucedió con el Muro en la frontera con México, cuando advirtió durante su campaña: “Construiré un muro gigante, el más grande que se haya construido, y haré que México pague por él” (junio 2015). En los hechos, el Congreso ha bloqueado el pedido de presupuesto para el Muro, que tampoco “ha obligado a pagar” a México. El Secretario de Seguridad Interna, declaró ante el congreso que “el gobierno no planea construir un Muro de costa a costa”³⁰. En los hechos, hace tiempo que en los más de 3 mil km de frontera hay muro y vallas que cubren una extensión de 1,050 km.³¹ Por el momento, en las denominadas “ciudades santuario” para los migrantes, las fuerzas de seguridad locales han intentado no implementar “redadas”, dando cuenta de las dificultades para hacer cumplir las consignas anti-inmigrante de Trump.³²

Con respecto a Cuba declaró durante su campaña :“todas las concesiones de Obama que favorecieron al régimen de Castro fueron por medio de un Decreto, decisión que entonces, el próximo presidente podría revertir, y así lo haré, a menos que el régimen castrista cumpla con nuestras demandas que incluyen libertad religiosa y política para los cubanos” (septiembre 2016). Del mismo modo, en su discurso frente a la comunidad cubano-americana en Miami, anunciaba que cancelaría “por completo” el acuerdo que había firmado Obama con Cuba, y que como presidente enfrentará los “crímenes” del régimen cubano. En los hechos, hubo algunas modificaciones, pero se trata de algunos puntos específicos, no de una reversión total como la advertida.³³

Los ejemplos brindados no buscan desestimar la realidad de las amenazas del gobierno de Trump contra Venezuela, sino ponerlas en su justa dimensión. Lo que preocupa no son las amenazas o vituperios del presidente en turno, que se caracteriza por un discurso provocador. Lo que preocupa es, en primer lugar, que en el caso de Venezuela, las amenazas han sido incentivadas por el Congreso (no solo por la derecha Republicana, sino también por los demócratas) y las diversas reparticiones, como el Departamento el Tesoro, que ha impuesto sanciones judiciales a las que podrían sumarse otras nuevas a partir del 30 de julio. En segundo lugar, las amenazas de sanciones forman parte de una trayectoria de injerencia del gobierno-sector privado estadounidense, por las diversas vías implementadas hasta el momento: guerra mediática (guerra psicológica), presión política, presión diplomática, guerra judicial (sanciones a funcionarios venezolanos) y presión económica cuya finalidad es, desde hace años, provocar un cambio de régimen en Venezuela. En lo inmediato, la presión está enfocada a revertir la Asamblea Nacional Constituyente, una muestra más de la estrategia continuada de roll back encaminada a hacer recular al Gobierno bolivariano en su agenda política. Ese es el contexto de las amenazas de “último momento”.

Silvina M. Romano y Aníbal García

Investigadores CELAG

Fuente: http://www.celag.org/trump-en-venezuela-dichos-y-hechos/