A nivel regional, el retorno o continuidad –según el caso- de los gobiernos de corte neoliberal ha significado un desmedro y debilitamiento de los sindicatos. En algunos casos, mediante la sanción de leyes o reformas a las ya existentes, y en otros, por medio de la judicialización de sus líderes y la intervención de los gremios. En todos los casos, el avasallamiento de los derechos de los trabajadores es avalado por iniciativa – discursiva o efectiva – del poder ejecutivo, instrumentalizada por el poder judicial y legislativo, y en varias ocasiones, con el tácito aval de sindicalistas colaboracionistas. Finalmente en países como Colombia y Honduras, el coste de defender los derechos colectivos de los trabajadores frente al capital concentrado puede costar incluso la propia vida.

Brasil y Argentina, el retorno neoliberal y el trabajo

En el caso de Brasil, la reforma laboral de Michel Temer aprobada por ambas cámaras del Congreso supone una flexibilización sin precedentes, mellando la capacidad de negociación de los gremios. El texto ha acarreado un sinnúmero de manifestaciones y tres huelgas generales – en un país donde este recurso llevaba más de 20 años sin ejercerse - desde su presentación en el Congreso.

Entre sus controversiales medidas, habilita nuevas trabas y mayores costos para las denuncias del trabajador a las empresas, facilita contratar a autónomos en puestos estructurales, elimina las cargas obligatorias a los sindicatos, consiente que los acuerdos alcanzados entre la patronal y el trabajador se antepongan a lo establecido por la ley -por ejemplo es lícito pactar jornadas que tengan hasta 12 horas diarias y 48 por semana-. Asimismo, permite tercerizar y precarizar los trabajos, obligar a las mujeres embarazadas y lactantes a trabajar en lugares insalubres, establecer una remuneración según productividad (destajo), el pago por debajo del salario mínimo y jornadas laborales de hasta 12 horas, lo que a todas luces evidencia una fuerte pauperización de los derechos de los trabajadores.

En Argentina, una de las primeras medidas de Mauricio Macri como presidente fue reunirse con los sindicalistas más influyentes. Pocos días antes, “los gordos” –como se los denomina informalmente- habían logrado vetar al ministro de trabajo que el mandatario tenía pensado, Jorge Lawson -cargo que fue ocupado por Jorge Triaca, hijo de uno de los sindicalistas peronistas más conocidos de los ´90-. Las cifras de la Organización Internacional del Trabajo son muy claras cuando arrojan un alto nivel de sindicalización en el país, el cual ronda el 40% - a diferencia de países como Brasil con el 16,6%, México con un 9,2% y Colombia tan solo 5,7%¹-.

En el contexto de la reforma laboral brasileña, Macri arremetió contra los juicios laborales y llamó públicamente a combatir “la mafia” de los abogados y jueces que cada día “dejan a mucha gente sin trabajo”. Abiertamente del lado del capital, ha buscado generar consenso en torno a una reforma laboral al “estilo brasileño”. Sus declaraciones se oponen a la Ley N° 20.744 , aprobada en 1974 -restringida dos años más tarde por los militares golpistas, limitada en los ´90 por el gobierno neoliberal de Carlos Menem, pero revitalizada desde 2003 por el kirchnerismo-.

Hasta el momento cuatro han sido los sindicatos intervenidos durante el año y medio que Mauricio Macri lleva en gestión. El primer gremio intervenido -como puntapié inicial de una política perjudicial hacia los trabajadores- fue el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) en febrero de 2016. Su ex líder, Enrique Omar "Caballo" Suárez, está preso en el penal de Marcos Paz acusado de bloquear los puertos, extorsionar a empresarios y encabezar una presunta asociación ilícita, mientras los medios lo acusan del “delito” de ser el preferido de la ex mandataria, CFK². En diciembre, el sindicato de vigiladores privados que conducía Ángel García fue intervenido por la Justicia, desplazando a su líder por supuestas irregularidades en el proceso electoral. En enero de 2017, Triaca dispuso la intervención de la Federación de Empleados de la Industria Azucarera (FEIA) por considerar que hubo irregularidades en su proceso electoral interno. El último caso fue el Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de Capital Federal y Gran Buenos Aires (SIVENDIA). En esta ocasión, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dictó el procesamiento sin prisión preventiva de su histórico líder Omar Plaini, y dispuso un allanamiento en la sede sindical. En pocas horas, el titular del sindicato de los Canillitas fue procesado por falsificación de documentos, embargado en 200.000 pesos y desplazado de la conducción de su gremio, que a la vez fue allanado en un mega-operativo de Gendarmería. 

El hecho más desopilante de vulneración de derechos laborales por parte del Estado aconteció durante el conflicto docente de este año, cuando el gobierno bonaerense encabezado por la gobernadora María Eugenia Vidal avasalló los derechos consagrados en la Constitución. Sin embargo, un fallo de la justicia ordenó la devolución inmediata del dinero descontado a los maestros por los días de huelga y en el caso del plus por presentismo ofrecido por la gobernadora a los maestros que no se plegaran al paro, el mismo será considerado como un adelanto de futuros aumentos. En general las medidas macristas están orientadas a disminuir el valor del trabajo, y de paso atacar las bases de Unidad Ciudadana.

México, sindicalismo charro

La reforma laboral promulgada por el ex presidente Felipe Calderón en 2012 significó un avasallamiento de los derechos de los trabajadores -flexibilización laboral, autorización de contratos a prueba y debilitamiento de la contratación colectiva, entre otros- y, como en otros casos analizados, fueron enarbolados como una promesa de generación de empleo. En su momento, fueron los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas el ejemplo de la resistencia al ajuste: 44 mil trabajadores fueron despedidos³. Con el gobierno de Peña Nieto y el retorno del PRI, el icono de la lucha son los maestros (y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE) que resisten a la reforma educativa neoliberal - a pesar de la represión de todo tipo perpetrada desde el Estado⁴, incluidos asesinatos selectivos-. En esta resistencia debe incluirse la masacre de Ayotzinapa.

La tradicional alianza entre centrales obreras y los gobiernos del PRI arroja como saldo una tasa de informalidad del 57,2%. A tal punto que el término “sindicalismo charro” ha sido acuñado en México para designar a un tipo de dirigencia que acuerda con el gobierno en detrimento de los propios trabajadores a quienes dice representar. La contracara de esta situación es que, como enunciamos arriba, el minoritario sindicalismo clasista e independiente que se opone a estas políticas, es perseguido y combatido por el Estado⁵.

Recientemente y mediante el proyecto de modernización de la justicia laboral por parte del presidente Peña Nieto, se propone la reforma del artículo 123 de la Carta Magna. La cláusula propuesta restringe el derecho a huelga, ya que sólo conservaran los derechos consagrados en la Constitución quienes puedan probar ser mayoritarios ante las autoridades, lo que ocasiona una merma del poder de negociación de los sindicatos y, además, se encuentra en abierta oposición al convenio 98 de la OIT -lo que lleva a México a incurrir en una violación de tratados internacionales-.

El pasado 1 de mayo, diversas centrales sindicales independientes marcharon en contra de las políticas económicas y sociales del gobierno, las reformas estructurales y la precarización de sus condiciones laborales. Mientras tanto el PAN (Partido Acción Nacional) vehiculiza las demandas de la Confederación Patronal de la República Mexicana –Coparmex- y el PRI (Partido Revolucionario Institucional) hace el juego con concesiones que abiertamente favorecen a los empresarios para obtener gobernabilidad.

Colombia: la masacre sindical

De acuerdo con la información recopilada por diferentes confederaciones sindicales regionales e internacionales⁶ en 49 países en la década 1999-2009, el 63.12% de los 1253 asesinatos a sindicalistas que se produjeron tuvieron lugar en Colombia. La Escuela Nacional Sindical (ENS), además, identifica en una base de datos que recoge información desde 1977 hasta 2011, que en el país se presentaron un total de 2870 asesinatos, 5373 amenazas, 283 atentados, 210 desapariciones, 658 detenciones arbitrarias, 169 secuestros y 89 casos de tortura contra sindicalistas.

La magnitud de la tragedia que vive Colombia, hace que sea calificada por la Confederación Sindical Internacional como uno de los países con más riesgos para llevar a cabo la defensa de derechos a través de la actividad sindical.

Y es que más de sesenta años de conflicto armado funcionaron también, con la connivencia del oligopolio comunicacional, para cubrir con un tupido velo la masacre que silenciosamente avanzó para fulminar la lucha sindical y democrática, y en la que el paramilitarismo de la mano con agentes del Estado y las empresas empleadoras, tuvieron un papel fundamental⁷.

Una de las condiciones que el Congreso estadounidense había impuesto (y luego olvidó…) para la firma del TLC con Colombia era que se tomaran medidas contra el abuso a DDHH, especialmente la violencia contra sindicalistas, asociadas más bien a las acciones de fuerzas de seguridad y/o paramilitares.

La represión violenta a los líderes sindicales se ha relacionado no solo con las reivindicaciones laborales, sino con el fuerte arraigo político que desde los años 80 comenzaron a adquirir a nivel territorial.

En la actualidad Colombia se enfrenta nuevamente a un escenario de cambio de fuerzas en el nivel territorial, similar al que se dio en los años 80. El denominado fenómeno de copamiento de grupúsculos paramilitares diseminados por todo el país, de las zonas y comunidades con fuerte arraigo de las FARC-EP ha supuesto el asesinato de diversos líderes sindicales, indígenas y campesinos defensores de derechos humanos, que velan por la restitución de tierras, a defensores de derechos humanos y representantes de los pueblos indígenas y de las juntas de acción comunal⁸. Exactamente 41 desde el 1 de diciembre de 2016, fecha en que comenzó la implementación de los Acuerdos de Paz alcanzados en La Habana. La aniquilación sistemática del sindicalismo en Colombia continua en un marco de relativa comodidad para los victimarios, quienes “aún tienen poder, respaldo social y un gran manto de impunidad”⁹.

La violencia anti-sindical sigue teniendo repercusiones en la desaparición de organizaciones sindicales, la disminución de la afiliación sindical y su deterioro de la capacidad de movilización. Esta situación y las restricciones de institucionales al ejercicio de la práctica sindical ha alejado al sindicalismo de los espacios de diálogo y construcción democrática y, paradójicamente, han supuesto el deterioro y estigmatización del movimiento, siendo ilegitimado política y culturalmente a través de los medios masivos de comunicación y discursos políticos arraigados en la productividad capitalista donde no tienen lugar las prerrogativas de los trabajadores.

Un buen ejemplo de este ejercicio de deslegitimación se dio durante la contundente (y exitosa) huelga que sostuvieron los maestros de Colombia (FECODE) que comenzó en mayo de 2017 y se prolongó por 26 días, donde además de mejoras en las condiciones laborales, los maestros se plantaron por la resolución de las enormes falencias de la educación en Colombia, entre otras, por el acceso universal al Sistema Educativo, la Canasta Educativa para todos los estudiantes, la Implementación de la jornada única, y la mejora de la infraestructura pública¹⁰.

Honduras, el peligro de ser sindicalista

En Honduras 61 de cada 100 habitantes son considerados pobres, en las zonas rurales aproximadamente uno de cada 5 hondureños viven en pobreza extrema o con menos de US$1.90 al día¹¹. La población de este país centroamericano no encuentra fuentes dignas de trabajo, según datos de las centrales sindicales, menos del 15% de los trabajadores está sindicalizado¹², ello en razón a las reformas de flexibilización laboral que han destruido el mercado de trabajo y mantienen sin proyecciones de cambio estructural a una de las naciones más pobres de la región.

La pobreza cabalga sobre la flexibilización laboral. Los datos del empleo informal, el subempleo y el desarrollo de actividades laborales precarizadas dominan el panorama laboral. De las 3,2 millones de personas consideradas ocupadas en el exiguo mercado laboral, sólo 1,5 millones son asalariados (la mayoría con contratos laborales flexibles), los demás 1,7 millones están en las calles en las ventas ambulantes, en talleres/maquilas en labores de explotación laboral ilegal o hiperexplotación.

Hasta aquí el panorama laboral de Honduras ya se observa desolador. Todo ello se empeora con la corrupción que carcome los aportes de los trabajadores al sistema de seguridad. En el 2014 se denunció el saqueo del Instituto de Seguros Sociales y sectores independientes sostienen que en el 2017 volverán a conocerse nuevas denuncias que atentan contra los derechos previsionales. Una situación laboral que viene empeorando, a partir del golpe de Estado del 2009, con la reforma laboral del 2015 realizada por el actual presidente Jorge Orlando Hernández y las mayorías del Partido Nacional en el congreso.

A todo ello se suma la violencia en contra de los líderes o activistas sindicales, como lo demuestra el informe de la Red de Sindicalistas contra la Violencia Antisindical y el Solidarity Center-CIO publicado el mes de febrero de 2017¹³. Una violencia que se caracteriza por agresiones físicas, atentados, secuestros, amenazas, desapariciones forzadas, hostigamiento y asesinatos; que tienen un objetivo principal: destruir las organizaciones de la clase trabajadora.

De acuerdo con el citado informe se registran 61 acciones violentas entre 2015 y 2017, que dejaron a 29 personas víctimas¹⁴; posterior a la fecha del estudio se siguieron produciendo actos de violencia antisindical, el más reciente en mayo en contra de dos miembros del Sindicato de Trabajadores de la Agroindustria y Similares (STAS), entre ellos a su Secretario General Moisés Sánchez¹⁵.

En vista de los hechos, se puede decir que en Honduras los trabajadores están condenados a la pobreza con la flexibilización laboral, y a no organizarse para buscar o defender sus derechos como trabajadores, so pena de ser violentados en su integridad personal. Una situación que trasciende al mundo sindical y se expresa también en los sectores ambientalistas (en territorios indígenas y afrodescendientes), que exigen consulta previa a los proyectos de mega- minería impulsados por la primarización de la economía. Según Global Witnes desde 2009 en este país han asesinado 123 activistas de la tierra y el medio ambiente, otros encarcelados y otros amenazados, contando, como caso más emblemático, el asesinato de la lideresa Berta Cáceres.

Ser sindicalista en Honduras es una labor peligrosa, con muy pocas posibilidades de encontrar en el poder judicial una fuente de presión para evitar esa violencia. La impunidad es la característica y las justificaciones policiales pretenden desviar siempre los móviles de esos actos violentos, tratando de re-victimizar a los sindicalistas, acusándolos de encontrar la violencia producto de actividades irregulares. No es casual entonces, que la emigración sea la alternativa más buscada por los trabajadores hondureños, quienes tratan de salir huyendo de la pobreza y de los escasos derechos laborales.

Bárbara Ester, Ava Gómez y Javier Calderón

Investigadores CELAG

http://www.celag.org/sindicalismo-latinoamericano-la-mira/