A una década de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos, y a casi tres décadas de la aprobación del Convenio 169º de la OIT sobre el tema, el 9 de agosto (Día Internacional de los Pueblos Indígenas), es ocasión para reflexionar hacia dónde vamos los pueblos indígenas en América Latina.

Los diferentes derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas (derecho a la autodeterminación, a tierra y territorio, a la consulta previa y libre, a la identidad cultural, etc.) ya tienen mayoría de edad como normas jurídicas vigentes a nivel internacional y nacional.

Pero, las condiciones de vida y oportunidades no han mejorado para la gran mayoría de los pueblos indígenas. Los informes oficiales sobre condiciones de vida, tanto de entidades nacionales, como internacionales, en la región, muestran signos positivos a nivel global. Pero, en los diferentes países de la región, las poblaciones indígenas continúan con un promedio de 70 u 80% de empobrecimiento.

Es más, en países con mayoría demográfica indígena como Guatemala, Perú o Bolivia, las familias indígenas, en la actualidad, subsisten en peores condiciones que en épocas de la Colonia (cuando por lo menos tenían acceso a tierra-agua y disponibilidad de fuentes de vida). Ni hablar de las condiciones laborales de neoesclavitudes en las que jornalean en los monocultivos agrícolas de la región

¿Qué pasó con los derechos declarados entonces?

Los derechos declarados, mientras no haya sujetos que la ejerza y defiendan, y autoridades que garantice su cumplimiento, no cambia casi en nada la realidad cotidiana de los pueblos.

Si bien, en los últimos años, la autodefinición de personas como indígenas cobró fuerza en segmentos demográficos crecientes de países multiculturales, en especial. Sin embargo, esa conciencia identitaria no necesariamente significó una clara conciencia política de “ser indígena” en países racializados. Y, en consecuencia, la emotiva autodefinición de las personas como indígenas no necesariamente implicó el ejercicio individual y/o colectivo de los derechos sociopolíticos indígenas. Somos sujetos “culturales” sí, pero aún siervos “apolíticos”.

A nivel general, en países multiculturales como Guatemala o Perú, la “lucha” de la gran mayoría de actores indígenas no ha superado el culturalismo folclórico “apolítico”. Permitido y aceptado por el hegemónico sistema neoliberal.

Peor aún, en países como Perú, los aborígenes no se autodefinen como indígenas, sino como campesinos (una categoría social ideológicamente construida para implantar el mestizaje rural).

En países como Bolivia, Ecuador, México, algunos movimientos indígenas y/o núcleos organizados con conciencia política están o han dado saltos significativos del ejercicio de los derechos culturales al ejercicio de los derechos sociopolíticos. Pero, incluso en dichos países los resultados evidentes para cambiar las condiciones de colonialidad y de dominación de los pueblos indígenas son aún insipientes.

En países como Nicaragua o Bolivia, los actuales gobiernos progresistas han logrado titular grandes extensiones de tierras para indígenas, bajo propiedad colectiva. Es más, en el caso de Nicaragua, el 33% del total del territorio nacional está legalmente reconocida como territorio autónomo indígena (con tierras tituladas), con sistemas de autogobierno propio. Pero, justamente son estas zonas autonómicas las más empobrecidas y marginadas del país. Entonces, al parecer, las autonomías indígenas tampoco son panaceas per se, para avanzar hacia el Buen Vivir.

Los derechos individuales y colectivos para las y los indígenas están reconocidos y declarados. Pero, hace falta que las y los indígenas organizados o no, demos el salto de la cómoda autodefinición indígena (que incluso nos da algunos privilegios en un mundo amante de lo exótico) hacia el ejercicio de los derechos sociopolíticos indígenas, de manera coherente.

Los bicentenarios estados criollos o mestizos no van a implementar más leyes a favor de pueblos indígenas. Es más, como en el caso de Guatemala o Perú, el derecho a la consulta previa, ya fue manipulado para que las comunidades digan sí a las empresas (pero son pocos los indígenas que protestan).

Transitar del culturalismo al ejercicio de derechos políticos implica constituirnos en sujetos políticos para repensar los estados racistas y construir nuevos estados para todos/as. Estados plurinacionales lo llaman.

Esto implica que los movimientos y pueblos indígenas construyamos nuestros propios instrumentos políticos (organización política) incluyentes para disputar el poder electoralmente a los poderes oficiales, e impulsar procesos de asambleas constituyentes plurinacionales. Pero, con métodos y contenidos que superen el individualismo metodológico y el capitalismo suicida.

Los derechos de los pueblos indígenas tienen que ser el fundamento, argumento y horizonte que haga realidad las postergadas transformaciones estructurales en beneficio de los pueblos. No puede ser únicamente el vehículo discursivo o laboral para el ascenso socioeconómico de unos pocos indígenas. Y, en esto, la responsabilidad mayor lo tenemos las y los indígenas que fuimos formados o malformados en la academia occidental, y todos cuantos ocupan responsabilidades en las academias y en las ventanillas de los estados y de la cooperación internacional.