Resulta absolutamente reprobable y lamentable confirmar que el odio inculcado por la dirigencia ultraderechista durante todos estos últimos años en Venezuela se exprese en agresiones irracionales (físicas, psicológicas y verbales) de sus respectivos seguidores hacia la población en general, incluyendo a vecinos y familiares, en un escenario de creciente conflictividad que afecta, en un amplio sentido, la estabilidad del país. Contribuyendo a acentuar dicho contexto, The New York Times publicó en semanas recientes: «Las detenciones arbitrarias por motivos políticos son una constante en Venezuela, país que vive una de las peores crisis de derechos humanos de la región». Una persona medianamente inteligente y con criterio propio se preguntaría: ¿Detenciones arbitrarias? ¿No son castigables los delitos de violencia terrorista, la destrucción de bienes públicos, las agresiones a funcionarios militares y policiales, la instigación a un golpe de Estado, la invocación de una intervención armada de una potencia extranjera y el asesinato deliberado de personas con propósitos políticos? ¿Son delitos lícitos y permitidos en el territorio de Estados Unidos y Europa sin actuación alguna de sus respectivos gobiernos? Por último, ¿a qué conduce esta campaña de desinformación abierta contra el gobierno venezolano?

Donald Trump admitió sin eufemismo alguno su intención de ordenar una invasión militar al territorio de Venezuela para desalojar del poder al chavismo. Algo que, indudablemente, tendrá sus repercusiones altamente negativas en toda la región, si se diera, creando una situación similar a la producida durante la guerra de Vietnam; afectando al conjunto de naciones que, de una u otra forma, tienen graves problemas sociales y económicos por remediar, ensanchándose la conflictividad interna en cada una de ellas. Quizás esta eventualidad motivó una reacción en cadena de varios gobiernos del continente, incluyendo a aquellos que han manifestado una declarada hostilidad hacia el de Venezuela, lo cual ha servido para resaltar el carácter neoimperialista y neocolonialista del régimen actual gringo.

Todo lo anterior sería el epilogo de una estrategia largamente diseñada, financiada y ejecutada, pero cuyos frutos no han sido los apetecidos por los grupos de la derecha local y su mentor, el imperialismo yanqui, no tanto por los aciertos de la dirigencia chavista sino, más bien, por el nivel de conciencia adquirido por los sectores populares que los ha inducido a mantener una resistencia hasta ahora pasiva, en vista de los continuos ataques racistas y clasistas propiciados por los opositores extremistas. Como ya se vio en los meses precedentes, se pretendió envolver al país en unas circunstancias semejantes a las padecidas durante el genocidio de Ruanda en 1994, devolviéndose golpe por golpe, en una guerra fratricida, cuyo final sería difícil de profetizar. Ahora que se realizara la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, pareciera disipado este eventual panorama. Sin embargo, la intransigencia de Trump ha devuelto al chavismo a la realidad, una que podría repetir la amarga experiencia padecida por más de cincuenta años por el pueblo de Cuba, con reducción de insumos diversos que, eventualmente, causarían más penurias a la población venezolana, avasallada como está por el desabastecimiento y la especulación desbocados de todo tipo de productos, especialmente alimenticios.

Más allá del aspecto ideológico, el imperialismo gringo -al plantearse eliminar al chavismo y, junto con él, toda perspectiva de índole revolucionaria en Venezuela- busca recuperar, de manera definitiva y sin barreras, su habitual hegemonía en nuestra Abya Yala. Por ello, se propone sitiar a sus habitantes con una intención muy clara: destruir -a gran escala, como lo logró en otros países- los diferentes avances obtenidos en materia política, cultural, económica y social, de manera que se resignen a cumplir el dócil papel de masa trabajadora y consumidora que incremente las arcas de sus explotadores capitalistas; sin mayor aspiración que la de poder sobrevivir.