Los partidos neoliberales, sus voceros oficiales y oficiosos, los medios de comunicación controlados por las oligarquías locales y los incautos opositores de distinto talante, atraídos por el discurso de “todo vale contra el gobierno de Evo Morales”, pretenden posicionar el fracaso de las elecciones judiciales del próximo 3 de diciembre con un doble objetivo: mantener la influencia de los ricos y poderosos en los estrados judiciales marcados por fuertes corrientes de corrupción y negligencia e intentar formar un bloque político que sume distintas tendencias y posiciones con miras a las elecciones generales de 2019.

Es indudable que el sistema judicial boliviano arrastra décadas, e incluso siglos, de crisis y administración deficiente afectando a miles de litigantes, especialmente los más pobres y excluidos de la sociedad, que se convierten en víctimas de extorsión, “chicanerias”, retardación de justicia, entre otros actos viciosos, de una red que va desde la presentación de un memorial, hasta el dictamen de una sentencia, pasando por las instancias policiales y de la fiscalía.

El mayor esfuerzo por realizar una reforma del poder judicial se produjo con la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado en 2009, después de la realización de la Asamblea Constituyente, incorporando, por una parte, la figura de las elecciones directas de los más altos cargos de los órganos de la justicia boliviana mediante el voto ciudadano previa selección de la Asamblea Legislativa y, por otra parte, la realización de reformas a los procedimientos y trámites en los tribunales.

Sin embargo los resultados no fueron los esperados, especialmente por las prácticas recurrentes en este importante campo de la vida pública.

El problema requiere un análisis estructural y profundo acerca de las prácticas en el ámbito judicial y sobretodo iniciativas y respuestas de la población, de las organizaciones sociales, de las instituciones, de los medios de comunicación, de los colegios profesionales, de las universidades, de las distintas instancias de gobierno y de las regiones, generando una cultura basada en la vigencia plena de los derechos y obligaciones establecidas en la nueva Constitución.

Esta cultura requiere de al menos tres condiciones: la primera es la amplia información y comunicación de todos los aspectos centrales de la administración de justicia, de los derechos y obligaciones de los ciudadanos y pueblos, de los alcances de las leyes y procedimientos, acompañados de debates públicos, seminarios, conferencias y programas obligatorios de radio y televisión en horas de mayor audiencia; la segunda es la transparencia en todos los actos públicos con posibilidades de conocimiento y divulgación de casos y situaciones que generen procesos de aprendizaje y acumulación social; y la tercera es la vigilancia social y comunitaria en las ciudades y el campo.

Si bien la participación en las elecciones de autoridades no va a solucionar de inmediato el problema estructural de la justicia boliviana, sin embargo va a convertirse en manifestación de la voluntad soberana de la población al respecto y va a generar aportes positivos que se vayan acumulando para construir social y estatalmente un sistema judicial acorde a los principios fundamentales de la administración de justicia que están vinculados a otros aspectos, también fundamentales, como son la igualdad, la no discriminación, la no exclusión, la libertad y la decisiva participación social en los procesos y la dinámica de reformas y transformación que aún requiere el país.

Eduardo Paz Rada

Sociólogo boliviano y docente de la UMSA. Escribe en publicaciones de Bolivia y América Latina.