Las negociaciones entre la empresa forestal-pastera finlandesa UPM y el gobierno uruguayo para formalizar la instalación de su segunda factoría, promocionada como la mayor inversión en la historia del país, se han estirado más allá de lo previsto, dado el malestar de varios actores del gobierno que consideran que no se puede aceptar la inversión extranjera "a cualquier precio".

Esa no es la posición del ministro de Economía y Finanzas Danilo Astori ni del presidente Tabaré Vázquez, quien fue posponiendo desde junio el anuncio de la firma del convenio para la construcción e instalación de su segunda pastera, ante los distintos posicionamientos que las condicionalidades de la trasnacional provocaban dentro del Frente Amplio, la coalición del gobierno.

Pero éste no es único problema del presidente Tabaré Vázquez y su ministro de Economía Danilo Astori, ya que enfrentan la abulia del Congreso en aprobar un incomprensible TLC con Chile y la insistencia de parlamentarios frenteamplistas en regular aspectos controversiales de la ley de inclusión financiera, legislando sobre el funcionamiento de los medios de pago electrónicos, de forma que los únicos beneficiarios no sea la banca y los grandes comerciantes.

La instrucción explícita de Vázquez a su gabinete es que "hagan todo lo posible" para que se instale la segunda planta de UPM, comentaron al diario El País fuentes del Ejecutivo. Incluso pidió "celeridad" en las negociaciones. Esto llevó a que un mes atrás las autoridades de gobierno debieran negociar hasta pasada las 11 de la noche un sábado en la Torre Ejecutiva.

La bomba estalló cuando el director de la Asesoría Macroeconómica del MEF, Andrés Masoller, anunció su dimisión tras 13 años en el equipo económico astorista y señaló que las razones de su renuncia al cargo obedecían a “desacuerdos con la forma en que se está llevando adelante la negociación” con la pastera finlandesa.

UPM ha hecho insistentemente presión para lograr exoneraciones que trascienden la franquicia de la zona franca que se le otorgará: solicitaron que sus predios forestales no paguen impuesto al patrimonio, y dejaron en claro que no están dispuestos a pagar un canon (por el usufructo de la zona franca) que supere los 700 mil dólares anuales. Tampoco ha presentado propuestas sobre los seguros y garantías necesarios.

La insistencia de la trasnacional no es aceptada por todo el gobierno. El propio Astori sostuvo que la negociación con la trasnacional finlandesa está “muy lejos” de un acuerdo.

Según el semanario Brecha, una de las preocupaciones centrales de Masoller atendía al estado de las cuentas públicas, al déficit fiscal hoy en 3,6 por ciento del Pbi, por lo cual una renuncia tributaria como la que pretende Upm no haría otra cosa que aumentar el rojo en el financiamiento del Estado, sólo solucionable mediante deuda externa.

Siempre preocupado por los números, Masoller era considerado uno de los más duros y ortodoxos en el manejo macroeconómico de los integrantes del equipo económico, de ahí su apodo, el “Gurkha”, una referencia a los soldados nepaleses conocidos por su fuerza y fiereza en el combate.

Gerardo Licandro, funcionario del Banco Central, opinó que la renuncia de Masoller debería servir para discutir la importancia de la inversión. "Su renuncia debe servir para alertarnos acerca de la conveniencia de este acuerdo con UPM".

La aspiración de Tabaré Vázquez es que la inversión de UPM –que tiene el apoyo de los partidos de oposición- se confirme. Sin embargo las dudas son claras también en los ministerios de Vivienda y Medio Ambiente, donde la ministra Eneida De León tienen "grandes reparos”.

A fines de julio pasado Astori dijo en una entrevista con el semanario Búsqueda que se debía tener mucho cuidado en la actual negociación. "Hay que observar con mucha atención y rigurosidad el contenido que tendrá este acuerdo", ya que "el esfuerzo que va a hacer el país" al respecto es "muy importante", había señalado Astori en julio pasado al semanario Búsqueda.

"La intención de UPM es una buena noticia, pero también es enorme la responsabilidad de Uruguay de definir con la mayor precisión posible el contenido de los acuerdos que firme con la empresa", agregó.

A pesar de estas diferencias las negociaciones entre la empresa finlandesa y las autoridades del gobierno continúan “con normalidad”, tal como lo ordenó el presidente Vázquez.

Disculpe… ¿Para qué el TLC con Chile?

Pese a los fuegos artificiales lanzados por el presidente Tabaré Vázquez y el canciller Rodolfo Nin Novoa hace casi un año, los legisladores de la coalición gobernante Frente Amplio, se lo han tomado con mucha calma mientras siguen preguntando cuáles son las ventajas de firmar el Tratado de Libre Comercio con Chile.

Los legisladores sostienen que no influye en el intercambio de bienes y arriesga en parte el sector servicios, e indican que, originalmente, se los vendieron como un paso geopolítico para zafar del barrio –léase del Mercosur, entonces aún con Venezuela- y acercarse al Tratado Transpacífico comandado por Estados Unidos. Pero hete aquí que el presidente estadounidense cambió la estrategia y dejó de lado ese tipo de acuerdos para avanzar en políticas más proteccionistas, renegando de convenios plurilaterales.

El TLC con Chile ingresó al Senado el año pasado para iniciar el proceso de ratificación parlamentaria necesario después de la firma entre ambos gobiernos realizada en octubre. Pero no se han dado pasos para su estudio. Es más, Daniel Caggiani, responsable de las relaciones internacionales del Movimiento de Participación Popular (liderado por el expresidente José Mujica), lo considera un “proyecto guacho” (huérfano) ya que en el Congreso ningún sector lo impulsa.

Caggiani, quien criticó la suscripción de acuerdo sin previa consulta y debate con los legisladores frenteamplistas ni otros actores de la sociedad, dijo al semanario Brecha que el tratado proviene de una estrategia comercial de la cancillería, que busca acuerdos comerciales con Chile, Perú, Colombia. Lo que debiera hacer, señala, es mejorar las exportaciones uruguayas, sin poner en riesgo otros aspectos

Ya el partido Comunista y el Partido por la Victoria del Pueblo (sectores del Frente Amplio) se han manifestado en contra, al igual que el diputado socialista Roberto Chiazzaro, quien señaló que son muy difíciles de entender las razones de este TLC, aun cuando fue anunciado como “un acuerdo de nueva generación”, que incorpora nuevos sectores como el comercio electrónico.

Chiazzaro señala que los nuevos estándares incorporados al TLC con Chile son parte de los contenidos del Acuerdo sobre el Comercio Internacional de Servicios (TISA), del que Uruguay se apartó por considerar perniciosos esos capítulos, sobre todo los referidos a salud, agua, servicios globales y financieros y telecomunicaciones, entre otros. En el TLC con Chile se excluyen los servicios financieros y las telecomunicaciones.

Lo cierto es que Uruguay y Chile tienen liberados de aranceles los bienes y servicios, ya que el segundo es miembro asociado al Mercosur e integrante de ALADI. Y en 1012 firmaron un Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) que incluye cláusulas como el trato nacional, la nación más favorecida, libre transferencia de capitales, prohibición de expropiación y nacionalización de inversiones, y fija al CIADI como ámbito de solución de controversias.

La balanza comercial es equilibrada y las exportaciones uruguayas a Chile son de unos 173 millones de dólares anuales.

Varios legisladores frenteamplistas llamaron la atención a la cancillería sobre los apresurados pasos para quebrar el Mercosur, sobre todo cuando todas las ilusiones estaban en integrarse al Acuerdo del Pacífico y de allí saltar automáticamente al plurilateral Transpacífico (TPP), desarticulado por Estados Unidos.

Y mientras espera firmar entre gallos y medianoche el TLC entre el Mercosur y la Unión Europea, el desprendimiento de Gran Bretaña de la UE y el ascenso de sectores ultraconservadores en varios de los países, han aumentado las tendencias proteccionistas en materia económica. Para los legisladores frenteamplista, se debe buscar acuerdos con la mayor cantidad posible de países, que no condicionen la soberanía uruguaya ni provoquen problemas en el Mercosur.

¿Problemas en el Mercosur? Ya los vive, y con preocupación: el bloqueo temporal del puente Maua (binacional sobre el río Yaguarón) por productores lecheros del estado de Rio Grande do Sul.

Rubén Armendáriz

Investigador y Analista uruguayo del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico