La edición de antier de este diario (El Telégrafo), trae en su página 09 una fea información: “un grupo de 200 personas, adultos y niños, que desde elviernes permanecían  en un lote propiedad de la Armada Nacional, fue desalojado ayer”. Se trata obviamente de familias pobres que, desesperadas por carecer de vivienda, por precaria que esta fuese, ocuparon un área de esta propiedad militar. Los desalojados argumentan que este terreno está abandonado desde hace 40 años, y que solo se ocupa para dejar deshechos, como refugio de delincuentes y… ¡como botadero de cadáveres!

He allí una muestra elocuente del drama de la vivienda entre los humillados y ofendidos de la sociedad, que se reproduce en millares de casos en Costa y Sierra: terrenos urbanos ociosos y gente pobre que no dispone siquiera de un tugurio donde vivir con sus numerosos hijos, que se arrastran en la miseria, y que es desalojada por la fuerza pública en aras de la sacrosanta propiedad privada, que en este caso es antisocial y no sirve ni a Dios ni al diablo.

Esta triste historia forma parte de una realidad que padecemos desde que nuestra república es república, es decir desde 1830, hace 187 años. Se trata en este caso del latifundismo urbano que se formó como parte del acaparamiento de tierras por parte de minúsculas oligarquías asentadas en las ciudades, de la voracidad de la Iglesia católica, la banca, las instituciones estatales y municipales, y toda clase de juntas de beneficencia y fundaciones.

Los terratenientes urbanos mantienen estos terrenos para el “engorde”, como dicen ellos, es decir hasta que suban los precios del suelo al máximo y la elevada plusvalía les  permitan enormes ganancias. En este campo se dieron dos casos emblemáticos en Quito y Guayaquil. En la capital, antes del gobierno de Correa y de la Ley de Plusvalía que este puso en vigencia, un grupo de ricachos y funcionarios corruptos se apoderó de cientos de hectáreas de lo que iba a ser – y ellos lo sabían- el aeropuerto de Tababela; pagaron ínfimos centavos de sucres (no de dólares) a los campesinos que eran legítimos dueños de esos terrenos, y luego los vendieron por suculentos dólares.

En Guayaquil, otro grupo de ricachos y de funcionarios corruptos, también durante gobiernos anteriores a Rafael Correa, informados de que se iba a construir La Perimetral, se posesionaron gratuitamente o a precio de gallina enferma, de los terrenos aledaños a la gran vía para luego venderlos en cuantiosas sumas. Estos son dos meros ejemplos de lo que significa la bendita plusvalía; bendita para las clases dominantes y maldita para los desheredados de toda fortuna.

Cuando el gobierno de Correa propuso la Ley de Plusvalía para recortar siquiera en parte las desmedidas uñas de los poderosos terratenientes urbanos, estos pusieron el grito en el cielo, y más cuando la aprobó la Asamblea; grito lanzado especialmente en la campaña electoral por el candidato banquero Guillermo Lasso.

Hoy el presidente Lenin Moreno ha incluido en su propuesta de consulta popular la pregunta sexta, para que la ciudadanía resuelva si se deroga o no esta discutida Ley. Claro, los terratenientes urbanos se movilizan y movilizan sectores sociales a favor de la derogatoria, en defensa de sus privilegios, aunque sus terrenos antisociales permanezcan ociosos y solo sirvan como botaderos de cadáveres. 

4 de octubre de 2017

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